El mercado de valores de Venezuela fue ridiculizado por el difunto presidente Hugo Chávez como una herramienta de los ricos, afectado por años de recesión y evitado por los inversionistas internacionales cuando la moneda de la nación perdió prácticamente todo su valor.

Pero en su intento de resucitar la economía, el sucesor elegido por Chávez está haciendo las paces con una de las instituciones más golpeadas por años de políticas socialistas. En un giro radical, el presidente Nicolás Maduro planea vender partes de las participaciones del Gobierno en empresas estatales a través de la bolsa de valores.

“El Gobierno ha dado un giro de 180 grados”, dijo Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas.

La medida, aunque modesta en su alcance, está cargada de simbolismo y en línea con el impulso de Maduro para dinamizar la profundamente dañada economía permitiendo más empresas de libre mercado. Ya ha hecho progresos para apuntalar el bolívar y lograr un modesto crecimiento en un país en que la pobreza y el hambre se han disparado durante décadas de políticas socialistas.

En las próximas semanas, el Gobierno ofrecerá una participación del 5% en Banco de Venezuela y en el proveedor de servicios de telefonía fija e internet Cantv. Podrían producirse más salidas a bolsa a medida que el Gobierno busque recaudar fondos.

El objetivo más atractivo podrían ser las empresas vinculadas al petróleo, el gas y la petroquímica que, según Maduro, podrían seguir el ejemplo. Una oferta de acciones representaría un cambio para la industria más importante de Venezuela, ya que permitiría a las empresas una mayor independencia al disminuir la participación del Gobierno, según Tamara Herrera, economista y directora del grupo de investigación venezolano Síntesis Financiera.

La ley de hidrocarburos de Venezuela establece que las empresas energéticas deben ser de propiedad mayoritaria del Estado, por lo que sería necesario cambiarla para que el Gobierno pueda vender las participaciones de control. No está claro que la Administración de Maduro lo permita, dado que él y sus aliados suelen hablar de que los recursos naturales de Venezuela pertenecen a sus ciudadanos.

Es probable que la venta de Banco de Venezuela sea lo primero. Los estados financieros más recientes de la entidad crediticia muestran que las ganancias aumentaron un 70% en términos de dólares en el primer semestre con respecto al año anterior. Los últimos datos muestran que tiene 15 millones de clientes y una cuota de mercado del 26%.

Cantv es más bien una interrogante. Recientemente seleccionó a corredores de bolsa para que actuaran como agente estructurador y bookrunner, pero los estados financieros más recientes son de fines de 2020, cuando volvió a generar ganancias tras las pérdidas de 2019. El servicio se ha visto deteriorado en medio de años de desinversión y robo de infraestructura, mientras que sus tarifas siguen estando fuertemente subvencionadas.

Ambas empresas han pasado del control estatal a las manos de inversionistas privados. Cantv fue adquirida por primera vez por el Estado venezolano en la década de 1950, y luego fue privatizada en la década de 1990. Chávez retomó el control en 2007. Banco de Venezuela fue comprado por Grupo Santander de España en la década de 1990. Luego Chávez lo nacionalizó en 2009.

Tanto Cantv como Banco de Venezuela tienen un pequeño número de acciones que ya cotizan en la bolsa, y el precio se disparó después de que el Gobierno anunció sus planes de venta de participaciones en mayo. Cantv ha subido un 227% desde entonces, mientras que Banco de Venezuela se ha disparado un 109%. El valor de mercado de Cantv es de US$331 millones, mientras que el del banco es de US$695 millones.

Los funcionarios del Gobierno que encabezan las ventas de activos no han declarado públicamente los motivos del plan, pero Maduro ha dicho que se necesita capital para desarrollar empresas públicas y adquirir nueva tecnología.

Es probable que las primeras ventas de acciones atraigan un interés limitado, ya que se cotizan en bolívares y los inversionistas extranjeros están restringidos por las sanciones económicas de Estados Unidos. También hay una escasez de datos financieros disponibles para las empresas y, por supuesto, muy pocos analistas para asesorar a quienes consideren una inversión. El Gobierno dice que el precio será determinado por el mercado.

En los últimos años, el mercado de valores ha servido sobre todo a los venezolanos con dinero atrapado en el país. Compran acciones para intentar compensar el impacto de la inflación y la caída del valor del bolívar, que ha perdido un 99% en los últimos tres años. El mercado ha servido de cobertura, con un índice de referencia que subió en términos nominales más de un 160.000% en 2018, 5.000% en 2019, 1.000% en 2020 y 300% el año pasado.

El plan del Gobierno de cotizar las acciones encaja con otras políticas más abiertas que se han implementado en los últimos años, como permitir las transacciones en moneda extranjera y flexibilizar los controles de precios. Sin embargo, el potencial está limitado por las sanciones que impedirán a los inversionistas estadounidenses participar en el mercado.

“El mensaje del Gobierno es que están dispuestos a permitir el apoyo entre el sector privado y el público”, dijo Juan Domingo Cordero Osorio, presidente de la corredura Rendivalores. “Es irreversible lo que estamos viviendo”.

La economía de Venezuela todavía está crisis y el producto interno bruto es un tercio de lo que era cuando Maduro asumió el cargo hace nueve años. Algunas partes de Caracas todavía se sienten vacías por la emigración masiva que se ha producido en los últimos años, cuando los trabajadores buscaban mejores oportunidades en Colombia, España o EE.UU.

Pero para Pulido, el presidente de la bolsa, la venta de acciones planeada es una señal alentadora. Espera que se realicen más emisiones de acciones y cree que podría ayudar a Venezuela a apuntalar su economía.

“Es un primer paso”, dijo Pulido. “El Gobierno tiene que proporcionar seguridad jurídica para que este plan tenga éxito. La bolsa de valores ofrece seguridad tanto jurídica como operativa”.