Este lunes continuó la discusión del proyecto de normalización tarifaria en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, iniciativa que cuenta con discusión inmediata y que busca comenzar a pagar la deuda por más de US$6.000 millones que se generó desde el congelamiento de la tarifa en octubre de 2019 y crear un subsidio focalizado, para así evitar disminuir los impactos del descongelamiento de la tarifa en el 40% más vulnerable de la población.

Si bien hubo un grupo de diputados oficialistas, así como de la DC y Demócratas que reiteró sus intenciones de avanzar en la renegociación de contratos con las empresas generadoras, la propuesta no recibió respaldo de parlamentarios opositores, principalmente de Chile Vamos y Republicanos.

En la primera vereda se ubicaron diputados como Marcela Riquelme (Ind), Jovana Ahumada (Ind-Demócratas), Nelson Venegas (PS) y Jaime Mulet (FRVS). En la contraria, estuvieron el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) y Andrés Celis (RN).

En la ocasión expusieron dos organizaciones civiles que defienden la idea de revisar el precio de los contratos de suministro de energía. Primero fue el turno del Javier Piedra Fierro, presidente ejecutivo de la ONG Fundación Energía para Todos.

Según explicó, su idea es “llevar el costo de la energía a lo que realmente vale, y aquí hay un punto de acuerdo con el proyecto del Ministerio de Energía, pero en este caso, que no solo suba el costo para la demanda, sino que también baje el costo de la oferta”. Así, exhibió datos de cómo algunos contratos con indexadores han elevado los precios por sobre los US$270 por KWh, pero que la revisión de los contratos debe hacerse con “contratos vigentes del año 2023 en adelante, porque todavía no hay un decreto que fije cuál es ese precio, y soy de los que creen que se podría renegociar eso también”.

Además, argumentó que su idea permite que establecer un plan de pago del PEC 1 y PEC 2 -los dos mecanismos de estabilización que generaron la deuda-, pero con una fórmula que “no genere más deuda”, ya que el plan de pago hasta 2035 del Ejecutivo “genera intereses”.

Por otra parte, Hernán Calderón, presidente la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), señaló que la revisión de los contratos, es posible ya que “en la ley está establecido claramente que cuando hay un desequilibrio, se pueden revisar” el precio de la energía, citando que actualmente hay dos firmas de energías renovables solicitando dichas renegociaciones.

“Nosotros vamos más allá; así como a las organizaciones de consumidores se les considera como parte de la fijación tarifaria, y cuando hay estas solicitudes de revisión de tarifas, tienen que ir a exponer, en los casos que la ley establece para la renegociación o revisión, no solamente la pueda solicitar la generadora, o la autoridad, ¿por qué los propios consumidores no podemos concurrir, como lo hacemos ante el TDLC, pero esta vez ante la Comisión Nacional de Energía, y que se haga una revisión de las tarifas que cobran determinadas empresas?”, planteó

A ello sumó que, a su juicio, la idea de rebajar el límite de potencia para que los clientes regulados puedan migrar a un régimen de clientes libres, incluso llevando a cero dicho límite, podría permitir negociaciones colectivas. “Creo que la experiencia internacional es muy interesante, en muchos lugares del mundo los consumidores subastan el servicio y lo entregan a quien ofrece el mejor precio”, aseguró.

En tanto, el ministro de Energía reforzó el sentido de urgencia de aprobar la fórmula con que el Ejecutivo busca servir la deuda y crear el subsidio focalizado, ya que, según indicó, de no hacerse en abril tendrían que dictarse los decretos con la normativa vigente, que desencadenaría alzas de entre 8% y 88% a los clientes regulados.

“Tenemos un decreto tarifario esperando por ser dictado y que supone lo que se expuso, que es una consecuencia que creo que todos quisiéramos evitar. Esa es la primera prioridad hoy, trata de limitar, acotar una deuda que de otro modo sigue creciendo”, indicó.

Así, llamó primero a “limitar el crecimiento de esta deuda” para luego “ver cuáles son las alternativas para conseguir ya sea allegar los recursos financieros que permitan extender este subsidio en magnitud o en temporalidad, o bien adoptar cualquier otra política complementaria que permita disminuir el impacto económico en las familias chilenas”.

Consultado sobre las propuestas de renegociación, indicó: “Eventualmente, esta no es una puerta que es necesario cerrar o abrir hoy; nosotros hemos sido muy claros en términos de lo que necesitamos hacer es que la deuda deje de crecer”.

“Nuestra propuesta ha sido ponerle un límite al crecimiento de esta deuda estableciendo un cronograma, un plan de pago, que permita hacernos cargo de aquello. Sin perjuicio de eso, a continuación, evaluar cualquier idea, esta u otra; hay distintas ideas. Evaluarlas todas de una manera constructiva para ver cuál de ellas son más susceptibles de reunir el concurso político suficiente para transformarse en una normativa vigente”, remarcó.