CFA amplía estudio que analiza las constituciones del mundo en el ámbito fiscal y profundiza análisis de las de Alemania, Suiza, España y Colombia

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acordó ampliar el “Estudio Sobre Asuntos Fiscales en la Experiencia Constitucional Nacional e Internacional Comparada”.

El informe encomendado, el 23 de febrero pasado, al abogado Max Spiess va en línea con los esfuerzos desplegados por el Banco Central que propuso el pasado lunes elevar a rango constitucional tres principios que hoy sólo están regulados a nivel legal para que su autonomía sea efectiva.

“El Consejo Fiscal Autónomo requiere contratar la segunda parte del “Estudio Sobre Asuntos Fiscales en la Experiencia Constitucional Nacional e Internacional Comparada”, con el propósito de profundizar en el análisis de las 191 constituciones abordadas en el estudio mencionado, construyendo una taxonomía de dichos textos constitucionales que facilite su comparación, así como la extracción de conclusiones y recomendaciones más precisas para el caso de Chile. Adicionalmente, el Consejo requiere profundizar en algunos ámbitos específicos de la experiencia constitucional comparada, relativos a la existencia de mandatos de rendición de cuentas, transparencia fiscal, de eficiencia, impacto o equidad en el gasto público, así como respecto de ciertos principios aplicables al sistema tributario que resultan de interés”, consignó la Resolución Exenta N°12 del CFA.

Según detalló el Portal de Mercado Público el primero de los informes tuvo un costo de $23.131.524 (650 UF) y su ampliación requirió $11.000.000. Es decir, ambos documentos suman poco más de $33 millones.

En un plazo de tres meses a contar del 20 de febrero, el abogado Max Spiess deberá “profundizar en el análisis de las 191 constituciones a través del cruce de los temas ya estudiados con las siguientes variables de interés: Régimen de gobierno de cada jurisdicción; División política territorial y organización nacional o sub estadual; rango de antigüedad de la constitución relevante y pertenencia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Además, debe “profundizar en el análisis de los casos de Alemania, Suiza, España, Colombia y la Constitución de 1980 de Chile”. Ello en línea con la existencia de mandato de rendición de cuentas del gasto público, ya sea a nivel de principio o de formas específicas”. Ello en línea con “la transparencia fiscal, ya sea a nivel de principio o de reglas específicas”.

El primer informe surge cuando el 22 de noviembre de 2021, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) llamó a licitación pública para la contratación de un estudio que abordara estas temáticas, la cual fue adjudicada al abogado Max Spiess.

Se trata de un especialista en diversos temas del área económica. Fue asesor de la República de Chile, Ministerio de Hacienda en numerosos proyectos de ley sobre mercados de capitales, sociedades y financiamiento estructurado, capital de riesgo, instrumentos derivados, administración de fondos de pensiones, y gobierno corporativo; y financiamientos públicos de 1994 a 2006. Es miembro recurrente de la mesa de expertos del Banco Mundial para proyectos de reformas de pensiones y mercados de capitales en diversos países.

Posteriormente, el 9 de septiembre de 2022, la institución recibió la versión definitiva del estudio y el 11 de enero de 2023 realizó un seminario para dar a conocer públicamente sus resultados. Sin embargo, debido a la retroalimentación recibida luego de la publicación, “el Consejo Fiscal Autónomo adquirió la convicción de que resultaba necesario profundizar los contenidos del primer estudio con la elaboración de un segundo informe complementario, para efectos de extraer conclusiones más precisas sobre el tipo de normas de rango constitucional que podrían resultar recomendables dependiendo de las características principales del sistema político-administrativo de cada nación”.

El 30 de diciembre de 2021, en marco del proceso constitucional anterior, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sugirió a la Convención constituyente incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva Carta Magna con el fin de que guíen el accionar del Estado, en todos sus niveles e instituciones.