Alejandro Gil, presidente de Clínica Las Condes (CLC), fue formalizado durante la mañana de este martes en el Centro de Justicia. Este momento representa uno de los más difíciles para el polémico empresario, en el marco del juicio que se lleva en su contra por la presunta apropiación indebida de honorarios de un grupo de médicos.

El Cuarto Juzgado de Garantía le decretó como medidas cautelares firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al recinto de salud privada, ubicado en calle Estoril N°150, comuna de Las Condes. Esta última medida, solicitada por los querellantes, fue cuestionada por su defensa, pero finalmente acogida por el tribunal.

Sin embargo, esta resolución no es el único revés reciente para Clínica Las Condes.

El juez árbitro Pedro García Morales, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), resolvió el 4 de julio rechazar la demanda que la compañía interpuso el 25 de mayo de 2022 contra el traumatólogo Joaquín Lara Giménez. La controversia se centra en la interpretación de un convenio que garantizaba un honorario mensual a Lara. CLC alegó pagos indebidos que excedían lo pactado y que Lara no cumplió con las condiciones mínimas de producción establecidas en el contrato, señalando que recibió $480 millones en pagos no debidos.

El juez concluyó que Clínica Las Condes no demostró la existencia de una condición suspensiva para el pago de los honorarios de Lara. Determinó que “el honorario dispuesto en el artículo 3° del Convenio Privado se considera garantizado a todo evento por parte de CLC y debe ser rechazada la alegación de la Demandante respecto de la condición suspensiva”. La interpretación literal del contrato y las pruebas presentadas fundamentaron esta decisión.

Además, el juez destacó que las metas de producción establecidas en el convenio tenían como propósito la posible renovación del contrato, y no el condicionamiento de los pagos mensuales. Señaló que “los niveles de producción exigidos a Lara tienen como efecto fundamentar la posible renovación del Convenio Privado, por cuanto se añaden inmediatamente a continuación de la posibilidad de extender su vigencia”. Esta interpretación fue apoyada por los testimonios y la documentación aportada por ambas partes.

El juez rechazó las demandas de Clínica Las Condes por pagos indebidos, nulidad e indemnización de perjuicios, confirmando que Lara cumplió con las obligaciones contractuales y que los pagos realizados eran válidos.

El fallo subraya que “CLC no logró acreditar, como era su carga, que la producción exigida a Lara se vinculara al pago de sus honorarios” y concluye que dada “la unidad patrimonial que se evidencia entre Lara y su sociedad médica, la que fue aceptada por las partes, y la inoponibilidad de la separación de patrimonios en atención al levantamiento del velo, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el demandante”.

El abogado Patricio Fernández, representante del traumatólogo Joaquín Lara, sostuvo que el origen de la disputa surge luego de que su cliente decidiera interponer la primera querella en contra de CLC por la apropiación indebida de sus honorarios médicos.

CLC hizo uso de una de las cláusulas que establecía el contrato y presentó una demanda arbitral en contra de la sociedad del médico, asegurando que en realidad era Lara quién adeudaría $480 millones por fondos que habría recibido en exceso.

Fernández representa actualmente a 15 médicos, quienes denuncian haber sufrido un perjuicio total de $1.000 millones.

En el frente penal lo que viene son ocho meses de investigación para terminar las diligencias pendientes, como pericias contables. Según Fernández, la fiscalía realizará un peritaje privado con peritos externos para determinar los montos exactos que se habría apropiado CLC.

También comentó que existen declaraciones en que trabajadores de CLC aseguran haber recibido órdenes directas de Alejandro Gil para la retención de los dineros a los médicos.