La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 29 de abril un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura S.A. (Indura) y Linde Gas Chile S.A. (Linde), junto a tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, la que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

El 27 de agosto, al expirar el plazo para responder, Linde e Indura contestaron al requerimiento de la FNE negando las acusaciones. Posteriormente, el TDLC aceptó la solicitud de participación de cuatro mineras del Grupo Luksic (Minera Centinela, Compañía Minera Zaldívar SpA, Minera Antucoya y Minera Los Pelambres) como terceros coadyuvantes.

El 17 de octubre, Conadecus, representada por los abogados Mario Bravo y Gabriel Trafilaf, presentó un escrito al TDLC en el que cuestiona la acusación de la FNE y el origen de la colusión. Conadecus argumenta que la colusión comenzó en 2015, mucho antes del período señalado por la FNE, y que su impacto fue mucho más amplio, afectando no solo a los consumidores, sino también a grandes empresas como Codelco, Agrosuper, Nestlé, CAP, CCU, Embonor y el Hospital Juan Noé de Arica. “La colusión afectó a los consumidores, así como a grandes clientes”, señala el documento.

Para respaldar su afirmación sobre el inicio temprano de la colusión, Conadecus citó pruebas de un proceso judicial laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. En dicho proceso, testimonios de ejecutivos de Linde revelaron que desde 2015 se llevaron a cabo reuniones con Air Liquide para coordinar prácticas anticompetitivas. Un testigo, Arnoldo Vargas, afirmó que “prácticamente el 70... el 80% del contenido estaba asociado a malas prácticas comerciales [...] con la competencia, principalmente con Air Liquide, en términos de buscar precios conciliadores en el sector con el oxígeno, el argón”. También se describió una reunión en 2015 entre David Lori, gerente de Linde, y el gerente comercial de Air Liquide, Astur Estrada, donde se propuso: “tuvimos una reunión [...] en la que yo lo único que quiero es que NOSOTROS NO NOS PELEEMOS LOS CLIENTES Y ACORDEMOS UNOS MÁRGENES DE PRECIOS”.

Conadecus destacó fue el rol organizador de Linde, con David Lori como figura central, y la tolerancia de estas conductas por parte de la matriz alemana Linde AG. El escrito menciona que “las pruebas que acreditan esta situación son las reuniones en las oficinas en Santiago y las visitas en invitaciones que hizo en Concepción [...] y la mayor prueba es la tolerancia de todo esto, sin tomar medidas como dice su política de compliance”. Además, se señaló que Linde llevó a cabo una investigación interna en 2017 y 2018, tras denuncias de prácticas anticompetitivas, que concluyó con una simple amonestación a Lori.

Conadecus también cuestiona el beneficio de la delación compensada para Linde. Según la corporación, el DL 211 estipula que dicho beneficio debe revocarse si se demuestra que el solicitante fue el organizador del cartel o coaccionó a otros a participar. Conadecus resaltó que Linde dijo que “no coaccionó a Indura a participar en ella”, pero esto no descarta la coacción a individuos específicos. La organización recuerda que, según la ley, “la coacción puede ser institucional, pero también puede ser respecto de personas naturales”, y se cita la jurisprudencia de la Corte Suprema que adopta un criterio amplio para definir la coacción en casos de colusión.

La corporación solicitó al TDLC que considere todos estos antecedentes y revoque cualquier beneficio de delación compensada a Linde si se comprueba que actuó como organizador o coaccionó a otros. También pidió que se adopte una interpretación holística de los hechos, valorando tanto las pruebas directas como las circunstanciales, conforme a las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia existente, para así esclarecer la magnitud de la colusión y su impacto en la economía chilena.

Frente a la arremetida de Conadecus, Linde Chile negó tajantemente las acusaciones de que la supuesta colusión con Air Liquide se habría iniciado en 2015, como argumentó Conadecus en su presentación. En su respuesta, Linde afirmó que las denuncias realizadas por Conadecus y otros actores se basan en alegaciones infundadas, replicando lo dicho por Indura y Marcelo Torres en sus respectivas contestaciones. El documento señala: “H. Tribunal, en lo que refiere al supuesto e inexistente acuerdo que habría tenido lugar entre Linde Chile y Air Liquide, esta parte manifiesta su más absoluto rechazo a las imputaciones formuladas por Conadecus, Indura y Marcelo Torres”.

Además, Linde Chile mencionó que, aunque hubo denuncias anónimas en su línea de integridad (integrity line) sobre presuntas infracciones a las normas de compliance interno, estas fueron investigadas rigurosamente y descartadas por carecer de fundamento. La compañía detalló: “Recibidas las denuncias descritas, Linde Aktiengesellschaft llevó a cabo serios procesos de auditoría [...] la auditoría interna descartó tajantemente esa posibilidad, sin que se pudiese identificar evidencia que sustentara dichas alegaciones”.

Respecto al supuesto acuerdo colusorio con Air Liquide y la participación de su gerente, David Lori, Linde Chile negó rotundamente las acusaciones de Conadecus, que describían a Lori como el organizador del cartel con la “anuencia de Linde AG Alemania”. En su defensa, Linde subrayó: “no es efectivo que el señor Lori haya sido el organizador de un cartel –que no existió– lo cual fue acreditado mediante el proceso de auditoría”.

Linde Chile reafirmó que no se cumplen los requisitos legales para sancionar a la empresa en el contexto de la delación compensada y solicitó al TDLC que tenga en cuenta estas consideraciones al evaluar las acusaciones y presentaciones de Conadecus, Indura y Marcelo Torres.