La exsecretaria regional ministerial (seremi) de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, amplió la querella que interpuso el 29 de diciembre en contra de quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, por las presuntas presiones que asegura haber recibido por aprobar un proyecto de tratamientos de aguas en Quilicura.

Esta vez, la exseremi que dejó su cargo luego de una fuerte polémica con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, apuntó sus dardos en contra de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), acusándola de tener “una activa participación en el rechazo ilegal del Proyecto Egaña - Comunidad Sustentable, por lo que se debe investigar su participación en los hechos que motivan la presente querella, como autor mediato, esto es, aquel que se sirve de la conducta de otro como instrumento para la ejecución del delito”.

En su presentación, la exseremi -representada por el abogado Marcelo Castillo- sostuvo que “la Sra. Ríos desplegó en forma abierta y pública un conjunto de conductas y acciones sobre los funcionarios de la COEVA para presionarlos y cooptarlos en la emisión de su votación, con el objeto de rechazar el proyecto, incluyendo a mi representada cuando aún no era funcionaria pública”.

Por lo anterior, “se debe investigar la participación de la Sra. Ríos como autora-inductora del delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio que en el curso de la investigación criminal se acrediten otros delitos como tráfico de influencias sobre otros funcionarios públicos, para que infringieran los deberes propios de su cargo”, consignó el escrito.

“Nos llama la atención la participación de la alcaldesa Emilia Ríos en su calidad de autora, porque presionó los miembros de la COEVA, así como también a la señora Patricia Hidalgo para que se rechazará este proyecto, sin que existiera ningún fundamento legal para ello. Esperamos que se sanciones a los responsables con las máximas penas que establece el código penal”, añadió el abogado Marcelo Castillo.

El conflicto tiene su génesis el 13 de abril de 2022, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana resolvió calificar desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario de Fundamenta, ubicado al costado de Plaza Egaña. ¿La razón? Según los seremis que formaron parte de la reunión vía telemática, la construcción del proyecto provocaría una disminución de horas de luz solar a los vecinos colindantes.

Según publicó Pulso, cada uno de los seremis a la hora de la votación entregaron argumentos similares para justificar su rechazo. Incluso algunos leyeron sendos textos a través de sus computadores y otros se limitaron a decir “rechazo”, sin mayores argumentos. Esto, a pesar de que el órgano técnico, el Servicio de Evaluación Ambiental, dirigido por la abogada Valentina Duran, nombrada por el presidente Gabriel Boric en una de las denominadas “balas de plata”, había recomendado a la COEVA la aprobación de la iniciativa.

Según Hidalgo, “la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos Saavedra y otros funcionarios públicos de la COEVA se concertaron y coludieron para rechazar el proyecto, sin fundamento técnico o legal”. Ello, luego de citar la conversación entre los seremis con la delegada presidencial Constanza Martínez en el chat de WhatsApp denominado “Comisión Ambiental”, creado por su jefe de gabinete, Miguel Concha.

En el chat, la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, sostuvo a sus pares: “En un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto Egaña Sustentable. Ahora lo está revisando el abogado del MMA”. Esto, en alusión a una minuta que le había revisado en términos jurídicos Sebastián Aylwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.

A su vez, el seremi de Transporte, Roberto Santa Cruz, sostuvo que “si vivienda rechaza, deberiamos plegarnos a ella, en el proyecto egaña”.

Y la respuesta de la seremi de Vivienda, Rocío Andrade, fue prácticamente inmediata: “Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”.

Luego del revés en la COEVA, pasó casi un año y las obras estuvieron paralizadas.

El pasado 1 de marzo, la inmobiliaria consiguió un respaldo definitivo en la Corte Suprema. Esto la habilita a retomar la construcción. Pero no fue fácil. Fundamenta lanzó una arremetida en contra del juez Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal, y logró su inhabilidad. Ello, porque acusó, la hija de Muñoz, la abogada y jueza Graciel Muñoz, había firmado dos promesas de compraventa sobre dos departamentos del proyecto en cuestión.

Esto conllevó a que la sala escuchara nuevamente los alegatos del caso, esta vez sin el juez Muñoz, y finalmente el fallo resultó favorable a la inmobiliaria. En todo este proceso, Fundamenta contó con la asesoría legal del exsubsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, hoy socio, junto al abogado Edesio Carrasco, de Schultz Carrasco & Benitez.

“Hago presente a US. la gravedad de estas conductas, ya que el país desde 1994 ha desarrollado una institucionalidad ambiental a cargo de diversos órganos especializados en la protección del medio ambiente, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y las Comisiones de Evaluación, entre otros, de modo que la violación de esta preceptiva por parte de funcionarios que toman sus decisiones de aprobación o rechazo de proyectos, fuera del marco legal y basados en su mero capricho, arbitrio o simpatías políticas, desnaturaliza y deslegitima la gestión ambiental, con el consiguiente daño social e institucional”, consignó la querella de Hidalgo.

Además, solicitó tomar “declaración voluntaria a las siguientes personas, quienes deberán entregar su versión y los antecedentes de que dispongan sobre los hechos materia de esta querella, especialmente sobre su intervención personal en la evaluación de proyectos ambientales, y todo lo que hayan conocido, visto, oído o presenciado sobre ello: Constana Martínez, delegada presidencial de la Región Metropolitana; Arturo Farías, secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana; Seremi miembros de la comisión; Miguel Concha, jefe de gabinete de la delegada presidencial; Sebastián Aylwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.