La lucha de DirecTV contra las llamadas “cajas de cable”

Si bien la piratería había sido un ingrediente más que afectaba al negocio, ahora el foco era distinto: las llamadas cajas de cable, que otorgan un abanico de señales pagando un abono, pero que, al final del día, es sólo contenido ilegal, pues sus distribuidores no pagan por esa programación. “Se venden en el comercio establecido y en plataformas online, dando una falsa apariencia de legalidad frente a los consumidores”, explica la gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de la firma, Catalina Achermann. “Estamos frente a asociaciones que cometen diversos delitos”, agrega.

Según datos de la compañía, a septiembre habían ingresado al país más de 100 mil de esos dispositivos, cifra un 149% superior a 2020, que ya había sido, además, un 93,4% más que un año atrás.

DirecTV lleva más de una década impulsando mecanismos para combatir la piratería. En cada país donde operan tienen un equipo encargado justamente de eso. Y en 2013 crearon -junto a otros proveedores- la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga, con el objetivo de generar acciones para combatir el delito en la región. Datos de la asociación apuntan a que sólo los operadores pierden del orden de US$ 93 millones anuales por la piratería.

Es que su extensión es alarmante. Según un estudio de Ipsos citado por DirecTV, un 51% de los hogares chilenos está accediendo a contenido a través de plataformas no oficiales; un escenario que se ha agravado con el Covid-19.

“El gran cambio se dio con el auge de las plataformas de streaming, ya que se comenzaron a piratear otros contenidos a través de distintas plataformas, aumentando el alcance y uso de sitios y dispositivos ilegales”, señala Achermann. “(Esta situación) se ha incrementado significativamente con la pandemia y cuarentenas, al estar más hogares conectados”, añade.

En la seguidilla de querellas interpuestas, DirecTV explica que su servicio se recibe mediante una señal satelital tras la contratación de un plan. La señal está protegida mediante un sistema de encriptación que es vulnerado por los piratas.

“Recientemente, hemos sido testigos de la masificación de una novedosa forma de piratería”, dicen. Se trata del Internet Protocol Televisión (IPTV) no autorizado. En términos simples -explican-, los operadores de este servicio ofrecen a sus clientes televisión de pago por medio de internet, dándoles acceso a diversos canales, por medio de sitios webs, cajas o la descarga de aplicaciones. Estos contenidos son previamente extraídos desde la señal de operadores legales, por lo que no pagan a los canales de televisión o cadenas mayoristas los correspondientes derechos. “La piratería evoluciona rápidamente, los equipos IPTV son solo una muestra de las innumerables formas de piratería. Los piratas tienen conocimiento en hackeo y tecnología”, explican en la compañía.

Existen IPTV Públicos donde los contenidos están en la red y se comercializan a través de la venta de las cajas con todas las señales. O privados, donde los contenidos están concentrados en uno o más servidores, que son administrados por un operador IPTV; operan como un cableoperador propiamente tal, ofreciendo acceso vía la web a través de un pago. Ambos son ilegales.

La mayor proliferación está en el primer formato, las cajas IPTV o TV Boxes que vienen preconfiguradas, o los programas y sus actualizaciones se descargan de manera sencilla vía una conexión a internet.

Las querellas recaen sobre empresas y usuarios puntuales que justamente comercializan estos sistemas. Ofrecen cajas a unos $ 30 mil y planes por $ 8 mil mensuales.

“Nuestro foco central es proteger el contenido audiovisual y tratar de evitar el impacto económico negativo que genera para la economía creativa su distribución ilegal, ya sea a través de dispositivos IPTV, como de la retransmisión de contenidos audiovisuales de plataformas de streaming, como DirecTV GO”, explica Catalina Achermann. Las pérdidas tras esta situación son millonarias. Datos del 2020 dan cuenta de una merma de unos US$ 1.400 millones en América Latina sólo por menores impuestos recaudados a raíz del acceso a contenido ilegal.

La compañía interpone querellas cada vez que encuentra un retransmisor ilegal relevante. Y ahora espera que el proceso penal siga su curso, además de conseguir respuestas por parte de las autoridades competentes, dicen.