“Es susceptible de una acusación constitucional”: UDI da “ultimátum” al ministro de Educación para presentar plan concreto por la deserción escolar

“Más de 50.000 estudiantes desvinculados entre los años 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades”. Esa es la cifra de deserción escolar que dio a conocer el pasado 1 de noviembre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien expuso, además, datos preocupantes sobre inasistencia grave y personas fuera del sistema.

Debido a ello es que este lunes desde la UDI solicitaron al gobierno un plan concreto para enfrentar esta situación y le dieron un “ultimátum”: si el titular del Mineduc no presenta de aquí a diciembre un plan concreto, podría ser acusado constitucionalmente por la oposición.

“Las cifras que hemos conocido los últimos días son dramáticas” y que por ello “le exigimos y le damos un ultimátum también al ministro de Educación porque de lo contrario no está ejerciendo sus facultades y es susceptible de una acusación constitucional en la medida que no se haga cargo de los jóvenes y niños que tienen que volver a la sala de clases”, aseguró la secretaria general del partido, María José Hoffmann.

En esa línea el presidente de la tienda, Javier Macaya, complementó que el “ministro no tiene más tiempo, si de aquí a diciembre no se presenta un plan concreto en esta materia, las acciones de fiscalización y eventuales acusaciones también en esta materia se pueden implementar por parte de las bancadas de la oposición”.

El líder gremialista habían planteado también que ”tenemos un problema grave que es una generación de estudiantes que van a pagar el costo de esta inacción de los últimos tres años” y cuestionó que Ávila fuera “de las personas que no criticaba al Colegio de Profesores en el pasado cuando ellos no querían regresar a clases”.

También comentó que la semana pasada se reunieron con “el alcalde de Punta Arenas (Claudio Radonich) y con el alcalde de Coyhaique (Carlos Gatica), que nos manifestaron la imposibilidad de ellos de seguir financiando el sistema de educación y hay otros alcaldes que no quieren dejar de prestar el servicio de educación” y lamentó “la reforma educacional en esta materia que se hizo hace tres o cuatro años, que le quitó la libertad de elegir a los padres y dejó de manos amarradas a muchos municipios”.

“Nosotros esperamos que el gobierno se de cuenta de la gravedad de este problema y presente un plan”, finalizó.

El timonel de la UDI también se refirió a la polémica por la aplicación de la Ley Aula Segura en los establecimientos educacionales, luego de que diputados de Renovación Nacional (RN), presentaran un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por acusación de no uso del reglamento.

A raíz ello, la ministra del Interior, Carolina Tohá abordó la semana pasada la situación y dijo que “yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia y veo el resultado que tuvo esa dinámica, fue catastrófico”, y añadió que “la época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”.

Sobre esto, Macaya señaló que “lamento mucho que una ley que está diseñada para entregar más facultades a los directores de los establecimientos, para cancelar matrículas, para expulsar a alumnos que participen en tomas de colegios y en la elaboración de artefactos explosivos, no sea considerada una herramienta válida por una alcaldesa (Irací Hassler) que hoy día ha demostrado ser un completo desastre en el control del orden y la seguridad en sus propios establecimientos”.

“Hoy día hay establecimientos que están absolutamente tomados por overoles blancos y la Ley Aula Segura es una herramienta que entrega más flexibilidad a los directores para expulsar a los alumnos”, remarcó.

Finalmente, el líder de la tienda sostuvo que es “una herramienta con la que no contaba la ministra Tohá cuando era alcaldesa, y le hubiese servido probablemente para haber controlado de mejor manera las situaciones que partieron cuando ella era alcaldesa, en el Instituto Nacional y otros establecimientos emblemáticos”.

La alcaldesa de Santiago, en tanto, afirmó el fin de semana en Tolerancia Cero que “jamás he instruido no utilizar la normativa vigente. Efectivamente, hay una normativa que aplica para todo el país y que está disponible también en los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directores y directoras. Ahora bien, yo creo que la discusión debiera ser mucho más amplia”.

También se refirió a las declaraciones que dio a Vía X el exrector del Internado Nacional Barro Arana, Gonzalo Saavedra, respecto a la supuesta instrucción que la administración de Hassler habría dado, al asumir a fines de junio de 2021, para que los directores de los más de 40 colegios municipales de la comuna no hicieran uso de la mencionada ley.

“Es falso, yo lamento que mientan abiertamente personas que no están señalando cosas que estén apegadas a la veracidad. De hecho, sería importante que pudiera poner sobre la mesa cuáles son esas pruebas, esas instrucciones, porque eso no es así. Yo no tengo esa facultad”, precisó la jefa comunal.