La Fiscalía Nacional Económica fue una de las 12 entidades que aportó ayer sus respectivos antecedentes al proceso que lleva a cabo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que analiza la solicitud de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) de establecer una normativa que regule a los grandes conglomerados económicos y ponga resguardos a la concentración económica.

Lo último en Pulso

Entre las respuestas en contra del Expediente de Recomendación Normativa presentado por la organización de consumidores se suman organismos gremiales como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Asociación de Bancos (Abif) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), y sociedades que representan a grupos empresariales como Inversiones Angelini (Angelini), Falabella (Solari y Del Río), Quiñenco y Banco de Chile (Luksic), Inversiones La Construcción (Cámara de la Construcción), Minera Valparaíso y Bicecorp (Matte), Empresas Juan Yarur (Yarur) y Consorcio Financiero (Hurtado Vicuña y Fernández León).

Pero se esperaba a conocer el informe de la FNE, el organismo público encargado de fiscalizar y perseguir las conductas anticompetitivas. En el documento de 117 páginas, la FNE realiza una evaluación de la literatura legal correspondiente y de normativa comparada (como la legislación israelí, a la que hace referencia la presentación de Conadecus), para luego concentrarse en el análisis de la situación chilena, sobre la cual establece ciertas conclusiones.

Antes de entrar en ellas, la FNE recuerda que el objetivo de la investigación no es detectar o sancionar “conductas anticompetitivas, sino la identificación de riesgos que puedan ser prevenidos o mitigados mediante normas de aplicación general”.

Como conclusión, el reporte suscrito por el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg Pilowsky, sostiene que, al analizar los conglomerados chilenos y sus interconexiones tanto, societarias como personales, circunstancias “que hacen plausibles y relevantes” riesgos de afectar la libre competencia, “esta Fiscalía considera que ellos ya son abordados adecuadamente por la institucionalidad de defensa de la libre competencia, tanto de manera preventiva, en el control de operaciones de concentración, interlocking y participaciones minoritarias en competidores, como mediante la investigación, corrección y sanción de las conductas anticompetitivas que se puedan dar en el contexto de las estructuras de conglomerados”.

Sin embargo, aclara que iniciativas legislativas como la propuesta de la Comisión para el Mercado Financiero de implementar una adecuada regulación de los conglomerados financieros y los proyectos de ley para reforzar la identificación de relaciones societarias y beneficiarios finales en conglomerados empresariales, “permitirían facilitar la fiscalización e identificación de conductas anticompetitivas”, por lo que se solicita al TDLC que las considere en caso de emitir una recomendación normativa.

En la parte sustantiva del informe de la FNE, se dan a conocer ciertos hallazgos que permiten apreciar el tamaño y efecto de los conglomerados empresariales en la economía chilena.

Algunas de estas características:

-Número de grupos empresariales: La FNE cuenta que, según la CMF, en el país existían 116 grupos en 2023, el final de una línea del tiempo que parte en 2002 con 86 y que alcanza su cota máxima en 2022 con 126, para una nómina total de empresas de 487. Sin embargo, dado que esta nómina no incorpora todas las sociedades, la Fiscalía desarrolló una metodología propia para determinarlos con información de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos (SII), que incluye las operaciones bancarias con personas naturales o jurídicas relacionadas a estas empresas más las participaciones societarias. Bajo este mecanismo, se pudo identificar a 241 grupos empresariales en Chile, con un promedio de 310 personas naturales o jurídicas en cada conglomerado y 36.600 entidades o individuos distintos. “Un hallazgo relevante es que cerca del 40% de los RUTs identificados, utilizando la metodología descrita anteriormente, tienen vínculos con dos o más conglomerados”, dice la FNE.

-Distancia de empresas relacionadas: La distancia máxima entre empresas vinculadas a cada conglomerado es, en promedio, de cinco niveles, aunque la fiscalía aclara que esta cifra representa una estimación conservadora del verdadero número máximo de niveles.

