El disparo de Osvaldo Andrade contra el gobierno por Dominga: “No es justa causa no conocer la Ley”

El proyecto minero-portuario Dominga suma un nuevo round oficialista. El expresidente del Partido Socialista (PS) y exministro del Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, lanzó duras críticas en contra del gobierno por su fallida solicitud de extensión del plazo otorgado para que el Comité de Ministros emitiera una nueva resolución sobre la iniciativa de US$2.500 millones que impulsa Andes Iron, y que venció el pasado 31 de diciembre.

Osvaldo Andrade, actuando como abogado del Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile (Fadechi), ingresó la tarde del martes un escrito en que solicitaba al tribunal tener presente su oposición al otorgamiento de una prórroga del referido plazo. El Primer Tribunal Ambiental (1TA) finalmente rechazó conceder el plazo adicional al Comité de Ministros, que se reúne hoy a las 16 horas para decidir.

En su presentación judicial, el personero del PS apuntó en duros términos contra el gobierno. Comenzó recordando que el Código de Procedimiento Civil “es claro y manifiesto” a la hora de definir cómo proceden las solicitudes de prórrogas, indicando que éstas primero deben ser solicitadas “antes del vencimiento del término” y que se alegue “justa causa”.

En esa línea, sostiene que, bajo su interpretación, el plazo de 15 días otorgado por el 1TA “venció el 27 de diciembre de 2024″, puntualizando que la reclamada vino a solicitar la prórroga el 7 de enero de 2025, es decir ocho días después de vencido ese plazo.

Y aunque yerra en las fechas, también retrucó la decisión del gobierno de consultar a Contraloría sobre cómo definir la conformación y la presidencia del Comité de Ministros, afirmando que entre el 9 y el 31 de diciembre, fecha en que según él se acude al órgano contralor -lo hizo el 26 de ese mes- “pasan 21 días naturales y ya cuando el plazo de quince días estaba vencido”. En eso, afirma que “no puede entonces aducir en su favor una falta tan manifiesta”.

Luego lanza el primero de sus dardos: “La Administración no puede seguirse burlando de los administrados”.

El recurso continúa señalando que el Ejecutivo no podía “alegar justas causas”, ya que “de su propia alegación la reclamada da a conocer que no ha leído la ley, que se presume debe conocerla”. Sobre el punto, subraya: “La misma Contraloría General de la República se lo dice así, que el asunto estaba resuelto en dictámenes de 2008 y 2012, que se basan en la Ley. Eso no admite prueba en contrario. No es justa causa no conocer la Ley”.

Y agrega: “El Artículo 8 del Código Civil, que todo estudiante de derecho debe saber al recitado en los primeros años de la carrera lo dice claro: Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”.

Tras cartón, recuerda que anteriormente le había solicitado al 1TA “proveer derechamente que el referido plazo de quince días está extinguido sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado”, por lo que enfatiza que en su solicitud solicita que se provea “derechamente que dicho plazo se encuentra extinguido para todos los efectos legales”.

La participación de Osvaldo Andrade en la tramitación del proyecto Dominga ya había tensionado al PS, que emitió una declaración rechazando el proyecto. El exministro argumentó que la iniciativa beneficiaría a los trabajadores de La Higuera, desatando molestia entre algunos militantes. Andrade dijo a La Tercera en diciembre: “Cuando yo entré al PS, mi padre me enseñó que el partido es para defender los intereses de los trabajadores. Yo esperaría que el partido no abandonara esa identidad”.