A las 23:58 de la noche del lunes, dos minutos antes de que venciera el plazo, fue ingresado el paquete de indicaciones -consensuadas entre convencionales independientes, de movimientos sociales, de pueblos originarios y de partidos de izquierda y centroizquierda- que propone una nueva estructura para el Poder Legislativo y que atenúa levemente el poder del Presidente de la República.

Fue tal la premura para ingresar las propuestas que las indicaciones no alcanzaron a ser firmadas por algunos constituyentes que fueron parte de las negociaciones y del consenso. Una de las que se quedó sin plasmar su rúbrica debido a la hora, fue la convencional mapuche Rosa Catrileo, quien es precisamente la coordinadora de la Comisión de Sistema Político, considerada la instancia madre de la Convención Constitucional donde se fraguó este acuerdo amplio que va desde la DC a exintegrantes de la Lista del Pueblo.

En términos generales, la propuesta conserva un esquema de Congreso bicameral, pero a cambio pone fin al Senado, no solamente con un ajuste de nombre simbólico. En reemplazo de la corporación de senadores se crea un Consejo Territorial que -a diferencia de la actual Cámara Alta- no tiene atribuciones para revisar todo proyecto de ley. Limita sus competencias a normas de trascendencia regional y de índole presupuestario. Además, los consejeros territoriales serán parte de las asambleas regionales (una suerte de parlamento que tendrá cada zona) para generar una cooperación entre las regiones y el nuevo Congreso Plurinacional, que estará conformado solo por diputados y diputadas.

El carácter plurinacional, además, garantizará la representación indígena, una de las exigencias de los PP.OO., representados en las negociaciones por Catrileo, quien para algunos fue clave en las conversaciones, pues fue la primera en renunciar a la idea de un Congreso unicameral para acercar posiciones.

Adicionalmente, el paquete de indicaciones consensuadas crea la figura de un “ministro de gobierno”, una suerte de primer ministro, pero nombrado por el Presidente de la República. Este ministro de gobierno será el encargado de designar a los otros secretarios de Estado. Esta innovación es una suerte de régimen presidencialista con tintes de semipresidencialismo, pero no igual a lo que existe en Perú y Francia.

Esta idea promovida paralelamente por Fernando Atria (Frente Amplio) y por el expresidente DC, Fuad Chahin, generó un puente de entendendimiento entre ambos. De hecho, para algunos negociadores, el eje del acuerdo estuvo entre la DC (históricamente promotora del semipresidencialismo) y el Frente Amplio (colectivo partidario del parlamentarismo).

La diferencia de esta nueva autoridad es que, en teoría, es de confianza del Presidente y no necesariamente del Congreso (algo propio de los regímenes semipresidenciales, parlamentaristas o semiparlamentaristas, que nombran o deben dar su beneplácito al primer ministro o al propio Presidente).

Sin embargo, eso no impide que el nombre de este premier surja de un acuerdo entre el Presidente y el parlamento, ya que su misión principal es ser un coordinador de las relaciones entre La Moneda y el Congreso Plurinacional, donde el nuevo “ministro de gobierno” tendría derecho a voz (algo tampoco muy distinto a lo que existe actualmente).

Además, según algunos negociadores, el cambio de nombre y las menores atribuciones de la segunda cámara (el Consejo Territorial que reemplazará al Senado) y la resurrección de las asambleas regionales (que habían sido rechazadas en el pleno), fueron parte de las concesiones que debieron hacer quienes eran partidarios de mantener el esquema bicameral. La idea de las dos ramas legislativas fue una de las exigencias de Chahin, en representación del Colectivo del Apruebo (ex-Concertación), y de los socialistas, encabezados en estas tratativas por Ricardo Montero y Maximiliano Hurtado.

Por otro lado, convencionales como Fernando Atria (partidario de una sola cámara) o Alondra Carrillo (autora de la propuesta de un Congreso unicameral y partidaria de reponer las asambleas regionales, a contrapelo, incluso, de algunos frenteamplistas como Atria y el PC), también lograron que sus planteamientos quedaran en el acuerdo final.

Así, el paquete de indicaciones terminó siendo firmado por Fuad Chahin; por la constituyente comunista Bárbara Sepúlveda (PC); por los Independientes No Neutrales Patricia Politzer y Guillermo Namor; por los socialistas Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado; los frenteamplistas Constanza Schönhaut y Fernando Atria; las representantes de Movimientos Sociales Constituyentes Alondra Carrillo y Alejandra Flores; y Francisca Arauna del colectivo Pueblo Constituyente.

También se sumaron al acuerdo, Alejandra Pérez (ex Lista del Pueblo), Tania Madriaga y Marco Arellano (ex Lista del Pueblo), que al igual que Rosa Catrileo no alcanzaron a firmar.

Si bien las negociaciones entre los 25 convencionales de la Comisión de Sistema Político venían desde la semana antepasada (de hecho, el plazo original para presentar indicaciones vencía el jueves pasado, pero se postergó hasta el lunes para dar más tiempo a las tratativas), el fin de semana se intensificaron los contactos.

Inicialmente en las conversaciones participaron los seis representantes de la derecha, sin embargo, en los últimos días fueron marginados para apostar a un acuerdo entre fuerzas que podían asegurar los dos tercios en el pleno.

Las últimas reuniones, ya sin la derecha, fueron todas telemáticas. El domingo se reunieron con representantes de la Comisión de Forma del Estado y luego estuvieron hasta cerca de las 11 de noche conectados.

Los equipos técnicos se reunieron el lunes en la mañana para afinar un texto, que en la tarde fue propuesto a los 19 convencionales que finalmente suscribieron el acuerdo.

Rosa Catrileo (mapuche) comentó que el acuerdo trataba de respetar las normas que ya estaban aprobadas en el pleno y que ya garantizaban la autonomía de las regiones.

Montero (PS) señaló que la idea es que el Congreso Plurinacional (diputados) y Consejo Territorial (como órgano de representación de las regiones) confluyan en algunas legislaciones.

Chahin (DC), por su parte, comentó que “el Congreso unicameral tenía un problema, pues los territorios menos poblados se iban a ver subrepresentados. Había que corregirlo. No con un Senado con las misma facultades o de espejo de la Cámara, por eso buscamos un acuerdo que establece un Consejo Territorial, que está muy lejos de tener las mismas facultades del Senado”.

Alondra Carrillo, a nombre de su colectivo MSC dijo que estaban “muy contentas”, pues a su juicio se “conserva la posibilidad de un Congreso unicameral”, que se “complementa” con el Consejo Territorial.

El constituyente del PC Marcos Barraza valoró el consenso y definió el modelo acordado como “un Congreso unicameral corregido”.

Atria explicó que para el Frente Amplio era importante la figura del ministro de gobierno para facilitar la cooperación con el Congreso y que ayude a “absorber crisis” políticas. “Que caiga el ministro de gobierno en un momento de crisis, puede ser una alternativa de solución, porque no es solo un ministro más”, explicó el convencional, quien agregó que “este acuerdo y las votaciones del pleno de la semana pasada” ayudan a calmar la “preocupación de que proceso constituyente no fuera capaz de reunir las mayorías para avanzar”. “Aquí podemos mostrar un acuerdo en algo central de la nueva Constitución”, señaló.

Sin embargo, los convencionales Hernán Larraín (Evópoli), Marcela Cubillos (Indep. UDI) y Raúl Celis (RN) cuestionaron la propuesta, que no consideró las observaciones de la derecha.

“Estamos ante un sistema inorgánico e incoherente. Un presidencialismo híbrido con un unicameralismo de facto”, dijo Larraín.