La Moneda no logra bajar la presión por Corfo: Marcel adelanta su regreso de vacaciones y Contraloría inicia indagación

A las 15.00 horas, en Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordará por primera vez la polémica que se levantó por el traspaso desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de 3.500 millones de dólares en 2023 al Tesoro Público, lo que levantó cuestionamientos políticos de los presidenciables de la oposición en un año electoral donde el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca intentar lucir sus resultados financieros.

Los traspasos no implican irregularidades, pero sí han levantado la preocupación en Palacio por el nuevo golpe directo al equipo económico Ejecutivo, cuyo rostro es Marcel, uno de los ministros con mejor evaluados del gobierno, tanto así que el secretario general del PS, Camilo Escalona hasta hace poco lo mencionaba como presidencial.

La apuesta del gobierno hasta hoy era contener las críticas a través de las declaraciones del ministro de Economía Nicolás Grau y de la declaración del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien salió a explicar su voto de abstención ante la solicitud de traspaso.

Pero en vista de que la presión no aflojó, esta mañana el jefe de las finanzas sorprendió al anunciar la interrupción de sus vacaciones para abordar personalmente la polémica revelada por The Clinic, por la que Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) -los presidenciables de la derecha- han cargado contra él.

Originalmente se proyectaba que el ministro Marcel regresara la próxima semana y en su ausencia se mantendría como subrogante era la directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez (FA). En la Moneda reconocen que ella habría tomado la vocería del asunto si no fuera por lo expuesta que está ante los dardos de la derecha que la apuntan como responsable de los errados cálculos de la recaudación fiscal del periodo.

En ese marco, el miércoles Grau (FA) hizo la primera vocería desde el Patio de Los Naranjos donde calificó la polémica como “artificial”. En esa misma dirección el Ejecutivo ha enviado minutas comunicacionales para ordenar las alocuciones de los parlamentarios.

Martínez no abordó el tema hasta este jueves y lo hizo a través de un espacio cuidado como es una columna de opinión que se publicó en el Diario Financiero. Allí, afirmó que “los servicios públicos no pueden ser tratados como islas, y quien recauda más no puede quedarse con la totalidad de los recursos, porque el Estado es uno, que vela por la eficiencia en el uso de los recursos públicos para cubrir diversas necesidades y urgencias de la ciudadanía”.

La Moneda, en tanto, empujó que Benavente se refiriera a la polémica mediante el comunicado de Corfo en el que afirmó que “resulta fundamental remarcar que la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución”.

En el comunicado también explica, sin mencionarlo directamente, por qué se abstuvo de la votación en que el consejo del a Corfo aprobó el traspaso de esos 1.500 millones de dólares: “Resulta necesario remarcar que corresponde a quien ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo resguardar, procurar hacer crecer y utilizar siempre de la manera más eficiente y eficaz posible el patrimonio de la Corfo para los fines propios de la Corporación, sin que ello implique, en ningún caso, desconocer las atribuciones legales o las legítimas preocupaciones que puedan orientar la actuación de otras autoridades de gobierno”.

Previamente, en las actas publicadas por The Clinic, Benavente comentó, sobre el traspaso de 1.500 millones de dólares, que “esta solicitud implica, por tanto, una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo de la Corporación”.

Este miércoles la Contraloría abrió una investigación especial por los billonarios traspasos, ante una eventual afectación patrimonial de la Corfo.

Una investigación especial de Contraloría es, en la práctica, una auditoría acotada y puntual que lleva adelante el organismo. Se origina en una petición de fiscalización o denuncia de una autoridad o un particular, aunque también se pueden iniciar de oficio, como en este caso. El objetivo, como indican del mismo ente fiscalizador, es verificar uno o más hechos específicos, sin involucrar una auditoría de algún macroproceso de la institución en cuestión.

O sea, en este caso en concreto, se analizará si hay afectación al patrimonio de Corfo y el destino de los fondos que se transfirieron. Pudiendo abordarse otros aspectos, pero siempre en el marco de esas dos premisas centrales. No es una auditoría general a las operaciones de Corfo, es un proceso acotado -encabezado por un profesional de la División de Fiscalización de la entidad- y, por lo mismo, su duración es menor. Eso sí, no tiene un plazo definido de extensión.

En el caso de que en una investigación especial se verifiquen “observaciones que ameriten una respuesta de la entidad visitada”, se deberá elaborar un pre informe antes de un pronunciamiento definitivo. Si no hay observaciones sólo se emite un informe.

La normativa de Contraloría, además, establece que los reparos que puedan surgir a partir de una investigación especial deben fundarse en un examen de cuentas o un sumario.

El ente a cargo de Dorothy Pérez designó al Departamento de Auditorías Especiales de la División de Fiscalización a cargo de la indagatoria, que se centrará, inicialmente, en las oficinas de la Corfo (podría ampliarse dependiendo de cómo avance el proceso).

En principio, la Contraloría no solicitará entrevistas con autoridades del Ejecutivo, ya que ese tipo de diligencias son propias de procesos sumariales, lo que no aplica en este caso. La entidad sí solicitará antecedentes a la Corfo y el primer paso fue enviarle un oficio a la Corfo para notificar a la jefatura del servicio del inicio de la fiscalización, así como quiénes integrarán el equipo encargado del proceso.