Hasta la medianoche -de lunes a martes- había plazo para presentar las indicaciones destinadas a destrabar las negociaciones dentro de la Convención Constitucional para diseñar un nuevo modelo de Congreso Nacional.

Las tratativas al interior de la Comisión de Sistema Político -considerada la instancia madre de la asamblea, pues ahí está radicada la discusión sobre las principales instituciones, como la Presidencia y el Poder Legislativo- continuaron durante todo el fin de semana. Sin embargo, los representantes de la derecha ya no estaban incluidos en los últimos contactos.

Hasta el cierre de la presente edición, si bien aún no había acuerdo entre los independientes, Pueblos Originarios y las fuerzas de izquierda y centroizquierda, ya había una base de entendimiento en términos de que el nuevo Congreso debiese tener un esquema bicameral, es decir, integrado por dos ramas legislativas, parecidas a lo que rige actualmente con una Cámara de Diputados y un Senado.

Según un par de negociadores, también había acercamiento en que los representantes de ambas cámaras debiesen ser elegidos en forma directa, aunque con mecanismos distintos.

Si bien desde mediados de febrero los personeros del Frente Amplio estaban abiertos a abandonar la idea de un Congreso unicameral -que tenía como principal bandera la eliminación del Senado-, en las conversaciones del fin de semana quedó claro que era inevitable mantener la bicameralidad en vista de que no hay votos suficientes para imponer la tesis de un parlamento de una sola rama legislativa.

Para que la negociación siguiera avanzando, sin embargo, había que pagar algunos precios. Uno de ellos era que el nombre de Senado fuera borrado y que a cambio se usaran otras denominaciones como Cámara Territorial (idea sugerida por los socialistas) o Consejo Territorial (nombre planteado por convencionales del Frente Amplio). También algunos constituyentes mencionan el nombre de Asamblea Territorial.

En el caso de la corporación de diputados, en las conversaciones también se ha evaluado un cambio de marca como Cámara Ciudadana o Asamblea Ciudadana.

“Veo que hay ánimo en el Comisión de Sistema Político para que exista un Congreso bicameral. Pero en ningún caso, sería replicar el actual Senado. Se está pensando en una segunda cámara que tenga una integración equitativa para todas las regiones. No tendría tampoco las mismas atribuciones que hoy tiene el Senado”, dijo la convencional Tammy Pustilnick, quien fue una de las autoras del modelo regionalista que se propuso desde la Comisión Forma del Estado.

Adicionalmente, independiente de cuál sea el nombre definitivo para ambas instancias, se le incluiría el concepto de “plurinacional”, lo que implica que cada cámara tendría una cuota de escaños reservados para Pueblos Originarios.

Si bien el ajuste de nombres es esencialmente simbólico (algo no menor ya que la misma convencional Alondra Carrillo, una de las promotoras del Congreso unicameral, dijo que “el Senado era la expresión de una democracia tutelada y excluyente”), también ello se traduciría en una modificación de las atribuciones de la futura Cámara Alta.

Por ejemplo, desde el Frente Amplio proponen que la instancia que suceda al Senado ya no tenga facultades amplias para revisar todo proyecto de ley y que solo intervenga en discusiones presupuestarias y de normas que afecten a las regiones.

No obstante, desde el Colectivo del Apruebo (convencionales cercanos a la ex Concertación) y la derecha plantean que las reformas constitucionales y ciertas leyes puedan ser revisadas cuando el gobierno o una mayoría de diputados lo solicite.

La futura Cámara, en tanto, como instancia de representación más política, mantendría básicamente sus mismas competencias legislativas.

La forma de elección de ambas cámaras o asambleas también es clave.

La corporación que reemplace a la Cámara mantendría un criterio más poblacional para distribuir escaños, según señalan algunos negociadores. Es decir, a mayor cantidad de habitantes, más diputados tendría ese distrito.

La otra instancia que sucederá al Senado estará parcelada más equitativamente según territorios. Por ejemplo, Santiago tendría la misma cantidad de senadores que Aysén o Magallanes, según han sugerido los socialistas, por ejemplo.

En conversación con Emol, el convencional frenteamplista Fernando Atria explicó que la idea es que no sea un Senado tal como lo conocemos hoy, sino una institución que sea reflejo de los intereses de las regiones para que puedan hacer contrapeso a la conducción del gobierno central.

Por su parte el convencional de Evópoli, Hernán Larraín Matte, señaló que al margen de la propuesta que presenten las fuerzas de izquierda y centroizquierda, insistirá en la idea de la bicameralidad. “Si bien lamento la exclusión de nuestro sector para construir un acuerdo amplio, desde RN-Evópoli presentaremos un grupo de indicaciones para potenciar un sistema político coherente, con innovaciones respetuosas de nuestra historia”.