Controlador de Cruz Blanca sigue alerta por impacto de fallos de la Suprema, pero ahora ve que podría surgir fórmula para dar sostenibilidad a la industria

Chile, y en particular isapre Cruz Blanca, han estado presentes en los últimos reportes de resultados que ha realizado desde Londres el controlador de dicha aseguradora de salud privada, Bupa (The British United Provident Association Limited). Así ocurrió en los resultados al cierre de 2022, y lo mismo sucedió cuando este jueves la compañía publicó su balance al término de 2023.

Las referencias que hizo respecto al mercado local fueron varias, en el contexto de la crisis que el sector acusa estar viviendo en el país. Bajo este escenario, Bupa se refirió a la incertidumbre que genera el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, y también el que anuló el último incremento de la prima Garantías Explícitas en Salud (GES).

“El negocio de isapre que Bupa tiene en Chile ha sido negativamente afectado por acciones judiciales y regulatorias. La Corte Suprema de Chile en los últimos años ha cambiado significativamente su interpretación de los precios de las isapres, con el efecto acumulativo de restringir el enfoque de fijación de precios y tarifas previamente permitidos y generalmente aceptado”, dice el balance de Bupa al cierre de 2023.

Agrega que “las implicancias de corto y largo plazo para el negocio de isapre que tiene Bupa sigue siendo muy incierto; sin embargo, algunos acontecimientos recientes sugieren que podría surgir una revisión del marco de precios para apoyar la sostenibilidad de la industria”.

Y menciona que “mientras tanto, continuamos reconociendo pasivos contingentes relacionados con la posibles implicaciones financieras retrospectivas relacionadas con el negocio de isapre”.

Más adelante, Bupa explica que Chile continúa analizando cómo implementar lo dictado por la Corte Suprema, por lo que los efectos siguen sin estar claros. “Hasta la fecha, se han presentado varias propuestas en un intento de hacer que la industria sea lo suficientemente sostenible y atractiva para asegurar el apoyo político necesario. El informe de la Comisión Técnica publicado en octubre y el revisado proyecto de ley (indicaciones) publicado en noviembre fueron significativamente más favorables que el proyecto de ley inicial publicado en mayo de 2023, pero aun así dieron lugar a diferentes cuantificaciones de los pasivos retrospectivos”, señala Bupa.

Añade que “el método, la forma y el momento de liquidación de dichos pasivos tampoco están claros, ya que el informe de la Comisión Técnica propone que estos pasivos se financien durante un período de 10 años en beneficios de atención médica, en lugar de efectivo. Estas propuestas fueron adoptadas en gran medida en el proyecto de ley modificado que pasó del Senado a la Cámara de Diputados, aunque los detalles exactos de cómo funcionaría no están claros actualmente. El proyecto de ley avanza en el proceso legislativo, incluida la aprobación por el Senado en enero de 2024, pero aún está sujeto a debate en el Congreso, la Cámara Baja del parlamento chileno”.

“Si bien el gobierno sigue comprometido a promulgar legislación antes de la fecha límite de mayo de 2024, sigue habiendo un margen considerable para modificar o rechazar las propuestas. Dado el rango de incertidumbre en torno al resultado, no se ha reconocido ninguna provisión bajo IFRS al 31 de diciembre de 2023″, puntualiza el documento.

Pero también advierte que “a diferencia de los requisitos de IFRS, bajo Solvencia II el Grupo debe incluir un valor para los pasivos contingentes, incluso si el monto de la obligación no puede medirse con suficiente fiabilidad. Al 31 de diciembre de 2023, el Grupo incluyó una provisión de 165 millones de libras esterlinas (eran 160 millones de libras esterlinas al primer semestre de 2023, y 100 millones de libras esterlinas en el año fiscal 2022). Como se indicó anteriormente, es probable que el impacto final difiera materialmente de este valor y este es un cálculo para propósitos de Solvencia II y no una estimación previa de todas las pérdidas reales o potenciales relacionadas con isapre Cruz Blanca”.

Por otra parte, Bupa también destacó que en sus negocios en Chile volvieron a tener rentabilidad, “pero las perspectivas futuras siguen siendo inciertas luego de la anulación del aumento de precios de GES (efectivo a partir del 1 de enero de 2024), que había sido un factor clave para volver a obtener una pequeña ganancia en isapre Cruz Blanca. Sin embargo, si bien el impacto financiero de las sentencias judiciales adversas en relación con los precios de GES y tabla de factores sigue sin estar claro, acontecimientos más recientes sugieren que es cada vez más probable un marco de precios necesario para apoyar la sostenibilidad de la industria”.

Por otro lado, el balance también tiene un apartado sobre “riesgos de políticas gubernamentales, legales y regulatorias”. Ahí asegura que “los cambios en las políticas gubernamentales, legales y regulatorias siempre han sido uno de nuestros principales riesgos dada la naturaleza de nuestros negocios y esto sigue siendo así. La situación que afecta a nuestro negocio de isapres en Chile demuestra que futuras decisiones en políticas gubernamentales, legales y regulatorias pueden tener un impacto material sobre el Grupo”.