El abogado constitucionalista Francisco Zúñiga emitió un informe en derecho solicitado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), gremio que agrupa a las empresas pesqueras, para objetar la nueva idea de fraccionamiento que impulsa el gobierno a través de su proyecto de reforma a la Ley de Pesca.

Zúñiga, militante socialista, ex integrante del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad de Chile, sostuvo que la iniciativa gubernamental tiene vicios de inconstitucionalidad, pues atenta contra derechos fundamentales, y resaltó el hecho de que no tiene mecanismos para compensar a quienes hoy detentan permisos para pescar y podrían perderlos en caso de ser aprobada esta legislación.

El proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial de carácter permanente y que afectará las cuotas globales de captura fue aprobado el pasado 30 de octubre por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional y se encuentra en el Senado, donde el Ejecutivo elevó su prioridad de discusión desde suma urgencia a discusión inmediata el pasado 7 de enero.

“El proyecto de ley presenta vicios de inconstitucionalidad material al infringir el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad de los titulares de las LTP (licencias transables de pesca). Las medidas propuestas, aunque según lo establecido en el mensaje están orientadas a mejorar la equidad, no contemplan mecanismos de transición ni compensaciones, configurando una posible expropiación regulatoria o dar lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que obligaría al Estado a indemnizar a los afectados”, concluye el estudio.

Según el mensaje del Ejecutivo, el objetivo principal de esta iniciativa -que contiene dos artículos permanentes y uno transitorio referido a la captura del jurel que deroga las normas transitorias actuales- es lograr mayor equidad entre los sectores industrial y artesanal, incorporando principios de sostenibilidad, inclusión y transparencia.

Pero el gobierno ha contextualizado esta modificación en un supuesto pecado original de la actual Ley de Pesca, debido a su aprobación en medio de polémicas y acusaciones de corrupción. Sin embargo, el constitucionalista, cercano a la actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostiene que, pese a la controversia por su origen, la ley es “plenamente válida y vigente”.

El análisis, que se presentará este miércoles en el Congreso, destaca que, según la ley, las LTP “configuran derechos patrimoniales protegidos por el derecho de propiedad, (...) porque son un título de explotación que configura un derecho protegido que se incorpora al patrimonio de los titulares, configurando un título jurídico estable” y con características transferibles y divisibles. Estos derechos otorgan acceso exclusivo a un porcentaje de la cuota global de captura en pesquerías específicas por un período hasta el 2032 o de 20 años, que se pueden renovar o no, dependiendo de la licencia.

Sobre esa base, Zúñiga plantea el conflicto del proyecto con los derechos de los dueños actuales de esas licencias.

Por el lado del derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, dice que la eventual derogación de las normas actuales y el nuevo fraccionamiento “alteran esencialmente el marco regulatorio bajo el cual se otorgaron las LTP, lo que vulnera esta garantía constitucional al no justificar estas limitaciones con base en la moral, el orden público o la seguridad nacional”.

Y en cuanto al derecho de propiedad, sostiene que el cambio en el régimen de fraccionamiento “modifica las reglas bajo las cuales estas licencias fueron otorgadas, alterando su valor económico al reducir el derecho de explotación hasta el año 2032 y disminuyendo las cuotas de captura”. Además, afirma que “esta regulación tiene un impacto negativo en los beneficios económicos esperados de la propiedad, como la venta o el arriendo de las licencias, y no establece disposiciones transitorias ni mecanismos de compensación para los titulares de las LTP”.