Senadores Rincón y Walker presionan al gobierno y presentan proyecto para postergar entrada en vigencia del IVA a los servicios

La inquietud por la entrada en vigencia del IVA a los servicios sigue escalando. A la preocupación expresada por los colegios de profesionales y gremios empresariales se sumó ayer el mundo político. Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (ex DC, hoy Demócratas) presentaron un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia por un año de este gravamen. Con ello, pretenden que la medida comience a regir a el 1 de enero de 2024 en lugar del 1 de enero de 2023.

Los parlamentarios argumentan en el texto que “en la forma en que quedó redactada la ley se rompe el principio de neutralidad tributaria, ya que por un lado los ciudadanos por ciertos servicios quedarán gravados con IVA y dependiendo de la forma en que esté organizado el prestador del mismo servicio, en otros casos no estará gravado, lo que constituye un riesgo de aumento de la informalidad”.

Para los senadores, este proyecto generará un mayor costo a usuarios y pequeñas y medianas empresas, no así a las grandes empresas, que tienen débito fiscal y pueden descontar ese mayor costo. Asimismo, dicen que generará un aumento en la informalidad, generando consecuencias negativas para renta y seguridad social como daño colateral.

También se describe que provocará diferencias injustas e ineficientes, puesto que siguen las exentas sociedades de profesionales, “pero deja fuera a egresados no profesionales y a quienes prestan servicios dentro de otro tipo de sociedades”.

La idea de los senadores es que este proyecto sea patrocinado por el Ejecutivo, ya que se necesita del respaldo del gobierno para que pueda avanzar. De hecho, el proyecto fue ayer declarado inadmisible por parte de la sala del Senado declaró inadmisible el proyecto. Por esta misma razón, ambos legisladores están buscando un mayor respaldo a nivel parlamentario para presentar un proyecto de acuerdo transversal y de esa manera presionar a Hacienda.

Para los senadores firmantes del proyecto, “una prórroga de su entrada en vigencia permitiría hacerse cargo de las dudas interpretativas de la ley que han sido profusamente formuladas”.

No obstante, por ahora, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que, si bien el tema de la postergación o de posibles cambios a este gravamen “está siendo analizado por los equipos tributarios”, por ahora dijo no tener “nada que informar”.

Ante esta solicitud, el secretario de Estado criticó que recién a sólo 15 días de que se comience a aplicar este gravamen, diversos gremios hayan levantado alertas y hayan pedido la postergación. Asimismo, enfatizó que esta normativa no es parte de la reforma tributaria de este gobierno, sino que de la administración anterior.

“Por un lado, esto demuestra que no es buena idea legislar en los últimos meses de un gobierno, de hacerlo de manera apresurada, pero también es cierto que me parece sorprendente que cuándo quedan 15 días para terminar el año haya algunos gremios que recién estén planteando este tema. Tuvimos 10 meses para prepararnos”, sostuvo el secretario de Estado al término de seminario “Visión Económica 2022 – 2023 ¿Punto de inflexión?”, organizado por la Sofofa y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.

En ese sentido, el titular de las finanzas públicas añadió que “lo que uno esperaría es que, de acuerdo a sus competencias profesionales, estos sectores fueran capaces de anticiparse y no hayan esperado hasta fines de año para plantear postergaciones”. Para Marcel, más que “postergaciones lo que se debe plantear son soluciones. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a considerarlas, pero yo creo que tenemos que tener claro que nos estamos haciendo cargo de un problema que dejó una legislación apresurada a fines del gobierno pasado”.

Este gravamen se generó para financiar parte de la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El monto asociado a esta medida se estima en $555.900 millones para el primer año de vigencia y de $333.540 millones en régimen.

Si durante los últimos días fueron los colegios de Abogados y de Contadores quienes plantearon sus reparos y enviaron cartas a Hacienda para que reconsiderara la entrada en vigencia de este tributo, este martes se sumó la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que planteó que “debiera modificarse la norma en términos de restringir su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto”. Asimismo, indicaron que debido a que “cualquier cambio normativo requiere tiempo, solicitamos se suspenda su aplicación, invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviere pagado”.

Para la CNC, este gravamen tiene un problema que apunta al precio final que afectará al consumidor. “Aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos, se verán obligadas a tener que hacerlo, porque la base sobre la cual se cobra ese impuesto es el precio acordado. El prestador del servicio no puede justificar que el IVA se encontraba incluido en el precio acordado con el cliente, ya que el SII sobre ese precio final aplicará el 19% correspondiente al IVA”.

Por otro lado, sostiene que “si no se traslada a precio el IVA y se paga con cargo al precio acordado, el consumidor podría reclamar que se le restituya, porque no habría formado parte del precio convenido”.

Otro gremio que levantó la voz es la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), que hizo un llamado al Ejecutivo a “repensar” esta medida y afirmó que “la oposición del sector a la aplicación de IVA a los servicios la vienen manifestando desde el año pasado en diferentes instancias, tanto de gobierno como en el Congreso”.

Añadió que “se está gravando con IVA al sector servicios, uno de los más golpeados por la crisis económica, lo que es una contradicción inexcusable cuando queremos la recuperación económica de esos sectores y fortalecer a las mipymes”.

La economía está atravesando su proceso de ajuste tras el excesivo crecimiento de 2021. En octubre la actividad económica cayó 1,2%, completando dos meses de contracciones, luego de la contracción de 0,3% de septiembre.

Para noviembre y diciembre, el mercado espera nuevos retrocesos y el debate y las discrepancias se centran en qué trimestre la economía tocará fondo, para luego comenzar paulatinamente a repuntar.

En Hacienda ven que el peor trimestre para la actividad económica será el cuarto de 2022, es decir, en estos momentos se está atravesando por el período más complejo. Así lo señaló el ministro Marcel: “Las proyecciones que muestran los distintos analistas dicen que el menor nivel de actividad será el primer trimestre de 2023, mientras que lo que espera Hacienda, reflejado en el Informe de Finanzas Públicas, es que el peor trimestre sea el cuarto trimestre de este año, para luego mantenerse en el mismo nivel en el primer trimestre de 2023 y luego comenzar repuntar y comenzar a crecer (en términos desestacionalizados) desde el segundo trimestre de 2023″.

Marcel aseveró que “la economía seguirá normalizándose hasta entrado 2023, cuando podrá volver a una senda de crecimiento coherente con sus valores de largo plazo. Mientras tanto, el gobierno seguirá apoyando a los hogares de bajos y medios ingresos, asegurando que nadie se quede atrás en la recuperación”.