Asociación de Bancos: la ley de fraudes con tarjetas se está traduciendo en incidentes de seguridad para trabajadores en sucursales

Fue a fines de mayo de 2020 cuando empezó a operar ley de fraude con tarjetas, iniciativa que obliga a las instituciones financieras a devolver los montos a los usuarios cuando estos desconocen las transacciones. Pero desde entonces, las industria financiera ha venido detectando un alza de los fraudes y autofraudes.

El proyecto estableció que que a partir del momento en que el titular avisa al emisor sobre el extravío, hurto, robo o fraude del medio de pago, el emisor de las tarjetas será responsable de todas las operaciones realizadas con posterioridad al aviso, incluso de aquellas que hayan sido realizadas hasta 120 días anteriores al aviso. Ante ello, el emisor debe abonar al titular hasta 35 UF, dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso, y si el monto es superior a 35 UF, el exceso debe abonarse dentro de los 7 días hábiles siguientes.

Pero uno de los problemas presentados es que el peso de acreditar el robo de la tarjeta recae en el emisor, quien puede eximir su responsabilidad si se acredita, mediante sentencia firme y ejecutoriada de un juez de policía local, que el titular actuó con dolo o culpa grave, o que participó o se benefició de la operación que desconoce.

Dicha redacción ha elevado de forma consistente en los últimos años el número de operaciones reportadas como desconocidas por los clientes. Según datos de la Asociación de Bancos (ABIF), para el primer semestre de este año, estas transacciones totalizaron $80.293 millones, muy por sobre los $67.999 millones del segundo semestre del año anterior y los $50.501 millones del primer semestre del mismo año. Respecto de la primera parte de 2021, el dato se ha duplicado.

En términos de número, las operaciones desconocidas por clientes totalizaron 253.392 en la primera parte de 20223, por sobre los 202.140 del último semestre de 2022, siendo mayor además a todas las reportadas en 2021, que llegaron a 229.134. Entidades masivas como Banco de Chile, Santander y Falabella reportan números de 31.157, 29.978 y 30.962, respectivamente. Pero sin duda el mayor número de operaciones que los clientes no reconocen haber hecho está en BancoEstado, que en el primer semestre de este año llegó a 123.831. Es decir el 48,8% del total.

Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, advierte que “la Ley de Fraudes está poniendo en jaque el desarrollo de los medios de pagos, dañando no solo el desarrollo del sistema financiero sino también a los consumidores, ya que claramente limita el avanzar en inclusión financiera. En efecto, el mal diseño del marco actual se ha traducido en un aumento significativo de transacciones que son desconocidas, las cuales, en su gran mayoría, corresponden a casos evidentes de auto fraudes. En este contexto, los fraudes están aproximándose a los US$ 300 millones anuales, con un crecimiento exponencial en los meses recientes”.

Y además advierte: “en lo más reciente, las implicancias de la Ley de Fraudes se están traduciendo en incidentes de seguridad física a los trabajadores en algunas sucursales bancarias. Esto, ya que frente a la no renovación de tarjetas o cierre de cuentas, por estar asociadas a auto fraudes, los titulares que han cometido dichos ilícitos van a las sucursales y agreden al personal para presionar por la renovación de las tarjetas o reapertura de sus cuentas”.

Según datos de la CMF, para septiembre de este año el número de bloqueos de tarjetas de crédito y débito llegó a 52.344, algo por debajo de los 58.672 y 58.319 de agosto y julio, pero aún así muy por sobre las cifras de meses y años anteriores, que fluctuaban entre los 15 mil y 18 mil. De hecho, entre enero y septiembre de 2023 se han producido 272.236 bloqueos de plásticos, un alza relevante respecto de los 190.131 registrados en todo 2022.

A principios de noviembre, el ejecutivo anunció el ingreso de un proyecto de ley para refinanciar deudas de la clase media con menores tasas de interés, dentro de la cual se incluyen modificaciones a la Ley de fraudes con tarjetas con el objeto de reducir el autofraude.

La iniciativa estable que las instituciones financieras ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario que reportó como fraudulenta una transacción; ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF. Asimismo, otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos que permitan excusarse del reembolso cuando acrediten contar con mecanismos de seguridad y haya elementos para presumir el dolo.

Actualmente la iniciativa está en su primer trámite en la Comisión de Hacienda del Senado

Según Luis Opazo, es urgente perfeccionar la Ley de Fraudes. “El marco actual es inédito respecto a otras jurisdicciones, y claramente requiere adecuaciones. El punto central es el estándar probatorio para determinar la responsabilidad frente a este tipo de situaciones. La ley establece que debe probarse la culpa grave o dolo, lo cual, en la práctica, es virtualmente imposible y genera las consecuencias antes mencionadas. Así, la sugerencia es establecer lo que se denomina condiciones generales o culpa leve”.