-Cifras de ventas: La FNE distingue a los 30 conglomerados con mayores ventas del país, agregando la facturación de las empresas del grupo como las asociadas a empresas vinculadas (con al menos 10% de la propiedad). Pero dado que el SII no entrega el valor exacto de las ventas, sino que las diferencia por tramos, su cálculo lo realizó tomando el valor inferior del tramo de ventas y luego, el valor superior del mismo tramo para cada firma, “lo que entrega una estimación del rango de relevancia que tienen los conglomerados en el total de la economía nacional”. Entonces, el mayor conglomerado del país acumula ventas de entre 4,821 billones de pesos y 9.961 billones de pesos. Y el número 30, suma ventas como cota mínima de $680 mil millones y $1,335 billones. El total de las ventas de estos 30 conglomerados es de entre $67.393 billones y $140,545 billones. “Se puede destacar que la suma de las ventas del tramo inferior corresponde a cerca del 25,6% del PIB nacional a precios corrientes del 2022 y a un 53,5% del PIB si se considera el tramo superior”, aclara la FNE.

-Participación por rubros: Al hacer una caracterización de los 10 principales sectores empresariales en que se desenvuelven los conglomerados empresariales, se establece que el 75,5% del total de los grupos (equivalente a 182) está presente en actividades financieras y de seguros. El 56,4% (136) de los grupos participa en comercio al por mayor y al por menor o en reparación de vehículos automotores y motocicletas; el 56% (135) en actividades inmobiliarias; el 49% (118) en actividades profesionales, científicas y técnicas; 45,2% (109) en construcción; 43,6% (103) en servicios administrativos y de apoyo; el 41,5% (100) en transporte y almacenamiento; el 39,8% (96) en industria manufacturera; el 37,3% (90) en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y el 32,8% (79) en información y comunicaciones.

Al hacer un foco en las actividades financieras, la FNE especifica que de entre los 182 que actúa en ellas, 167 (o sea, el 92%) participan tanto en actividades financieras y de seguros como en otra actividad económica. Además 155 de ellos lo hacen a través de “fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares”, 69 a través de empresas de consultoría o asesoría financiera y 31 mediante corredoras de bolsa; 66 a través de administradoras de fondos de inversión, 36 de seguros de vida, 26 de seguros generales, 29 de leasing financiero, 15 de isapres, 13 de administradoras de fondos mutuos y 5 de administradoras de fondos de pensiones.

Y al centrarse en rubros del sector real, el sector de mayor presencia de conglomerados del país es el negocio de compra, venta y alquiler de inmuebles, con 121, seguido por consultoría de gestión, con 105; alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias, con 102; otras actividades de servicios de apoyo a las empresas, con 88; y construcción de edificios para uso residencial, con 87.

“De los 241 conglomerados empresariales, aquellos que tienen presencia tanto en actividades financieras y de seguros como en otro rubro son: 124 en actividades inmobiliarias, 113 en actividades de comercio al por mayor y por menor, mientras que 111 se involucran en actividades profesionales, científicas y técnicas. Además, 102 conglomerados participan en el sector construcción y financiero, y 100 también tienen presencia en actividades de servicios administrativos y de apoyo”, explica la fiscalía. “El 35% de los conglomerados analizados, es decir, 84 de 241, tienen presencia tanto en la economía real como en el sector financiero”, agrega.

-Patrimonio bursátil: En el estudio se recuerda que en 1999, los 50 principales grupos controlaban más del 73% de las empresas cotizadas en bolsa y más del 90% de sus activos, una situación que no varió demasiado en dos décadas, pues en 2019 los 25 grupos empresariales principales por capitalización de mercado controlaban el 20% de las empresas cotizadas en bolsa y el 63% de su valor de mercado. Según el documento, en marzo de 2024, el valor total del patrimonio bursátil de las acciones listadas en la Bolsa de Santiago era de unos $160 billones, mientras que el PIB en 2023 fue de aproximadamente $280 billones, por tanto el ratio de capitalización bursátil respecto al PIB es de entre el 55% y el 60%. Pero debido al comportamiento del mercado, se puede determinar que en marzo pasado “el patrimonio bursátil de las empresas vinculadas a los 10 grupos económicos más grandes representó entre el 75% y el 80% del total de la capitalización del mercado accionario de la Bolsa de Santiago”.

Al englobar la capitalización bursátil de las empresas vinculadas a los 10 mayores conglomerados empresariales, la FNE totalizó $159,5 billones. El principal grupo acumula una capitalización de $24,2 billones, con un 15,2% del total; el segundo suma $19,1 billones, con un 12% del total; y el tercero, $18,9 billones, con un 11,8% del total.