El Estado de Chile contestó el lunes la demanda que presentaron ADP International S.A. y Vinci Airports S.A.S., propietarias de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. que opera el aeropuerto de Santiago, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El conglomerado francés exige ser indemnizado en US$400 millones, luego de -según ellos- haber sido perjudicado por una supuesta inflexibilidad del gobierno chileno al no extender el contrato de concesión, agregando años de plazo para permitirles solventar los efectos de la pandemia.

Chile en su respuesta, que cuenta con casi 300 páginas, incluyó un estudio de NERA Economic Consulting, declaraciones del exministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y del exjefe de la División Jurídica de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, Jorge Jaramillo. Este último es hoy socio de Enrique Barros & Compañía. Ambos detallan las gestiones realizadas por el Estado de Chile para ayudar a la concesionaria debido al impacto de la pandemia en la caída del flujo de pasajeros.

En su presentación, Chile insistió en que todas las medidas que se tomaron durante la pandemia, que involucraron restricciones de movilidad, fueron razonables y que los efectos negativos fueron transversales. Además, afirman que los franceses no pueden tener un tratamiento especial o privilegiado. La contestación detalla las reuniones y negociaciones que sostuvieron autoridades con ejecutivos de la concesionaria para amortiguar el perjuicio que estaban sufriendo por la pandemia. Para la defensa de Chile, los perjuicios exigidos por la concesionaria serían abultados y excesivos.

Más aún, la presentación destacó que no tiene -bajo el derecho doméstico ni el derecho internacional- una obligación de indemnizar a un inversionista por los menores ingresos ocurridos como consecuencia de la baja de pasajeros por el efecto de la pandemia.

Por ahora, el caso sigue avanzando y lo que viene es otra ronda de escritos. En tres meses más, la defensa de la parte demandante, asesorada por Freshfields Bruckhaus Deringe (Inglaterra) y Claro & Cía. (Chile), debe presentar un escrito de réplica. Luego, en los tres meses siguientes, también, el Estado de Chile debe presentar su dúplica. Posteriormente, a fines de año, se llevará a cabo una audiencia final en la que las partes tendrán la oportunidad de interrogar a los testigos. Por lo mismo, es probable que al menos durante 2024 no se conozca el fallo.

Consultada la Cancillería al respecto, señaló que “Chile actuó con estricto apego al contrato de concesión, como también al derecho internacional, para controlar y mitigar los efectos de la pandemia, tomando medidas económicas para ayudar a las personas y las empresas para sobrellevar este difícil período”. Además, argumentó que “Chile no puede cambiar las condiciones del contrato de concesión del aeropuerto, que establece un plazo fijo y no garantiza un retorno mínimo al inversionista”.

Otro tema relevante del caso es que, en un principio, el Estado de Chile intentó echar abajo la demanda arbitral, debido a que existen acciones legales en curso en sede local, pero el tribunal desestimó la petición y otorgó más plazo para que dicha tesis sea abordada en la discusión de fondo.

El documento presentado por Chile se denomina legalmente como “Memorial de contestación sobre el fondo y Memorial sobre objeciones jurisdiccionales de la República de Chile”, y el caso está caratulado como CIADI No. ARB/21/40. Su elaboración significó el trabajo en conjunto de la Unidad de Procesos Internacionales de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de concesiones del Ministerio de Obras Públicas y los estudios jurídicos Foley Hoag LLP (EE.UU) y Jana & Gil Dispute Resolution (Chile).

Según cuentan cercanos al arbitraje, es la primera vez que el Estado de Chile revela ante el CIADI que en el caso trabaja también con la asesoría legal del bufete que encabeza Andrés Jana. Jana es un experto litigante en arbitrajes internacionales y su nombre se repite hace dos décadas. El abogado ha representado al Ministerio de Obras Públicas, Corfo y a Chile ante La Haya.

Si bien es la primera vez que Jana & Gil Dispute Resolution aparece formalmente en uno de los escritos de la demandada, desde el inicio del conflicto el estudio ha asesorado al Ministerio de Obras Públicas (MOP). De hecho, Jana alegó a favor del Estado de Chile ante el Panel Técnico en una etapa previa al Ciadi.

Sobre esta materia, la Cancillería respondió a Pulso, que el estudio Jana & Gil “presta servicios al MOP. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en estrecha colaboración con el MOP, coordina la defensa del fisco en el arbitraje doméstico. Los equipos del CDE, el MOP y el Ministerio de RREE están coordinados en consideración a que los dos arbitrajes tratan de una misma controversia”.

En la primera hoja de su presentación de defensa, “Por la República de Chile” firmó un listado extenso de abogados y de acuerdo al orden de aparición figura la Unidad de Procesos Internacionales de Cancillería, que es integrada por las abogadas Johanna Klein, Constanza Onetto, Daniela Rivera y Trinidad Cruz. Luego le siguen los litigantes del estudio Foley Hoag LLP que tiene sede en Washington, Estados Unidos: Clara Brrillembourg, Tafadzwa Pasiponodya, Alejandra Torres, Lucía Rueda, Lucas Solimano y Pablo Nilo. Estos dos últimos son chilenos. El primero se desempeñó como asociado de Enrique Barros & Compañía y el segundo como asesor de la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

A ellos se suman el Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Dirección General de Concesiones del MOP.

A su vez, por Jana & Gil Dispute Resolution firman Andrés Jana, Rodrigo Gil, Francisco Grob, Benjamín Silva, Juan Pablo Labbé, Alfonso Marcos y Samuel Jofré.