Amplían querella en contra de director ejecutivo de Afex por falsificación de instrumento privado

Una serie de nuevas diligencias y antecedentes presentó la abogada Susana Borzutzky en representación de David Schapiro y Cecilia Gejman, quienes en enero de 2022 presentaron una querella en contra de Thomas Greene Bennet, director ejecutivo y representante de la entidad financiera Afex, y el exejecutivo Pablo López. Pero ellos no son los únicos. En total existen cuatro querellantes en la causa que han interpuesto ocho querellas.

Según el documento presentado la semana pasada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Cecilia Gejman y su esposo David Schapiro decidieron desprenderse de ocho departamentos tras el estallido social y la mitad del total de los fondos recaudados resolvieron pasarlos a dólares, previendo que la inestabilidad política y económica harían que se elevara el precio de la divisa norteamericana. El entonces ejecutivo Pablo López, quien estaba a cargo de la sucursal del Bosque, “les ofreció un nuevo servicio de Afex, consistente en ´la compra de dólares a plazo a valor fijo’. Por lo que, ante el interés de nuestros representados, efectuaron 12 operaciones, por un total de US$ 297.903”, señala la querella.

El texto detalla que al momento de realizar la compra de dólares a plazo, Afex debía emitir una factura, en caso de renovación de los fondos emitía un comprobante de renovación de la inversión y en el evento de que los clientes retirasen un porcentaje, también Afex remitía un recibo. “Incluso se dejaba respaldo a través de correos electrónicos, los que eran enviados por el ejecutivo, desde la cuenta corporativa de la empresa”, precisa la querella. Sin embargo, tras ingresar los recursos, acusan que no han sido regresados.

En el marco de esta investigación, Thomas Greene Bennet declaró ante el Ministerio Público en noviembre de 2022 y presentó una serie de documentos que debían acreditar las operaciones, pero los querellantes acusan que hay nueve operaciones de las cuales no acompañaron los respaldos correspondientes, “respaldos que por cierto nuestro representado tiene las facturas emitidas por Afex, las cuales fueron acompañadas ante la Policía de Investigaciones en su oportunidad”, señalan.

Junto con eso, el querellado acompañó documentos singularizados como “Ficha de Control de Operaciones”, que es realizado y emitido por la propia empresa Afex. Pero los querellantes reclaman que “la firma que aparece consignada en el documento, en relación a nuestro representado, no corresponde a la de don David Schapiro, sino que se trataría de una firma falsificada, la cual no es siquiera similar a la de nuestro representado”.

Así, la ampliación consigna que “en virtud de lo anterior, y en relación a lo señalado en dicho documento, se indicó que mi representado habría comprado a Afex US$ 55.782, por concepto de inversiones, de forma presencial. Lo cual resulta ser manifiestamente falso”.

Ante ello, la abogada presento la semana pasada una ampliación de la querella por los delitos de falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado falso, previsto en el artículo, y obstrucción a la investigación.

Además, solicitaron que se despache una orden de investigar amplia de los hechos expuestos en la presente querella a la BRIDEC de la PDI: “Se cite a nuestros representados para que declaren en calidad de víctima; y se cite a declarar y aperciba conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, en calidad de imputados a Thomas Matthew Greene Bennet, y Pablo López Torres”.

La abogada Susana Borzutzky, apunta que “en esta causa contra Afex está acreditado en la carpeta que los fondos ingresaron a cuentas empresa, que el compliance no operaba, que las facturas y los comprobantes son de la compañía, que se usaron correos institucionales, y no tienen idea del paradero de fondos que ingresaron a cuentas de su misma empresa”.

Y denuncia que “resulta que ahora hay documentos falsificados, motivo por el cual presentamos la ampliación de la querella. La verdad no entendemos el criterio de la Fiscalía de querer culminar la causa contra un ejecutivo y dejar impune a los que tienen el deber fiduciario de cautelar los fondos de las víctimas. Esperamos que yo esté equivocada y la fiscalía esté analizando continuar contra la persona jurídica, formalizando la indagatoria”.

Al respecto, precisa que hubo audiencia esta semana en la cual “la Fiscalía trató de terminar la causa contra el ejecutivo mediante un juicio abreviado, pero los querellantes nos hemos opuesto a esa forma de término. Estamos insistiendo en que la Fiscalía formalice a la persona jurídica porque omitió su deber de control y supervisión”.