Cuarto Retiro y Rentas Vitalicias

En pleno debate parlamentario se encuentran una serie de iniciativas que dicen relación con un posible cuarto retiro de fondos previsionales. Más allá de las negativas implicancias macroeconómicas que han sido abordadas en profundidad por el Banco Central y otros destacados analistas, quisiera referirme en esta columna al tema específico del impacto del anticipo de RRVV en la industria de seguros.

Antes de abordar el tema de fondo, me permito recordar algunas cuestiones previas. Uno, soy un ferviente partidario de un cambio estructural del modelo de pensiones, siendo la prueba más contundente la propuesta que junto al profesor Uthoff y otros colegas hicimos en la Comisión Bravo, donde propusimos la llamada propuesta B. Segundo, respecto de los primeros retiros, he sostenido que se trata de una mala política pública, dado que hace descargar el costo de la crisis en el bolsillo de las personas, y crea un desfinanciamiento que atenta contra la creación de un nuevo modelo de pensiones. Uno de los ejemplos propugnados por los críticos del sistema de AFP ha sido lo que se hizo en Argentina, donde se terminó con el sistema previo y se volvió a un sistema público. Bueno, hay que señalar que en ese caso, se le dio a la gente la opción de mantener su plata en el sistema de AFP o traspasarla a un nuevo sistema público solidario, pero NO hubo opción de retirar los fondos. A pesar de todo ello, sostuve que esta mala política pública sólo se justificaba por el atraso del gobierno en llegar con las ayudas requeridas a las familias para solventar la crisis. En el marco de la situación actual, sin embargo, este argumento ya no es válido y no existe ningún argumento en favor de un cuarto retiro.

Dicho todo lo anterior, el tema del anticipo de recursos de personas que tienen RRVV es todavía más complejo que el retiro de fondos de las AFP, por el negativo impacto microeconómico que ello tiene sobre la solvencia de la industria de seguros y por las malas señales que ello representa respecto de la incertidumbre jurídica asociada a dicha medida, con muy negativas implicancias para favorecer un clima razonable para la inversión en Chile.

Partamos por este último punto. A diferencia del retiro programado, donde la propiedad de los fondos es del pensionado (o futuro pensionable), en el caso de las RRVV los fondos no son propiedad de la persona. Se traspasan a la compañía de seguros como una prima, a cambio de que esta garantice de por vida una pensión, y asuma los riesgos de longevidad y de inversiones, por lo cual la compañía de seguros percibe un ingreso que le permite pagar sus costos, riesgos y obtener una legítima rentabilidad. Nada de ello ocurre en el caso del retiro programado, donde la AFP no se ve afectada como empresa por el retiro, y todos los riesgos los asume el pensionable.

Entrando en el tercer retiro propiamente tal (y primero de RRVV), la ley estableció un mecanismo en virtud del cual el retiro de RRVV tenía un impacto contable neutro en el balance de las compañías, toda vez que se produce una rebaja equivalente en el activo y pasivo (reservas) de la compañía, todo lo cual fue correctamente reglamentado por la CMF. Con la ley vigente, si una persona retira un 10 por ciento de la prima residual (la que le queda en ese momento), su pensión bajará en la misma proporción para siempre. Si la compañía tiene un impacto financiero negativo por cada retiro dependerá de la diferencia entre las tasas de mercado vigentes versus las tasas existentes al momento de emisión de las pólizas, y de qué personas ejercerán el derecho a retiro. A la larga, sin embargo, seguir con una política de retiros permanentes y totales terminaría indudablemente acabando con la rentabilidad de una actividad que va generando sus utilidades a lo largo del tiempo, perjudicando la rentabilidad y solvencia de las compañías.

A pesar de lo anterior, existe una moción parlamentaria en virtud de la cual pretende reinterpretarse la ley del tercer retiro, de manera que se busca modificar el concepto de retiro por uno de “adelanto”. En simple, esta modificación busca que la rebaja de la RRVV asociada al retiro no sea “vitalicia”, sino que dure hasta que el monto acumulado de la rebaja se equipare al monto del retiro, después de lo cual la persona recupera el monto original de la pensión.

¿Qué ocurre con el adelanto? Suponga que una persona retira un 10% de su prima, que en plata representa $100, por lo cual tiene una rebaja de RRVV de $5 al año. De acuerdo con esta nueva interpretación, que se busca hacer retroactiva, la persona “devolvería” el adelanto al cabo de 20 años, después de lo cual podría retomar su pensión original. Aunque a primera vista suena justo, esta propuesta tiene un error conceptual básico, de fondo, que no reconoce que la rebaja del 10% de la prima representa para la compañía una rebaja permanente (no transitoria) del mismo monto en sus ingresos, lo que justifica que la pensión experimente una rebaja equivalente en forma permanente.

Otro ejemplo permitirá poner el tema aún más en blanco y negro. Suponga que una persona se jubila y aporta a la compañía una prima de $200, que le da derecho a una pensión anual de $12 de por vida. Acto seguido, se aprueba una ley que le permita a la persona retirar el 100% de los fondos ($200). Con la idea del adelanto, la persona recibiría una pensión de $0 durante 17 años, al cabo de los cuales sumaría $200 y habría “devuelto” su pensión. Por ende, a partir del año 18 tendría derecho a retomar su pensión original de $12 de por vida, a pesar de que nunca aportó un solo peso a la compañía. Este argumento de llevar la medida a su versión extrema muestra lo equivocado que está el enfoque.

Para terminar, todas estas legislaciones bien intencionadas, pero del todo erróneas, no son neutras, sino que tienen fuertes impactos en la solvencia de las compañías de seguros de vida, tal como lo ha ilustrado con plena claridad la CMF, que dependiendo del tipo de medida que se termine aprobando, podría tener efectos negativos de primer orden sobre la solvencia de la industria de seguros de vida que vende RRVV, y sobre los 650 mil personas que perciben RRVV. Asimismo, se generarían garantías estatales con fuerte impacto para las arcas fiscales. Me parece evidente que una revisión más acabada de las medidas propuestas hará restablecer la lógica y el sentido común en los propugnadores de la misma.

Consultor y ex Vicepresidente de la CMF