La complicada empresa operadora de casinos de juego Enjoy anotó pérdidas atribuibles a los propietarios de la controladora de $89.789 millones (US$102 millones) en 2023, profundizando el saldo negativo de $57.444 millones (US$65,5 millones) del año pasado, afectados por aumentos en sus costos de explotación, gastos de administración y costos financieros, en momentos en que lleva adelante un segundo proceso de reorganización judicial tras el que sacó adelante en plena pandemia.

Los ingresos de la compañía, que opera casinos como el de Viña del Mar, Pucón, Antofagasta, Rinconada de los Andes, Chiloé y otro en Punta del Este en Uruguay, crecieron un 4% a $318.419 millones (US$363 millones), gracias a una mejor operación en sus establecimientos en Chile, donde las ventas aumentaron un 8%, puesto que en Punta del Este cayeron un 6%, debido a un menor “hold”(porcentaje de retención o ganancia del casino) y un efecto adverso de la apreciación del peso uruguayo contra el dólar.

La firma destacó, en todo caso, el incremento del 9% en sus ingresos del cuarto trimestre, que le permitió revertir el Ebitda (una medida del flujo de caja operacional) negativo del mismo periodo del 2022, que le permitió mejorar el indicador margen/EBITDA a un 4,9%, comparado con el -3,2% del mismo lapso del año anterior.

“Los resultados obtenidos hacia fines del año pasado dan señales de que este negocio es sostenible y que existen espacios de crecimiento, por lo que estamos trabajando intensamente para proyectar la compañía adecuadamente junto a nuestros acreedores”, dijo su gerente general de Enjoy, Esteban Rigo-Righi.

Sin embargo, el resultado operacional del año fue una pérdida de $9.413 millones (US$10,7 millones), tras una ganancia de $18.949 millones (US$21,6 millones) en el 2022. Esto, debido a que el aumento de sus ventas fue contrarrestado fuertemente por un alza en sus costos de ventas del 7,7% a $265.613 millones (US$302,8 millones) y en sus gastos de administración del 7,3% a $49.093 millones (US$55,9 millones).

La firma explicó que el aumento en costos se debe principalmente al efecto inflacionario en los sueldos del personal en Chile y Uruguay, y en el consumo básico, y al incremento en el valor de las ofertas económicas pagadas por los casinos de Coquimbo, Pucón, Los Ángeles y Viña. Los gastos administrativos subieron producto de la mayor apertura de las operaciones en Chile y Uruguay, donde se activaron actividades de promoción y marketing, además de alzas en contribuciones de bienes raíces y asesorías de terceros.

En la línea no operacional, sus costos financieros también se incrementaron un 14,1% interanual a $76.067 millones (US$86,7 millones).

La deuda corriente de la compañía creció un 9% en 2023, a $184.712 millones (US$210,5 millones).

Enjoy había llevado a cabo exitosamente un proceso de reorganización judicial que inició a días de decretarse la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 y que fue aprobado por sus acreedores en agosto de ese mismo año.

Sin embargo, a sólo 686 días de culminar ese proceso, la empresa solicitó el pasado 29 de enero una segunda reorganización judicial, debido a que no pudo recuperarse del cierre de sus operaciones por la crisis sanitaria y al golpe a sus costos que le significó el alza inflacionaria. “Esta decisión fue tomada (por el directorio) con base en la situación financiera de la sociedad, los flujos esperados para los próximos meses y la situación de pago para con los acreedores”, dijo la empresa en sus estados financieros.

Por ello, esta reorganización, explicó Enjoy en un comunicado, “busca dar continuidad operacional y viabilidad a su actividad en el largo plazo, darle sustentabilidad a la sociedad y crear las nuevas bases para proyectarla adecuadamente hacia el futuro (...) Esto último, teniendo en cuenta que existen proyectos de crecimiento que no han podido realizarse, principalmente, por las restricciones de liquidez y a la lenta recuperación post pandemia, que tuvo mayores complejidades que las inicialmente previstas”.

El 9 de febrero, la jueza del 8° Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la presentación de Enjoy y dio curso al proceso de reorganización, bajo el veedor Juan Ignacio Jamarne, dándole protección financiera hasta el 24 de abril (ampliable por dos periodos de 60 días cada uno). En este proceso concursan todos los créditos originados antes del 12 de febrero.

El pasado 18 de marzo, en el Boletín Concursal fue publicada la nómina de todos los créditos admitidos con derecho a voto en el procedimiento.

Allí aparecen como créditos garantizados uno equivalente a $224.571.338.176 (unos US$256 millones), que corresponde a un bono a siete años emitido en 2020 en Estados Unidos y que UMB Bank de Kansas City representa en nombre de 11 tenedores, y otro con el Banco Internacional por $16.571.119.697. Entre los créditos valistas, hay uno de $41.973.001.664 de un bono nacional a siete años que representa el Banco de Chile por 35 tenedores. A ellos se suman Inversiones Carmel SpA (familia Martínez, la antigua controladora de Enjoy), por $90.013.087; el estudio jurídico Morales y Besa Abogados, por $29.790.087; el bufete Carey y Cía, por $17.189.520; la auditora Deloitte, por $10.051.080; la firma legal Baraona Marshall y Cía, por $4.787.220; y el Banco de Chile por un tenedor de bono, por $523.156.

El 26 de febrero, Jamarne había solicitado la protección financiera en Estados Unidos bajo el Capítulo 15 de la Ley de Quiebras con el fin de resguardar el proceso que se lleva adelante en Chile.

La compañía tiene previsto presentar a sus acreedores el próximo 12 de abril su propuesta de acuerdo de reorganización judicial, la que deberá ser votada el 24 de ese mismo mes en una junta. Si la propuesta es rechazada, ya sea por no obtener el quorum necesario o porque Enjoy se opone, “el tribunal dictará la resolución de liquidación, de oficio y sin más trámite en la misma junta (...) salvo que la referida junta disponga lo contrario por quórum especial (dos tercios del pasivo total con derecho a voto″, para lo cual Enjoy deberá presentar una nueva propuesta en 10 días hábiles y se deberá citar a una junta para los 20 días hábiles siguientes, explicó la firma en sus estados financieros.