Banmédica también alerta por la Convención: supone que todos migren a sector público de salud
El viernes pasado Colmena envió un correo electrónico a sus afiliados advirtiendo a sus clientes respecto de lo que implicaría lo aprobado por la Convención Constitucional sobre el sistema de salud. Y ahora se sumó Banmédica, pero mediante un comunicado que publicó en su sitio web, donde señala que esto supone la migración de todos a un sistema público de salud “que hoy cuenta con listas que sobrepasan los 2 millones de personas”.
“El futuro del sistema de salud chileno no da lo mismo”. Así se titula un comunicado que publicó isapre Banmédica en su sitio web, donde se refiere a lo que aprobó la semana pasada el pleno de la Convención Constitucional: un sistema nacional de salud de carácter “universal, público e integrado”, pasando al borrador de la nueva Carta Magna.
Ahí la isapre se suma a las alertas que ya hizo Colmena la semana pasada por este tema, y sostiene que lo aprobado “supone que el 7% de las cotizaciones de salud de todos los trabajadores chilenos será administrado por un ente público, excluyendo a los privados, suponiendo esto el fin de las isapres tal y como las conocemos hoy”.
Al respecto la isapre plantea la pregunta: “¿Cómo te podría afectar esto a ti y a todos nuestros beneficiarios?”. Y responde: “Las consecuencias inmediatas de una reforma constitucional como la aprobada hasta el momento supone la migración de toda la población chilena al sector público de salud, que hoy cuenta con listas que sobrepasan los 2 millones de personas, esperando una consulta con un especialista y más de 320 mil personas por una cirugía”.
El comunicado agrega: “Porque tu salud no da lo mismo, te estaremos informando oportunamente sobre los avances que vayan sucediendo en la Convención y que te puedan afectar directamente como afiliado a nuestra isapre”.
El viernes pasado Colmena envió un correo electrónico a sus afiliados donde, entre otras cosas, comentó que “la ley podrá determinar que todo o parte de tu cotización de salud (actualmente, tu 7%) se destine al financiamiento de este sistema público”.
Y la isapre agregó en la ocasión que “si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces: una para financiar de manera obligatoria el sistema público y otra para adquirir el seguro privado que elijas”.
Al día siguiente, la Superintendencia de Salud publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, donde señaló que tomaron conocimiento de esta misiva que Colmena envió a sus afiliados, “en la cual difunden la opinión de la empresa sobre las definiciones de la Convención Constitucional en materia de salud, usando en este proceso, la base de datos de las beneficiarias/os de la misma”.
Ahí agregaron que dado lo anterior, “con el fin de resguardar a las personas usuarias y proteger los límites institucionales del ámbito de acción de la isapre, la Superintendencia ha activado todos los procedimientos internos que permitan documentar los hechos y actuar en virtud de todas las atribuciones que la ley le otorga”.
La semana pasada la Asociación de Isapres fue la primera en realizar una declaración luego de lo aprobado en la Convención. Ahí dijeron que la propuesta “termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse”.
El gremio añadió que “lo aprobado obliga a los más de tres millones de afiliados y pacientes a migrar al sistema público, con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”.
También señalaron que consideraban que “se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios. Pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado. En este contexto, lo aprobado es contrarío, incluso, a la opinión que han entregado diversos expertos en salud y exautoridades”.
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