Horizontal propone una ley marco para regular las transferencias del Estado a privados

Los problemas en la ejecución de los recursos que tuvieron los gobiernos regionales y las asignaciones directas a fundaciones sin fines de lucro sin justificación generarán cambios en la ley de Presupuestos 2024, que se discutirá entre octubre y diciembre. Eso es un hecho. Y fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, el que lo planteó cuando, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en las comisiones de Hacienda y del Senado adelantaron algunas modificaciones que habrá para las asignaciones directas a privados.

En paralelo a ello, en el proyecto de ley de rentas regionales se aumentarán-vía indicaciones-los controles y rendición de cuentas de los gobernaciones regionales con sus presupuestos.

Un informe de Horizontal, centro de estudios ligado a Evópoli, también entrega una serie de recomendaciones para que puedan ser parte del debate que se avecina y que seguramente será lo medular en la discusión del erario fiscal que regirá desde enero del próximo año.

En el documento, “Propuestas para una mejor regulación de las transferencias del Estado” realizado por la investigadora Soledad Hormazábal y el investigador José Ignacio Llodrá desarrollan distintas ideas que apuntan a regular de mejor manera las transferencias estatales.

En el texto se dividen entre medidas de corto y mediano plazo. “El primer paso para avanzar en una mejor regulación de las transferencias del Estado debiese ser clasificarlas y generar un informe consolidado que permita tener una visión holística sobre el funcionamiento de la relación del Estado con la sociedad civil en las labores sociales”, señala el documento.

Para el corto plazo se menciona que se debe identificar el funcionamiento de las transferencias a las instituciones privadas sin fines de lucro en las glosas presupuestarias. Adicionalmente, dicen que los criterios para convenios deben estandarizarse. Esto se puede hacer mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda, lo que facilitará la labor de la revisión de rendiciones de fondos a que realiza la Controlaría General de la República.

También proponen revisar transferencias activas en glosas como el realizar una revisión comprensiva de las transferencias realizadas a instituciones sin fines de lucro y, a su vez, identificar su mecanismo de asignación. El perfeccionar los registros de la Ley 19.862 “para que permita capturar adecuadamente la entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil. Las clasificaciones deben detallarse y revisarse las posibles inconsistencias de los datos. Se debe poder diferenciar correctamente las transferencias asignadas mediante concursabilidad de aquellas que se entregan por asignación directa”, puntualizan.

Otra medida apunta a una estandarización de criterios de convenios. Para ello, mencionan que “el Ministerio de Hacienda debe dictar instrucciones a los Servicios Públicos entregando lineamientos generales y modelos de convenios para que sean utilizados por los Servicios Públicos en el reporte de las transferencias”. Así, dicen que “la instrucción que emane de Hacienda además debe obligar a los servicios a que establezcan objetivos y metas a las transferencias que se efectúan, también se debe establecer que los servicios tendrán que recabar datos sobre el cumplimiento para una posterior evaluación de gasto”.

Otra propuesta se relaciona con la creación de portal único de fondos concursables de la sociedad civil. “Esto porque actualmente a diferencia de cómo opera el sistema de compras públicas con un portal único para el mercado público, considerando la heterogeneidad de servicios y productos que demanda el Estado. Los espacios de aporte del aporte de la sociedad civil se publicitan de manera particular por cada servicio público mediante estrategias propias”.

Entre las medidas de mediano plazo, la propuesta de Horizontal indica que se debe avanzar en una “institucionalidad robusta y moderna que norme, ordene y establezca mecanismos de asignación y evaluación a las transferencias estatales”, dice el documento. Esto, según señalan, permitirá “garantizar una gestión más efectiva de los recursos públicos destinados a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas”.

Por esta razón, proponemos que “exista un informe consolidado que permita dar cuenta de la acción de la sociedad civil en las políticas públicas”. También se debe legislar para crear una Ley Marco de Transferencias que establezca las responsabilidades de los organismos colaboradores, criterios de concursabilidad de fondos públicos y criterios de transparencia y proponen crear un sistema integrado de información que consolide las plataformas informáticas existentes.

Entre las medidas concretas que plantean está la creación de un informe consolidado de participación de la Sociedad Civil. En este se propone que el Estado elabore un informe anual que dé cuenta de las actividades en las que participa la sociedad civil, los fondos que recibe y los resultados de esta acción, el cual debería ser elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social en conjunto con otros organismos del Estado que entreguen fondos a la sociedad civil y debe incluir también los montos totales de donaciones con créditos o franquicias tributarias.

Otra recomendación apunta a la implementación de una ley marco para transferencias del Estado. “Para lograr el objetivo de establecer una institucionalidad moderna y robusta que norme las transferencias del Estado proponemos el envío de un proyecto de ley marco que aborde de manera integral la regulación de las transferencias estatales. Este proyecto debería incluir diversas medidas clave para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos públicos”.

Entre los criterios que debe tener la ley marco está la obligación de concursabilidad. “Debe ser obligatorio el concurso público con libre entrada de oferentes según criterios y estándares definidos en los llamados a concursos, las excepciones o tratos directos deben ser mediante causales definidas en la ley, las que deben ser fundamentadas”.

Ante las dudas de que si todas estas medidas podría aumentar la burocracia y por ende hacer el proceso más lento, una de las autoras del informe, Soledad Hormazábal, dijo que “es difícil que aumente, porque muchos de los procesos que proponemos acá ya existen en el Estado y se usan como norma general en las compras públicas y en otros tipos de asignaciones”. En ese sentido, puntualiza que “los equipos de gobierno tienen las capacidades. Si bien existen casos en que la asignación de fondos puede demorarse más por necesitarse de un concurso, este es un mejor mecanismo para asegurar libre acceso de oferentes, transparencia y mejor servicio”.