Un estudio económico encargado por Varifarma, laboratorio argentino, en el marco de una disputa por competencia desleal contra Pfizer en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), afirma que hasta US$ 11,6 millones paga el Estado chileno en sobreprecio por la compra de medicamentos contra la artritis reumatoide.

El conflicto, que se arrastra desde 2023, se originó a raíz de una acción legal iniciada por Pfizer para impedir la comercialización en Chile del medicamento Tofacitinib por parte de Varifarma y otros laboratorios. La farmacéutica estadounidense argumenta que el fármaco está protegido por una patente en el país, lo que ha restringido su venta a nivel institucional y privado.

Sin embargo, el informe económico presentado por los economistas Joaquín Poblete y Mauricio Sauma sostiene que esta patente no se encuentra vigente y que la restricción ha generado un daño significativo al Estado chileno, a los consumidores y a los competidores de Pfizer.

Varifarma cuenta con la asesoría legal de Cristián Reyes, socio de Aninat Abogados, y su equipo, quienes han denunciado que la medida impuesta por Pfizer constituye una barrera artificial a la competencia en el mercado chileno de medicamentos de alto costo.

El caso comenzó en 2023, cuando Varifarma Chile SpA intentó ingresar al mercado con su versión de Tofacitinib, un medicamento utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide refractaria en pacientes que no han respondido a otros tratamientos.

El medicamento, cuyo nombre comercial es Xeljanz cuando es comercializado por Pfizer, pertenece a la categoría de inhibidores de JAK, un grupo de fármacos diseñados para modular la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico.

La disputa legal escaló cuando Pfizer presentó una acción para impedir la venta del medicamento en Chile, argumentando que su patente aún estaba vigente. Esto provocó que Varifarma quedara fuera de la licitación 621-479-LR23, adjudicada a su favor pero que no pudo ejecutarse debido a la controversia legal.

Como consecuencia, el Estado chileno se vio obligado a continuar comprando el medicamento a Pfizer a un precio significativamente más alto, generando un sobreprecio acumulado de US$ 4.444.753 solo desde octubre de 2023 hasta la fecha.

El caso se encuentra actualmente en tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde Varifarma busca demostrar que la patente invocada por Pfizer no tiene validez en Chile y que la medida de exclusión es un abuso de posición dominante.

El informe económico señala que “la restricción a la comercialización de Tofacitinib afecta la eficiencia económica, lo que, a su vez, produce daños a varios actores en el mercado”.

El perjuicio económico total, acumulado desde octubre de 2023, alcanza los US$ 4.444.753 en sobreprecios pagados por el Estado en licitaciones y compras directas, según indica el documento. Además, afirma que la estrategia de importación de Pfizer ha generado un impacto en la recaudación fiscal, ya que la farmacéutica importa el medicamento a un precio muy superior al de otros actores.

El informe detalla que “por cada comprimido de Xeljanz vendido al Estado, Pfizer obtiene una utilidad de 6 dólares menos que si la vendiera otra empresa”, lo que ha generado una pérdida tributaria de US$ 1.391.554, cifra que podría aumentar hasta US$ 2.783.108 si la restricción persiste hasta abril de 2025.

El análisis del informe confirma que la comercialización de Tofacitinib en Chile está en manos exclusivas de Pfizer, lo que ha impedido que otros actores ingresen al mercado con precios más competitivos.

El documento afirma que “Pfizer Chile S.A. en conjunto con Pfizer Inc. han aumentado sus utilidades producto de la limitación a la venta que han impuesto”. También se detalla que “Pfizer paga un precio promedio de USD 6,71 por comprimido en sus importaciones, mientras que otros importadores adquieren el mismo medicamento a un precio inferior a USD 1″.

Según la demanda, Varifarma ha sido uno de los principales afectados por la restricción, ya que, pese a haber adjudicado la licitación 621-479-LR23, no pudo concretar la venta de su medicamento.

El informe sostiene que “el daño total que las acciones de Pfizer han generado sobre Varifarma asciende a US$ 888.199″.

Además, el daño mensual estimado para Varifarma es de US$ 90.000, lo que significa que, si la situación persiste hasta abril de 2025, la cifra total de perjuicio para el laboratorio argentino ascendería a US$ 1.698.199.

El informe también menciona que otros laboratorios, como Laboratorios Elea, han enfrentado problemas similares y han debido abstenerse de participar en licitaciones debido a “motivos legales”.

El informe también advierte sobre el efecto negativo para los pacientes que deben adquirir el medicamento de manera particular, fuera del sistema público.

El análisis de importaciones muestra que “existe un universo de consumidores que no obtienen el medicamento mediante la Ley Ricarte Soto y que se ven en la necesidad de importarlo”. El estudio también sugiere que algunos pacientes podrían haber dejado de consumir el medicamento debido a los altos costos y las dificultades para importarlo.

El informe calcula que “Pfizer ha incrementado sus utilidades en al menos US$ 5.836.307 gracias a la falta de competencia en el mercado chileno”. Este monto se obtiene sumando el sobreprecio que el Estado ha pagado en compras institucionales (US$ 4.444.753) más la pérdida fiscal estimada (US$ 1.391.554).

Si la restricción se mantiene hasta abril de 2025, las utilidades adicionales de Pfizer podrían superar los US$ 11,6 millones. “La obstaculización de comercialización a otras empresas ha ocasionado daños a Varifarma por un monto cercano a los US$ 900.000, un daño total al Estado de US$ 5.836.307 y un daño difícil de cuantificar para otros potenciales pacientes que hoy importan directamente el medicamento o sencillamente no lo consumen”, finaliza el informe.

Si la situación continúa hasta abril de 2025, las cifras de perjuicio económico podrían duplicarse, consolidando la posición monopólica de Pfizer y aumentando el impacto en los consumidores y las arcas fiscales.

El caso sigue en tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde se espera que en los próximos meses se resuelva si la conducta de Pfizer constituye una práctica anticompetitiva y si el mercado de Tofacitinib en Chile debe abrirse a otros actores.