“Caminemos un poco más allá, por favor. No quiero que nadie se caiga. Más allá voy a hablar, no hay problema”.

Con estas palabras, Álvaro Jalaff Sanz, exfundador y socio del grupo Patio, enfrentó a la prensa al llegar al Centro de Justicia en su segundo día de formalización en el marco del caso Factop. Durante ambos días, el mensaje fue prácticamente el mismo: “Vengo a ponerme a disposición, como cualquier chileno debe hacerlo. Estamos tranquilos, confiamos en la justicia, y mis abogados van a demostrar que soy inocente”.

Según el Ministerio Público, Álvaro Jalaff Sanz y su hermano Antonio Jalaff Sanz habrían recibido financiamiento de la empresa Factop SpA a través de préstamos disfrazados como operaciones de factoring. Estos préstamos habrían involucrado la emisión y recepción de facturas falsas, y su objetivo era ocultar deudas y problemas de liquidez, particularmente de Antonio Jalaff. Asimismo, se acusa a Álvaro Jalaff de haber participado en maniobras financieras y de estructuración de un fondo ilícito en colaboración con otros imputados, incluyendo altos ejecutivos de Larraín Vial, para aparentar solvencia y evitar investigaciones administrativas y penales.

Jalaff es acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal, uso maliciosos de instrumento privado mercantil falso y soborno.

La defensa de Álvaro Jalaff, liderada por el abogado Hugo Rivera, enfatizó que él no ha sobornado a nadie, lo que niegan tajantemente, y que esto demuestra cómo la Fiscalía está tratando de juntar partes y piezas para imputarle delitos a su cliente que nunca han existido, utilizando declaraciones intencionadas por los fiscales. Ello se especificará en la audiencia de formalización, añadió la defensa.

Pulso tuvo acceso a la nueva minuta que elaboró la Fiscalía en el que devela los presuntos delitos que cometieron los imputados. En el escrito, la Fiscalia detalla los fundamentos que tiene imputar a Jalaff por soborno, delito por el que el Ministerio Público pretende pedir la medida cautelar de prisión preventiva.

Junto con otros imputados, Alvaro Jalaff está acusado de realizar pagos ilícitos a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) con el objetivo de obtener información confidencial sobre las fiscalizaciones a sociedades relacionadas. Estos sobornos habrían sido coordinados por Luis Hermosilla Osorio, quien, junto a María Leonarda Villalobos Mutter, gestionó los pagos para garantizar que las actividades ilícitas no fueran detectadas.

Según el documento, “los imputados Daniel Sauer Adlerstein y Álvaro Jalaff Sanz, bajo la dirección del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, y a través de la imputada María Leonarda Villalobos Mutter, sobornaron al funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Ignacio Mejías Esparza”.

El esquema para financiar los sobornos fue meticulosamente organizado, sostiene el documento: “Para financiar el pago de las respectivas dádivas a Mejías, Daniel Sauer Adlerstein y Álvaro Jalaff Sanz, bajo la dirección y coordinación de Luis Hermosilla Osorio, concertaron con la imputada María Leonarda Villalobos la provisión de los fondos necesarios para solventar el importe del beneficio económico que aquella pagaría, los que fueron entregados directamente por Sauer a Villalobos y, en el caso de Jalaff, fueron proporcionados en dinero en efectivo por intermedio de Marcelo Medina del Gatto”. Este procedimiento evidenció una estructura deliberada para ocultar el origen ilícito de los recursos destinados al soborno.

Adicionalmente, el texto explica que estas acciones se desarrollaron en un contexto donde las investigaciones podían “develar las conductas ilícitas” relacionadas con la utilización de facturas falsas y la estructuración de un fondo de inversión público diseñado con fines fraudulentos. El soborno tenía como fin principal evitar sanciones legales y administrativas, además de garantizar la continuidad de las operaciones ilícitas de las empresas involucradas.

Para justificar su acusación ante el tribunal, la Fiscalía adjuntó en su minuta una serie de gestiones que realizó Patricio Mejías, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Según el texto, Patricio Mejías realizó gestiones a través de Sistema Integrado de Información del Contribuyente (SIIC) que beneficiaron a sociedades de inversión de Álvaro Jalaff, como Inversiones Las Vegas Limitada (23) e Inversiones Ensenada SpA (16), Inversiones Ensenada SpA (7) e Inversiones Las Vegas Ltda. (7).

Las gestiones incluyeron tratamiento personalizado al contribuyente, la revisión de antecedentes generales y la detección de brechas en el cumplimiento tributario. También se enfocó en analizar declaraciones de IVA y renta, verificar deudas por giros pendientes, examinar expedientes de actos administrativos y evaluar las mallas familiares, societarias y comerciales vinculadas.

Según la Fiscalía, durante el período en que Patricio Mejías fue sobornado por Leonarda Villalobos, este accedió a los sistemas del SII para revisar la situación tributaria de 14 sociedades.

La Fiscalía acusa a Mejías de desobedecer normas clave del Estatuto Administrativo y el Código Tributario. Accedió al sistema del SII para consultar información fuera de sus funciones, infringiendo las políticas que limitan el uso de datos confidenciales y el acceso a recursos computacionales.

Además, vulneró el principio de probidad administrativa al usar información reservada para fines ajenos y aceptar beneficios indebidos en razón de su cargo.