Un oficio fue lo que envió el martes pasado la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, a la presidenta de la Convención Constitucional (CC), María Elisa Quinteros, a raíz de lo que aprobó en general y en particular la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, sobre el instituto emisor, y que debería ser votado por el pleno este jueves.

Ahí el BC sugiere realizar varios cambios. Y mientras algunos convencionales se alinean con el instituto emisor, otros no están de acuerdo con algunos de sus planteamientos.

Así por ejemplo, el convencional Ruggero Cozzi (Vamos por Chile) cree que “el oficio del BC enciende varias alarmas. A mi juicio, los errores más graves están en los artículos 2, 6 y 8 aprobados por la Comisión de Sistemas de Justicia. En efecto, la autonomía del órgano se ve debilitada al exigirle una ´coordinación´ con la política económica ´definida con el gobierno´”.

En cambio, el convencional Mauricio Daza (INN), uno de los impulsores de la propuesta que aprobó la comisión, comenta que “las aprensiones sobre la coordinación con el gobierno son exageradas, ya que resulta absolutamente claro del tenor de la propuesta de la comisión que el BC es definido como un órgano de rango constitucional autónomo, sin perjuicio que la palabra ´coordinación´ no es sinónimo a ´sujeción´ o ´sometimiento´. En todo caso, esto no es nada nuevo, ya que la actual ley orgánica constitucional del BC establece la necesidad de coordinarse con el gobierno y los mecanismos para concretarla”.

Por su parte, la convencional Manuela Royo (MSC) sobre este tema de la coordinación con el gobierno cree que “es relevante señalar que no queremos matar la autonomía, y que podría mejorarse la redacción. Pero que nuestro fin es ensanchar un debate súper estrecho en Chile: de ahí que proponemos mirar otras experiencias donde hay una tradición de coordinación mucho más explícita entre el organismo emisor autónomo y el gobierno”.

Otro de los temas que levanta Cozzi de las advertencias hecha por el BC, es que “se añade una preocupación por la ´diversificación productiva´ que desvirtúa la función del Banco”.

Sin embargo, Daza recalca que lo que propusieron sobre el objeto del BC “no innova en relación a la normativa actual, estableciendo que le corresponderá velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Sin perjuicio que no se agregan nuevos objetivos al Banco, sí se establece que en el ejercicio de sus atribuciones para su cumplimento, el BC deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley”.

En ese contexto, Daza señala que “el reparo a que el Banco deba considerar y explicar la forma como proyecta el impacto de sus decisiones en la diversificación productiva, no son consistentes, ya que no se le está entregando responsabilidades ni atribuciones sobre esta materia. Se trata de un aspecto en todo caso relevante que el Banco considere y exponga razonadamente cuando tome decisiones dentro de su objeto único, especialmente en el contexto de una economía pequeña, concentrada y poco diversificada”.

En paralelo, la convencional Royo plantea sobre los “criterios” para cumplimiento de los objetivos del BC, “que la redacción no logra aclarar el sentido de la norma todavía: una parte que no se atreve a ensanchar el mandato prefiere ponerlo así, aunque eso es diferente a que el objetivo no se reduzca sólo a la inflación. El BC podría apoyar un proceso de diversificación productiva, y hay experiencias históricas (sobre todo en la posguerra de Europa y EE.UU- hasta la década de 1970) que lo muestran (ver estudio Nodo XXI y OPES). Para empujar un desarrollo más rápido se precisa terminar con la lógica subsidiaria que el BC parece valorar (no provocar ´discriminaciones´). Mantener todo igual también es favorecer a los mismos sectores económicos de siempre”.

Daza también agrega: “En cuanto a la crítica de que se deja abierta la posibilidad de que la ley pueda agregar otros principios que se deban considerar por el BC al ejercer su función, creo que es injustificada, si se considera que el objeto de la entidad se encuentra establecido de forma asertiva y cerrada por la Constitución, y no puede ser cambiado por medio de una ley simple. Resulta claro, además, que ´considerar´ un principio no es lo mismo que un deber de actuar para conseguir un objetivo o la obligación de resguardar un principio”.

