Google se enfrenta de nuevo a un caso antimonopolio de gran envergadura

ALEXANDRIA, Virginia - No es habitual que una empresa se enfrente a una demanda del gobierno federal alegando que monopoliza ilegalmente el mercado. Google se enfrenta al segundo caso de este tipo en menos de un año, lo que supone una presión legal sin precedentes en Estados Unidos sobre el gigante de las búsquedas.

La jueza de distrito Leonie Brinkema escuchó el lunes los alegatos iniciales del Departamento de Justicia, que sostiene que Google ejerce un control ilegal sobre el mercado del software utilizado para comprar y vender anuncios digitales, conocido como tecnología publicitaria.

El juicio, cuya duración prevista es de cuatro semanas, se celebra en el norte de Virginia, al otro lado del río Potomac, donde un juez federal de Washington dictaminó el mes pasado que el Departamento de Justicia había probado sus alegaciones de que Google utilizaba tácticas ilegales para preservar su dominio en las búsquedas.

La jueza del caso de las búsquedas debe decidir ahora cómo remediar las infracciones antimonopolio de Google, lo que podría significar limitar su capacidad de pagar a los navegadores web y a los fabricantes de teléfonos para ser su motor de búsqueda predeterminado. Si la empresa también pierde en Virginia, los dos golpes consecutivos podrían mermar algunos de sus flujos de ingresos, en un momento en que está invirtiendo dinero en inteligencia artificial para competir con Microsoft y en una serie de nuevas empresas bien financiadas para construir sistemas informáticos cada vez más potentes.

Los casos también podrían provocar cambios en la forma en que la compañía llega a los consumidores y cómo los anunciantes promocionan sus negocios en Internet.

El caso de Virginia se centra en la omnipresencia de Google en el sector de la tecnología publicitaria, donde facilita gran parte de la compraventa de anuncios digitales que ayuda a financiar a los editores en línea. Google ofrece una plataforma para que los editores ofrezcan y gestionen espacios publicitarios, herramientas para los compradores de anuncios y un mercado en el que compradores y vendedores realizan transacciones.

El Departamento de Justicia, al que se ha unido una coalición bipartidista de 17 estados, alega que Google ha utilizado tácticas ilegales para impedir el auge de tecnologías rivales y encerrar a anunciantes y editores en sus herramientas. El gobierno está tratando de obligar a la compañía a deshacerse de su producto Ad Manager, que en 2020 obtuvo un beneficio operativo de US$ 368 millones, de unos ingresos contabilizados de US$ 7.400 millones, según un estado financiero que la compañía proporcionó al tribunal. Google paga una parte de los ingresos totales a los editores web.

“La conducta de Google está sacada del clásico manual del monopolista”, dijo la abogada del Departamento de Justicia, Julia Tarver Wood, en su discurso de apertura.

“Google no está aquí porque sea grande”, sostuvo Wood. “Están aquí porque utilizan ese tamaño para aplastar a la competencia”, agregó.

El primer testigo del gobierno fue Tim Wolfe, ejecutivo de la editora de periódicos Gannett. La empresa tiene pendiente su propio caso antimonopolio contra Google, que se solapa con la demanda del gobierno.

Google asegura que su éxito se debe a un largo historial de innovación, y critica al Departamento de Justicia por no estar en contacto con las realidades del mercado. El caso se centra en los anuncios de display en sitios web, pero “la atención del usuario migró a otros lugares hace años, a aplicaciones, redes sociales y televisión conectada”, manifestó Google en una reciente presentación judicial.

Karen Dunn, abogada de Google, afirmó en su declaración inicial que el mercado de la publicidad digital es más competitivo que nunca. Empresas como Microsoft y TikTok están ascendiendo, mientras que la cuota de mercado de Google está disminuyendo, explicó.

“Lo que buscan los demandantes podría causar un daño real”, señaló Dunn, socia del bufete de abogados Paul Weiss que ha asesorado a la vicepresidenta Kamala Harris en su campaña presidencial.

El negocio publicitario de Google es una gallina de los huevos de oro, ya que representa más de tres cuartas partes de los ingresos de la empresa matriz Alphabet, de los US$ 307.400 millones el año pasado. Aunque la demanda del Departamento de Justicia sólo cuestiona algunas de sus partes, una victoria del gobierno podría tener efectos dominó porque la tecnología publicitaria de Google se ha entretejido en sus operaciones.

El negocio de tecnología publicitaria de Google permite a la empresa conocer los hábitos de navegación por Internet de millones de personas y las actividades de los editores en línea más visitados, como los medios de comunicación.

Según el Departamento de Justicia, en 2016 Google dio marcha atrás en una política que venía aplicando desde hacía tiempo y comenzó a fusionar la información que recopilaba de los visitantes de sus propios sitios, con los datos obtenidos de su actividad en otros lugares de Internet.

El Departamento de Justicia alegó en documentos judiciales que este cambio, conocido dentro de Google como “Proyecto Narnia”, le permitió orientar los anuncios “de una manera que nadie más en la industria podía”. Google ha negado las acusaciones.

El caso ante Brinkema, designada por el expresidente Bill Clinton, se tramitará sin jurado, lo que es habitual en los casos antimonopolio del gobierno. El Departamento de Justicia hizo un intento inusual de llevar el litigio ante un jurado incluyendo una reclamación por daños y perjuicios, alegando que el propio gobierno pagó en exceso por los anuncios en línea. Google, a su vez, extendió al gobierno un cheque por valor de US$ 2,3 millones, devolviendo así la petición de daños y garantizando un juicio sin jurado.

La empresa se encuentra en la cuerda floja al iniciarse el juicio, debido a la eliminación de mensajes internos que podrían haber sido relevantes para el caso.

El mes pasado, Brinkema criticó a Google por una política anterior de la firma, consistente en borrar automáticamente los registros de chat de los empleados, afirmando que “no es la forma en que debe funcionar una entidad corporativa responsable” y que “ya se han destruido muchísimas pruebas”.

El Departamento de Justicia instó a Brinkema a deducir que las pruebas destruidas eran desfavorables para Google. Google replicó que el Departamento conocía su política años antes de denunciarla ante el tribunal, pero esperó a plantear la cuestión para obtener una ventaja táctica.

La jueza se negó a imponer una sanción formal a Google, pero comentó que la cuestión se tendría en cuenta a la hora de determinar la credibilidad de los testigos del juicio.