Tohá y críticas por convenio con Venezuela: “Cuando hay una víctima que está secuestrada, la única agenda que cuenta es protegerla”
"Nos parece inadmisible que se presenten dudas respecto a cómo se maneja la carpeta investigativa", aseguró la ministra del Interior. Esto, luego de que la oposición cuestionara la estrategia del gobierno por el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.
Este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las críticas de la oposición por el convenio suscrito -en enero pasado- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela, tras el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.
Si bien el origen de los reparos suscitaron a raíz de la publicación de La Razón -férreo opositor al gobierno de Nicolás Maduro-, que señaló que este convenio “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas en Chile (lo que fue categóricamente negado por Monsalve), lo cierto es que las críticas ahora apuntan a por qué se firmó un acuerdo con un régimen considerado como una dictadura. A esto se suman cuestionamientos al rol de militantes del Partido Comunista (PC) como Juan Andrés Lagos, quien es asesor de la cartera de Interior y además puso en entredicho la hipótesis de vincular al gobierno venezolano al secuestro, ya que -a su juicio- tendría como fin dañar las relaciones entre Chile y Venezuela.
En un punto de prensa posterior a una sesión del Gabinete Pro Seguridad, Tohá partió señalando que “a propósito de este delito, de su gran gravedad y de la conmoción pública que genera, hay muchas personas que creen que esta es la oportunidad para posicionar agendas de distinto tipo, o instalar temas de su interés”. Ante ello, defendió que “el gobierno considera que cuando hay una víctima que está secuestrada, la única agenda que cuenta es protegerla, encontrarla y castigar a los culpables”.
“Eso es lo que rige nuestro comportamiento, y cualquier polémica o desvío de la atención no va a sacarnos de ese curso. Detrás de este delito hay una criminalidad violenta, hay una capacidad de secuestrar, que significa en la práctica tomar el control de la vida de una persona, intimidar a su entorno. Eso tiene tal gravedad que nos parece inadmisible que se instalen otro tipo de temáticas alrededor de ello”, lanzó.
La titular del Interior aseguró que el Ejecutivo “no va a entrar en eso” y que le parece “inadmisible que se presenten dudas respecto a cómo se maneja la carpeta investigativa”. Esa carpeta, indicó, “está en manos de la Fiscalía, y la utiliza también con el único norte de encontrar a los culpables, ningún otro”.
“Nadie que no pueda contribuir a ese objetivo tiene acceso a esa carpeta y hacer cualquier especulación sobre eso. Se requeriría y solicitaríamos que hubiera algún tipo de antecedente, porque es una denuncia gravísima, no sobre el gobierno, sino sobre la Fiscalía”, apuntó la ministra, además de sostener que el gobierno está preocupado por “perseguir a los delitos, especialmente a los delitos violentos, con toda nuestra fuerza, y proteger a todas las víctimas, en todas las hipótesis, en todos los casos (...) y no vamos a dejar que nadie nos aparte de ese objetivo”.
Convenio aún no está ratificado por Venezuela
Consultada respecto al curso que debe seguir el convenio entre ambos países, Tohá explicó que este tipo de trato “agiliza procesos que para Chile son de gran prioridad”.
“En Chile nos pasa frecuentemente que son capturadas por la policía personas cuya identidad no conocemos, porque entraron al país irregularmente, cuyos antecedentes penales son inaccesibles si no nos los entrega la autoridad del país de origen, sea Venezuela u otro país. Por eso, con todos los países donde es frecuente este fenómeno (...) tratamos de llegar a acuerdos para facilitar el acceso a esos antecedentes, que es vital para el buen funcionamiento de las investigaciones y el logro de la justicia”, complementó.
En concreto, indicó que todos los convenios de este tipo tendrían el mismo trámite: “Se firman, en primer lugar, entre las autoridades (...) y después tienen que ser ratificados en cada país a través de resoluciones administrativas -que en el caso de Chile ya se hizo, en el caso de Venezuela todavía no- y después se nombran contrapartes, que en este convenio se decidió van a ser policías”.
“Esa etapa todavía no llega. Entonces, este convenio está en proceso de trámite, ya está firmado, pero le falta la resolución en el caso de Venezuela y el nombramiento de contrapartes”, precisó.
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