Un escenario complejo enfrenta Mataquito Transmisora de Energía, filial de la española Celeo Group, para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para su mayor proyecto en Chile.

Se trata de la iniciativa denominada “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui” que cuenta con una extensión de 407 km, a través de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y contempla una inversión de US$324 millones. Es el segundo proyecto de transmisión eléctrica más importante que actualmente está en evaluación ambiental. El primero es Kimal-Lo Aguirre, cuya línea pretende unir Antofagasta y Santiago.

El viernes de la semana, el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), Juan Cristóbal Moscoso, emitió un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en el que recomendó rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Ahora, la iniciativa está en manos de la Dirección Ejecutiva, encabezada por la abogada Valentina Durán, la que deberá emitir en los próximos días una resolución definiendo si aprueba o se rechaza.

En su presentación, que cuenta con 592 páginas, el funcionario dependiente del SEA concluyó que las medidas propuestas por el titular para hacerse cargo de los impactos del proyecto no son suficientes.

La iniciativa requiere cortar 51 hectáreas de formaciones de bosque nativo y 1.114 hectáreas de plantaciones forestales para la instalación de sus partes y obras. Pero la mayor complejidad surge respecto del tratamiento que otorga al queule, especie forestal protegida y declarada monumento natural por la Norma D.S. Nº 13/1995 del Ministerio de Agricultura. Sobre este punto, Conaf lanzó duros cuestionamientos a la empresa y derechamente solicitó que la iniciativa sea rechazada.

El 1 de marzo de 2024, la gerenta de Evaluación y Fiscalización de Ecosistemas de Conaf, Elke Huss, emitió un pronunciamiento desfavorable, señalando que el “proyecto no cumple con la legislación ambiental vigente y no se hace cargo de los efectos, características o circunstancias establecidas en el Artículo 11° de la Ley 19.300, ni los impactos que genera el proyecto”.

En su presentación enviada al SEA, la funcionaria destacó que la evaluación ambiental del titular presenta “inconsistencias” en la cuantificación de especies forestales, como el queule (Gomortega keule) y el naranjillo (Citronella mucronata).

En el marco de la evaluación, el titular sostuvo que “no existen en Chile definiciones con sustento científico de efecto borde en función de la autoecología de cada especie. Finalmente, teniendo en cuenta que en Chile aún no existen estudios científicos que permitan definir con certeza científica un efecto borde para especies en categoría de conservación, y que de la revisión de estudios científicos de otros países en general las distancias de efecto borde varían entre 10 metros y 50 metros, resultan realistas las distancias de efecto borde propuestas”.

Frente a esta afirmación, Conaf sostuvo que “lo anterior, provoca un escenario de incerteza, respecto a la posible alteración de hábitat los Bosques Nativos de Preservación, lo cual podría ocasionar daños o impactos al medio ambiente, ante lo cual la Corporación, en función del principio precautorio, plenamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, considera que el titular no responde lo consultado. Sumado a lo anterior es posible constatar que la distancia propuesta por el titular no se cumple en la totalidad de sus obras observándose situaciones que de acuerdo a lo señalado por el propio titular estaría generándose la alteración de hábitat”.

En tanto, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA A.G., gremio que reúne a más de 150 empresas de la industria energética renovable, manifestó su profunda preocupación por la marcha del proceso de evaluación ambiental del proyecto de línea de transmisión en el tramo Hualqui-Itahue, iniciado hace cuatro años, en la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

“Este proyecto, que se extiende por 20 comunas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, tiene por objeto mejorar la calidad del suministro eléctrico para el abastecimiento de energías limpias y baratas, de hogares y consumidores de energía, toda vez que en la actualidad, el sistema eléctrico de esas comunas se encuentra muy exigido, lo que provoca interrupciones de suministro, mala calidad de servicio y la imposibilidad de agregar nuevos usuarios, afectando con ello el desarrollo del comercio y la industria en general y, por ende, el crecimiento de nuestra economía“, agregó.

“Su materialización resulta fundamental, tanto para la integración a la red eléctrica de proyectos de energía renovable y de almacenamiento por un total de 3700 MW, equivalentes al 11% de la capacidad instalada de generación de energía en Chile, valorizados en US$ 4.000 millones de inversión, como para la creación de más de 10.000 empleos, asociados a la construcción de los mismos”, concluyó.