Justicia rechaza recurso de protección de comunidad aymara por consulta indígena del salar de Coipasa
La Corte de Apelaciones de Iquique consideró que la resolución que dio inicio al proceso de consulta, dictada por el Ministerio de Minería, no excluyó a la comunidad de Ancovinto, y puntualizó que, de hecho, “se encuentra actualmente participando de aquel procedimiento, incluso siendo notificado para su asistencia y estando presente en la primera reunión que se llevó a cabo”.
Una derrota en la justicia vivió la comunidad aymara de Ancovinto, en su recurso de protección contra los ministerios de Minería y de Desarrollo Social, en el marco de la consulta indígena para entregar un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el salar de Coipasa.
La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la acción constitucional de protección, presentada por el presidente de la comunidad, Joel Gómez Mamani, tras considerar que la resolución que dio inicio al proceso de consulta, dictada por el Ministerio de Minería, “no excluyó a la parte recurrente”, y puntualizó que, de hecho, “se encuentra actualmente participando de aquel procedimiento, incluso siendo notificado para su asistencia y estando presente en la primera reunión que se llevó a cabo”.
La resolución, dictada en forma unánime por la primera sala del tribunal de alzada tarapaqueño -integrada por el presidente (s), Pedro Guiza, el ministro suplente Francisco Berrios y el abogado integrante Sergio del Fierro- respaldó la legalidad del decreto que convocó al inicio del proceso de consulta, asegurando que “no existe acto arbitrario o ilegal que funde la acción impetrada”.
La resolución exenta 2748, de fecha 25 de octubre de 2024 y publicada en el diario oficial el lunes 4 de noviembre, incluyó a seis comunidades: Comunidad Indígena Aymara Central Citani, Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Colchane, Comunidad Indígena Pueblo de Pisiga Carpa, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Choque, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Carpa, y Comunidad Indígena Aymara Colchane Andino Nº 2. Según consta en el acto administrativo, dicho listado fue informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a solicitud de Minería, y fue confeccionado a partir del Registro Nacional de Asociaciones y Comunidades Indígenas.
Según Ancovinto, ello significaba una exclusión “ilegal y arbitraria” a la comunidad, que se encontraba “en idéntica situación jurídica y territorial mayormente afectada, ya que el trazado del CEOL se solapa en un elevado porcentaje (con) el territorio de Ancovinto, lugar utilizado para la subsistencia de las familias de Ancovinto”.
En dicho yacimiento, ubicado ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Colchane -zona fronteriza entre Chile y Bolivia- SCM Copiapó, sociedad perteneciente al grupo Errázuriz, corre con ventaja para quedarse con el permiso en el marco del procedimiento simplificado -o fast track-, ya que cuenta con el 87% del área referencial del polígono señalado por el gobierno para desarrollar un proyecto de litio, cifra que supera el 80% solicitado por el Ejecutivo para priorizar los adjudicatarios.
Consultado, Joel Gomez, presidente de la comunidad de Ancovinto, señaló a Pulso que “el pronunciamiento de la Corte es meramente burocrático, pues en el fondo ganamos: a petición de la comunidad, el gobierno se comprometió a dictar un nuevo decreto, eliminando el copy paste que denunciamos, e incluyendo a la comunidad de Ancovinto en la lista de los afectados por el Contrato especial de operación de litio. De hecho, la consulta se encuentra suspendida hasta ese nuevo decreto. Depende del gobierno, nosotros estamos esperando que cumplan con su palabra”.
Por su parte, desde el Ministerio de Minería indicaron a este medio que el proceso de consulta indígena sostuvo su primera sesión, en la que participaron 65 personas de treces comunidades, pero aún se encuentra en su etapa de planificación. Dicho estatus, afirmaron, no significa que el procedimiento se encuentre paralizado.
Suina Chahuán, subsecretaria de Minería, explicó que “el fallo confirmó la legalidad de la resolución del ministerio que dio inicio a la consulta indígena, por lo cual nuestros equipos trabajan en la habilitación y continuidad del proceso, tal como ocurre en otros territorios donde las consultas avanzan”.
“Para el caso de Coipasa, y más allá del fallo, el Ministerio siempre se encuentra disponible para considerar los planteamientos de las comunidades y avanzar con flexibilidad, al mismo tiempo que cumple con los hitos que se han programado en relación con esa calendarización. En este sentido, se está conversando con las comunidades para retomar la planificación en marzo o abril, considerando sus planteamientos y buscando las mejores condiciones para que todas las comunidades estén debidamente representadas”, agregó Chahuán.
La susbecretaria detalló los avances del resto de los proceso de consultas indígenas que se encuentran abiertos. “En el caso de Ascotán y Ollagüe, se llevaron a cabo las reuniones de planificación y en ambas consultas continúan en marzo con la etapa de información. En enero además ya se publicó en el diario oficial la resolución de cierre de la consulta indígena por la solicitud de CEOL de Enami en salares Altoandinos y en Maricunga estamos en la etapa de diálogo y esperamos en marzo avanzar en el logro de un acuerdo”, comentó.
Así, remarcó que “tenemos programadas en los meses que siguen el inicio de las consultas que nos permitirán habilitar los espacios territoriales en los que se otorgarán ceoles en el marco de la Estrategia Nacional del Litio”.
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