La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) cuestionaron formalmente el anteproyecto del Ministerio del Medio Ambiente que define las reglas de la gobernanza del Acuerdo de Escazú. En el marco de la consulta pública realizada entre el 10 de enero y el 10 de febrero, ambos gremios señalaron serias deficiencias en los mecanismos propuestos.

El documento oficial en consulta —el cual forma parte del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) 2024–2030— busca estructurar un sistema de gobernanza nacional y regional con participación del sector público, privado, académico y de la sociedad civil. Sin embargo, desde los gremios acusan que la iniciativa contiene elementos que limitan la representación del mundo productivo, establece barreras innecesarias y no se condice con principios básicos de inclusión, proporcionalidad ni eficacia.

Uno de los puntos más criticados por la CChC se refiere a las inhabilidades para participar como representantes del sector privado en el futuro Consejo Nacional de Escazú. En su documento, el gremio cuestiona que se establezca como inhabilidad a personas jurídicas respecto de aquellas que hayan sido sancionadas en el marco de la Ley N°21.595 que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, o cuenten con procesos sancionatorios finalizados por alguna autoridad sectorial con competencia ambiental, con ocasión de infracciones graves o gravísimas contra el medioambiente.

“Sugerimos revisar esta inhabilidad porque el texto remite las inhabilidades a la ley en su parte final, pero no se indica a cuál normativa se refiere. Las inhabilidades por delitos económicos y ambientales dicen relación con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, los cuales sólo pueden ser ejercidos por personas naturales. Representar a uno de los sectores reconocidos como miembros de la gobernanza de Escazú en Chile no es un cargo público y extenderla a la responsabilidad penal de las personas jurídicas pareciese no condecirse con el espíritu de la ley”, consignó la Cámara en su escrito.

“En cuanto a las sanciones administrativas graves o gravísimas en materia ambiental, restar de instancias como estas no se ajustan a orientaciones de promover el cumplimiento ambiental por sobre la sanción y pareciera ser una doble sanción para uno o varios hechos sin normativa que lo sustente”, añadió.

Chile ratificó el Acuerdo de Escazú en 2022 y desde entonces el Ministerio del Medio Ambiente ha impulsado una hoja de ruta para su implementación. Durante 2023 se llevó a cabo un proceso de participación temprana que incluyó talleres, cabildos autoconvocados y consultas virtuales, donde participaron más de 1.700 personas. El Plan Nacional de Implementación Participativa (PIPE) fue aprobado en abril de 2024 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y la propuesta de reglas de gobernanza fue sometida a consulta pública en enero de este año.

En la misma línea, la Sociedad Nacional de Minería alertó que el diseño institucional propuesto por el ministerio no solo es excesivamente formalista, sino que también genera obstáculos prácticos. “La propuesta plantea una convocatoria amplia para la elaboración de un Registro Nacional de Organizaciones (gremios, sociedad civil y academia), el establecimiento de un sistema electoral propio (…) lo que puede redundar en demoras en la conformación del Consejo y los Comités, y dificultar la participación efectiva de todos los sectores, en particular los gremios”, advirtió el documento.

La Sonami señaló que esta propuesta “complejiza, en demasía, la definición de los actores relevantes” y que “resulta de alta complejidad y propone una excesiva burocracia, sin proporcionar información respecto de la forma de implementación y de su financiamiento”. Además, consideran que el nuevo registro propuesto es innecesario: “Establecer un nuevo registro resulta inconsistente con los registros públicos ya existentes en el Ministerio de Economía, no observándose su necesidad frente a la posibilidad de duplicidad y contradicciones”.

Tanto Sonami como la CChC objetaron el procedimiento de elección de los representantes del sector privado en el Consejo Nacional. El artículo 14 del anteproyecto contempla cuatro cupos, de los cuales dos están asignados al sector energía y minería, y los otros dos a “otras entidades gremiales empresariales”.

La Cámara Chilena de la Construcción planteó que esto “atenta contra la libertad de las entidades gremiales empresariales para definir quiénes los representan”, indicando que “no se utiliza el mismo razonamiento para sectores de la sociedad civil o para la academia”. En tanto, Sonami agregó que la convocatoria limitada a la publicación en el sitio web y el envío de cartas “podría excluir a organizaciones no registradas o a sectores emergentes, afectando la representatividad del proceso”.

Ambos gremios recomiendan que cada organización elija a sus representantes conforme a sus propios estatutos, sin necesidad de una comisión electoral ni de un proceso centralizado por parte del ministerio.

Otro punto en discusión es la aplicación obligatoria de paridad de género en los representantes. Sonami cuestionó que esta regla “podría afectar la representatividad de algunos sectores, toda vez que si se supera el número máximo de representantes de un género, la norma obliga a sustituir a los candidatos con menor votación, lo que podría afectar la elección de representantes idóneos, por ejemplo, del sector minero”. Y agregó: “Más aún cuando la participación femenina en el sector minero aún es baja, esto podría generar distorsiones en la elección”.

En otro de sus reparos, Sonami acusó que el diseño propuesto no asegura la debida conexión entre el Consejo Nacional y los Comités Regionales. “La ausencia de un vínculo formal entre ambos niveles de gobernanza genera una desconexión que podría afectar la aplicación efectiva del PIPE en el país”, señaló el gremio, que recomendó establecer mecanismos explícitos de coordinación para asegurar la coherencia territorial del plan.