¿Un Consejo Nacional de Comunicaciones?: Las dudas y preocupaciones en torno al nuevo órgano que será votado por el pleno

Este jueves 5 de mayo el pleno en la Convención Constitucional revisará un nuevo informe de la comisión de Sistemas de Conocimiento. El documento contiene indicaciones reformuladas sobre temas como libertad de prensa y derecho a la comunicación, que fueron previamente rechazadas y enviadas de vuelta a la comisión de origen.

Dentro de las nuevas indicaciones que deliberará y votará la instancia plenaria durante la jornada, hay una norma que ha causado especial preocupación en el gremio de las comunicaciones. Se trata del artículo 4, que crea un Consejo Nacional de Comunicaciones, de carácter “autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Según la propuesta de los convencionales, este órgano estaría encargado de “proteger y promover el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, en los distintos soportes tecnológicos existentes”.

La propuesta de la comisión ha despertado algunas preocupaciones. Sobre todo respecto de la posibilidad de que el ámbito de competencia de este nuevo órgano sea vago e ilimitado. En esa misma línea también ha sido criticada la posibilidad de que esta nueva institución termine interfiriendo en los criterios editoriales de cada medio.

Para el abogado constitucionalista, experto en derecho de la comunicación y secretario general de la Asociación Nacional de la Prensa, Sebastián Zárate, el aspecto más preocupante de la norma sería la participación del Estado en el mecanismo propuesto.

“El control de los contenidos de todos los medios no puede estar en manos del Estado, porque en definitiva eso presenta el peligro de que discrecionalmente el Estado interfiera en los mensajes y en las líneas editoriales”, explica Zárate.

El abogado también advierte que el Consejo Nacional de Comunicaciones interferiría en el pluralismo informativo, porque se estaría “tratando de controlar el pluralismo, pero más bien respecto de la diversidad que tengan los medios, que ofrezcan los propios medios, interfiriendo en el mensaje”.

“Un consejo de esta naturaleza no es coherente con un sistema de libertad de prensa, que es el que está garantizado en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, ni tampoco respecto a las normas que defienden la libertad de prensa que han sido ya aprobadas en la Convención. Esos son derechos en los cuales el Estado no puede interferir sobre qué mensajes o qué perspectiva periodística pueden definir los medios, y eso me parece preocupante”, manifiesta el secretario general de la ANP, a la vez que afirma que este Consejo “debería eliminarse”.

Pese a las críticas, la coordinadora de la comisión de Sistemas de Conocimiento, Carolina Videla (Chile Digno), asegura no ver “contradicciones ni aspectos negativos”.

“Todo lo que tienda a democratizar las relaciones sociales, particularmente desde las informaciones para la población, es absolutamente positivo. Esta norma lo que busca es poder garantizar algo que en Chile no está consagrado, que es un derecho humano universal: la pluralidad informativa”, comenta Videla.

La convencional argumenta que el artículo 4 que se votará durante el pleno de este jueves busca que “la constitucionalidad garantice la pluralidad informativa como un principio de todos, un principio general para las comunicaciones, garantizando la libertad de prensa y todo lo que ya hemos señalado y que además está consagrado en el borrador de la nueva Constitución”.

“Las atribuciones, la conformación y los demás temas que puedan aplicarse a este Consejo puedan ser establecidos mediante una ley. Por eso invitamos a todos a que revisen y comprendan en profundidad lo que esta propuesta señala, que viene a cambiar la lógica en la que los medios de comunicación y las informaciones que recibe hoy la población y que hoy no está cumpliendo esa función social fundamental que debiera cumplir todos los medios de comunicación”, concluye la trabajadora social.