Convención: Rol del Estado marca la diferencia entre las normas sobre emprendimiento que comienzan a discutirse y votarse

Llego el momento de abordar temas de interés económico en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Tras zanjar temas derechos sexuales y reproductivos y derechos de reunión, en la jornada de ese jueves se iniciaron las discusiones y votaciones del bloque temática número 2, el cual considera todas las propuestas de norma relacionadas a derechos de propiedad y aquellas referentes a la “libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”.

Sobre esto último, hay ingresadas cinco iniciativas de convencionales, las que mayoritariamente parten por consignar que “el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica”. Tras ese encabezado, similar al señalado en la Constitución del ‘80, comienzan las diferencias, las que se comprenden, principalmente, en el rol que se le asigna al Estado.

La derecha llega con dos iniciativas, tal como en el caso de derechos de propiedad, una de la UDI y otra presentada por Bernardo Fontaine, constituyente por el distrito 11. Esta última, que cuenta con el respaldo de otros 15 convencionales de Chile Vamos, establece que “es deber del Estado promover e incentivar la existencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de este derecho, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Respecto a la función del aparato estatal en el desarrollo de las actividades económicas también delimita que “solo cuando una ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, y fundada en el interés general de la nación lo autorice, el Estado podrá realizar directa o indirectamente actividades empresariales”. En referencia a esto último, también subraya “la no discriminación arbitraria por parte del Estado”.

La otra de la derecha, la de la UDI, coincide con esos principios, pero presenta un articulado más detallado sobre las empresas del Estado, por ejemplo, que “deberán informar al Congreso Nacional sobre su desempeño económico y financiero” y que “deberán designar a los directores o miembros de los órganos de administración a través de un proceso de selección conducido mediante un proceso abierto, técnico y transparente”.

Radicalmente diferente es la propuesta respaldada 10 constituyentes provenientes de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Pueblo Constituyente y escaños reservados, en la que se “mandata al Estado a desarrollar actividades empresariales necesarias para satisfacer sus obligaciones positivas, por ejemplo, en materia de derechos sociales, debiéndose dictar las leyes respectivas”.

Adicionalmente, esta norma establece en su articulado que “el Estado podrá establecer una regulación de precios máximos en bienes, prestaciones y servicios en razón del interés superior social”.

Por otra parte, si bien la presentada por Fontaine también sostiene límites al emprendimiento en general, indicando que no se podrá oponer “a la moral, las buenas costumbres, la salubridad pública y la seguridad nacional”, en este punto se explaya mucho más la citada iniciativa respaldada por sectores de la izquierda.

Esta última señala, como límites a emprender, “los derechos humanos, razones de desarrollo humano, protección de derechos de la naturaleza, interés general, seguridad e integridad del territorio del Estado, salud pública, derechos colectivos de los pueblos indígenas u otras”.

Cabe destacar, que esta iniciativa también ahonda en materia indígena, para señalar que se deben reconocer “prácticas y formas productivas” de los pueblos originarios, que según detalla, se basan “en su propio modo de entender el desarrollo, en sus prioridades y necesidades”.

En tanto, la propuesta del Colectivo Socialista es bastante acotada en materia de emprendimiento. “El derecho a desarrollar cualquier una actividad económica, de conformidad con lo establecido en la ley. Corresponderá a ésta establecer las sanciones cuando se afecte especialmente el medio ambiente, la libre competencia y los derechos de los consumidores”, es lo que se lee en una iniciativa de norma que aborda variados otros temas.

Algo similar ocurre en aquella que respalda el Frente Amplio e Independientes no neutrales, donde se limitan a decir que “la Constitución asegura a todas las personas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los Derechos consagrados en esta Constitución, el cuidado del medioambiente y con el interés general. El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio”.

Cabe destacar que hasta este momento, la Comisión de Derechos Fundamentales, vota todo lo referente a su bloque temática número 2, sin abordar aún las iniciativas de norma referentes a emprendimiento y derecho a propiedad.

Sobre ese último punto sí alcanzaron a deliberar en la sesión de la mañana. Al respecto, Rocío Cantuarias, convencional del distrito 20 y parte de Chile Vamos, destacó que “el derecho de propiedad es un requisito básico de toda sociedad democrática y libre, ya que garantiza que le fruto del trabajo propio es de uno”, por ello destacó que han tratado de “asegurar de la mejor forma posible este derecho que ha demostrado ser tan importantes para todos los chilenos”.

Considerando la propuesta de Movimientos Sociales Constituyente subordina el derecho de propiedad a la función ecológica, social y al principio de solidaridad, además de considerar que en caso de expropiación la indemnización deberá considerar los motivos de la misma, Katerine Montealegre, convencional del distrito 26 y también del colectivo de derecha, cuestionó que realmente se esté consagrando el derecho de propiedad.

“Pareciera que ya no queremos compatibilizar economía y naturaleza, sino aplastar uno para resguardar otros, algo propio de un ideologismo bastante descabellado. Si entendemos de su exposición que la función ecológica y el interés colectivo están por sobre los intereses particulares, entendemos que la naturaleza debe ser resguardada al punto de afectar derechos y libertades particulares con miras al logro de este objetivo”, señaló.

Frente a esto, Camila Zarate, del distrito 7 y patrocinadora de esa iniciativa, asegura que en ningún caso se está en contra del derecho de propiedad, sino que se busca “determinar qué es lo que queda en el estatuto específico que regula la propiedad, en su modo de adquirir, también en el ejercicio del uso y, a su vez, determinar la preponderancia que este derecho tiene respecto de otros derechos fundamentales. Algunos tan importantes como el derecho a la vida, que pareciera que no debieran quedar en la misma categoría”.

También intentando delimitar la discusión, Cesar Valenzuela, del distrito 9 y coordinador de la Comisión en cuestión, indicó: “No he visto ninguna iniciativa que esté en contra de reconocer el derecho de propiedad, lo que estamos discutiendo acá es que el derecho de propiedad no es absoluto y es un derecho fundamental más que se enmarca dentro de un sistema y que ese sistema, evidentemente, necesita regulaciones, limitaciones, al igual que todos los demás derechos fundamentales”. A

La sesión en que se vota todo lo relativo a derecho de propiedad y emprendimiento, además de derecho a la vida e integridad física y psíquica, libertad de expresión, derecho a la honra, entre otros, continúa este viernes.