La semana pasada, Francisco Coeymans, a través de su abogado -el exfiscal de la zona oriente metropolitana, Manuel Guerra- presentó un reclamo en contra de su detención en Pucallpa, Perú, elevando la discusión a la Corte Suprema chilena. El ejecutivo se enfrenta a un complejo escenario judicial: está detenido en Pucallpa, Perú, a la espera de su extradición a Chile, a petición del Ministerio Público, que investiga la millonaria estafa que afectó a Primus Capital, controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica de 46 años es sindicado por la fiscalía como parte de un esquema fraudulento que afectó al factoring no bancario más relevante de la plaza y que provocó perjuicios por $75.000 millones. El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, solicitó formalizarlo en ausencia al 4° Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 10 de mayo, por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, “blanqueo de capitales”, acceso ilícito a espionaje informático y acceso ilícito a sistemas informáticos, cometidos entre enero de 2019 y junio de 2023.

En el marco de su arremetida para declarar ilegal su detención en Perú, el exejecutivo y accionista de Primus Capital, adjuntó en su presentación un “informe social” entregado el 1 de abril de 2024 por la perito Paola Horta Slusarenko, en el que detalla su vida familiar y los esfuerzos por reinsertarse a la sociedad.

El documento, al que tuvo acceso Pulso La Tercera, señala que desde el 17 de marzo de 2023 no ha ejercido una labor remunerada, financiando sus compromisos económicos por medio de sus ahorros y los retiros correspondientes al seguro de cesantía.

“Hoy no tengo dinero, se me acabaron los ahorros, estoy debiendo algunos dividendos y otros compromisos”, dijo al ser entrevistado por la asistente social.

“No me he reinsertado laboralmente, no he podido por el perjuicio reputacional que tuvo sobre mi persona, por todo el alcance mediático que tiene la causa”, añadió . “He intentado hacer nuevos negocios, pero aún no dan frutos”, comentó Coeymans.

El ingeniero afirmó que tiene amigos del colegio, de la universidad, de la vida: “Ellos saben lo que me pasó y me apoyan”, sostuvo.

Ninguno de ellos estaría relacionado en esta causa y desarrollarían actividades laborales de orden prosocial: “todos trabajan, son profesionales”. De sus redes de apoyo, señaló: “son mi familia, mis padres, mi pareja, ¡mis hijos!, también mis amigos”.

Francisco Coeymans se ausentó el 3 de abril de la audiencia de formalización en la que el Ministerio Público le comunicaría los cargos que investiga en su contra, por lo que la jueza Mariela Leyton, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió aplazar su formalización y dictó una orden internacional de detención.

A esa audiencia se presentaron los otros imputados: Ignacio Amenábar, ex gerente comercial de Primus Capital; Antonio Guzmán, abogado y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quien es defendido por el ex fiscal Pedro Orthusteguy.

En su presentación ante la Corte Suprema, el abogado de Coeymans, Manuel Guerra, cuestionó las afirmaciones que presentó el fiscal Felipe Sepúlveda, quien apoyado del abogado querellante Francisco Velozo, representante de Primus Capital, desacreditó el certificado médico por COVID 19, que presentó en la audiencia la defensa de Coeymans, quien en ese momento era defendido por el estudio Acosta & Cia, encabezado por el penalista Juan Domingo Acosta. Al no presentarse, este último y su equipo renunció a su defensa.

Además, en su presentación solicitó adelantar la vista de la causa a una semana de su formalización, la que está agendada para el próximo 10 de mayo.

Guerra sostuvo que “no es efectivo que el domicilio informado por el señor Coeymans en la causa, correspondiente a calle El Pastizal, comuna de Lo Barnechea, no sea el suyo. El señor Coeymans vive en dicho lugar y mal puede hacerse cargo de la información errada entregada por una asesora del hogar que la resolución que ordena su detención ni siquiera individualiza”, dijo.

“Coeymans jamás ha pretendido asilarse en una supuesta falta de notificación para justificar su inasistencia a la audiencia. Ni a la del 3 de abril pasado, ni a otras realizadas con anterioridad, habiendo siempre comparecido debidamente representado y en lo que se refiere al día 3 de abril, presentando por medio de sus abogados la justificación de su incomparecencia, por lo cual resulta errado indicar que existiría una suerte de sustracción a los actos del procedimiento”, añadió.