A la convencional Royo le parece que, en general, los comentarios del BC “desde su preocupación de mantener el objetivo estrecho, refuerzan nuestra misma idea sobre propuesta PS. Lo de que la ley del BC sea aprobada por mayoría absoluta, supongo refiere a que haya un quórum elevado. A priori no tengo reparos con eso”.

Por otro lado, Cozzi estima que “la gobernanza de la institución se ve perjudicada al eliminar al Presidente de toda decisión en los nombramientos de los consejeros, lo cual lo habíamos advertido durante el debate en la comisión, pues no resulta coherente con un régimen que seguirá siendo presidencial”.

No obstante, en cuanto a cambiar el mecanismos de designación de los consejeros, que hoy se concreta a partir de una propuesta que hace el Presidente, la cual debe ser ratificada por el Senado, Daza es de la opinión de que “resulta adecuado reafirmar la autonomía del BC, precisamente frente al Ejecutivo, a fin de impedir que se trate de intervenir en la institución buscando que sus decisiones sean funcionales a la política económica del gobierno de turno”.

El convencional INN agrega que “esto es especialmente importante en países latinoamericanos donde se ha observado cómo en muchas oportunidades gobiernos populistas han financiado gasto público con emisiones inorgánicas, generando crisis inflacionarias graves que afectan especialmente a las familias más vulnerables, abriendo escaladas difíciles de parar. Es por esto que queremos sacar al Ejecutivo de la designación de los consejeros, del presidente del consejo, y de la posibilidad de solicitar la destitución de los miembros de dicha entidad”.

Adicionalmente, Daza dice que “el subir de 5 a 7 los miembros del consejo del Banco Central se funda en lo expuesto por el expresidente del BC, Mario Marcel, cuando compareció a la comisión, señalado que sería positivo aumentar el número de integrantes para facilitar la posibilidad de establecer algunos subcomités que puedan atender requerimientos específicos, sin perjuicio a que ayudaría a un mejor funcionamiento general. También nos pareció valioso, para agregar más voces técnicas en las importantes materias que debe resolver esta institución”.

Pero el convencional Cozzi cree que “habilitar a los parlamentarios para pedir la destitución de los consejeros es una herramienta peligrosa para presiones y un show político que afectaría la autonomía del Banco al momento de tomar decisiones que a veces son impopulares, pero necesarias para controlar la inflación. La experiencia reciente demuestra que siempre habrá parlamentarios irresponsables económicamente y disponibles a buscar tribuna comunicacional, cosa que es más infrecuente en la figura del Presidente de la República”.

Respecto a la destitución de los miembros del consejo del BC, Daza afirma que “hoy se encuentra regulada por su ley orgánica, la cual establece varios supuestos, en los que el Presidente de turno tiene una injerencia relevante, al igual que el Senado. Proponemos sacar al Congreso de toda decisión de destitución, y dejarla sólo a la Corte Suprema, la cual deberá analizar el mérito jurídico objetivo de la petición, con lo que mejoramos de forma sustantiva la garantía de que no serán sacados de sus cargos por una decisión meramente política. En definitiva, nuestra propuesta consagra una mayor y mejor autonomía del BC, tanto respecto del gobierno de turno como de los actores del mercado”.

No obstante, Cozzi asegura: “Lamentablemente muchos constituyentes insisten en rechazar cualquier crítica constructiva que venga desde afuera de la Convención Constitucional. Creo que con los cambios propuestos al BC las izquierdas están jugando con fuego, pues el alza del costo de vida ha vuelto a ser una prioridad en las preocupaciones de la gente. Debilitar al órgano que controla la inflación sería una acción técnica y políticamente suicida”.