Tras denuncia por “intervencionismo electoral”: Contraloría inicia procedimiento disciplinario contra municipio de Quilpué

La Contraloría General de la República decidió iniciar un procedimiento disciplinario contra la Corporación Municipal de Quilpué luego de que en abril pasado diputados de Renovación Nacional (RN) decidieran presentar ante el ente contralor un requerimiento contra la alcaldesa Valeria Melipillan (Convergencia Social), tras acusarla de realizar “intervencionismo electoral” a favor del Apruebo.

En la ocasión, el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, cuestionó un video donde Melipillan llamaba a los vecinos de su comuna a “empezar a preparar la aprobación de esta nueva Constitución”, en el marco de un comunicado donde la autoridad comunal informaba sobre la creación de una Oficina Constituyente en Quilpué.

En el texto de la Contraloría se indica que desde la Corporación Municipal informaron que tal Oficina Constituyente se encontraba en formación al momento de la denuncia, pero que nunca se constituyó como tal, y que lo que finalmente se creó fue el Departamento de Participación Intersectorial, destinado a coordinar la colaboración entre las áreas de Educación y Salud con las áreas de soporte municipal y de la corporación.

En este sentido, desde el municipio afirmaron que el Departamento de Participación Intersectorial detentas funciones más amplias, “las que son concordantes con los objetivos de esa Corporación Municipal y del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), el cual hace referencia al proceso constituyente y su materialización en los establecimientos educacionales bajo su dependencia”.

Sin embargo, en su dictamen Contraloría concluyó que la Corporación Municipal de Quilpué “a través de la entonces Oficina Constituyente de Quilpué y posteriormente por medio de Su Departamento de Participación Intersectorial, efectuó actividades relacionadas con la difusión y promoción del proceso constituyente, situación que se encuentra fuera de sus competencias y que distrae su acción de su principal finalidad, que es satisfacer las necesidades deja comunidad local en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, por lo que esa entidad deberá abstenerse, en lo sucesivo,. de realizar o promover actividades como las de la especie”.

Asimismo, destaca que “tampoco resulta procedente que tales actividades se hicieran en función de la implementación de los ejes programáticos del PADEM, toda vez que se trató de actividades de difusión que se efectuaron fuera de establecimientos educacionales y de un contexto pedagógico, y dirigidas a personas quemo pertenecen a la comunidad educativa.

En este sentido, destaca que “la Municipalidad de Quilpué deberá abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones sobre actividades de difusión del proceso constituyente en sus cuentas institucionales de redes sociales, por cuanto estas solo pueden utilizarse para dar a conocer a la comunidad local información o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus propias funciones”.

Agrega que, en consecuencia, la Contraloría Regional de Valparaíso instruirá un procedimiento disciplinario en la referida Corporación, a fin de indagar los hechos mencionados (…) y determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas al efecto.

Finalmente, la Contraloría afirma que la alcaldesa de Quilpué, a través de un video proporcionado por los recurrentes -que habría sido publicado en la cuenta de Facebook de la Corporación Municipal-, hizo una intervención que podría interpretarse como un llamado a votar por la opción “apruebo” en el plebiscito de salida. “Sin embargo, según lo indicado por los propios denunciantes, dicha alocución fue expresada con anterioridad a la emisión de un dictamen de Contraloría que imparte instrucciones sobre el proceso electoral, por-lo que, en lo sucesivo, esa autoridad deberá ajustar su actuar a las citadas instrucciones”.

Tras conocerse el dictamen, el diputado Andrés Longton celebró que “Contraloría no solo reconoce que hubo intervencionismo electoral por parte del municipio que encabeza la alcaldesa de Quilpué, sino que además se levantará un sumario para determinar responsabilidades por haber hecho un mal uso de recursos públicos”.

“El gobierno, las autoridades y los funcionarios públicos deben comprender que representan a todos sin exclusión, y que los recursos públicos son para gastarse en las necesidades de las personas, y eso lo determina la ley, no ellos a discreción”, agregó el parlamentario.

Longton concluyó señalando que “lo que hicieron es de suma gravedad, principalmente porque asumen que pueden actuar al margen de la ley y gastar recursos públicos en una campaña política, lo que es un menoscabo a las familias de Quilpué y El Belloto, que conviven con necesidades que son una prioridad, y que ahora tienen que ser testigos impotentes de este despilfarro de dinero para satisfacer una mezquina ganancia política”.