La columna de Tamara Agnic: “Corrupción y la responsabilidad compartida”

Hasta fines del año pasado, el Ministerio Público llevaba 642 causas abiertas por delitos de malversación y fraude al Fisco vinculados con alcaldes y funcionarios municipales. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde 2009 había acumulado más de 200 querellas por corrupción en contra de municipios, corporaciones municipales y sus funcionarios, incluidos los alcaldes. Sólo en los últimos 24 meses, se han conocido al menos 55 casos de mal uso de recursos y bienes públicos, cohecho, ocultamiento de información, uso de cargos públicos para fines personales y fraude al fisco.

Con justa razón, Chile retrocedió un punto y dos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, pasamos del lugar 27 al 29, indicador en el que veníamos estancados hace 6 años. Como Chile Transparente consideramos delicado que se nos presente como país “a observar” ya que desde 2014 hemos tenido una caída significativa de 7 puntos en esta medición. Esto pese a que en los últimos años se han aprobado o presentado al menos una decena de iniciativas legales y normativas para poner freno a la corrupción entre las que se cuentan la reforma a la ley de compras públicas, el sistema de auditoría interna de gobierno, la Ley de crimen organizado, la de delitos económicos, o la reciente propuesta de proyecto de inteligencia económica y el de reducción de la evasión tributaria.

Es evidente que no basta con cambios legales o complejizar las que ya existen, si no hay cambios más profundos en el comportamiento de los ciudadanos frente al crimen organizado, tanto el violento como el de cuello y corbata. Y esto ocurre apenas a meses de las elecciones municipales de 2024 -en octubre- municipios que como mencioné antes, no se salvan del más somero análisis de malas conductas y corrupción asociadas a la gestión de sus autoridades y funcionarios.

Debiéramos contar con un mecanismo que brinde a la ciudadanía un acceso más claro y transparente a información relevante antes de ejercer su voto. Sin embargo, ¿es justificable eximir por completo de responsabilidad a aquellos que han elegido a figuras que posteriormente se han visto involucradas en graves escándalos de corrupción o, al menos, en el derroche de valiosos recursos públicos? ¿Deberíamos permitir que se esgrima la excusa de la indiferencia hacia la política o la creencia de que “todos los políticos son iguales” como justificación para malas elecciones?

El perfeccionamiento de la democracia pasa por un doble ejercicio, un mayor involucramiento de los ciudadanos y un nítido compromiso de quienes postulan a cargos públicos con mejores estándares de probidad y la rendición de cuentas.

Se puede echar la culpa al empedrado siempre. Los electores pueden decir que no confían en los partidos, los municipios pueden argüir que hay falta de profesionalización en varias líneas de la gestión, que el anquilosamiento de los líderes provoca focos de corruptela o que se requieren mejores herramientas de gestión, pero acá hay que admitir que cuando los votantes le dan poder a personajes que no tienen experiencia en gestión pública, cuando eligen a partidos que no condenan ni dan señales duras contra las prácticas corruptas o cuando sencillamente renuncian a “saber” e informarse, la responsabilidad al menos es compartida.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y socia de ETICOLABORA.