La sesión del 18 de abril de 2022 de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana, que derribó el proyecto inmobiliario “Egaña Comunidad Sustentable” de Inmobiliaria Fundamenta -propiedad de Pablo Medina-, sigue generando malestar entre sus ejecutivos y trabajadores. Ese día la agrupación encabezada por la delegada presidencial, Constanza Martínez (RD), acogió las reclamaciones de vecinos que se oponen a la iniciativa, alegando que afectará las horas de luz solar, y resolvió emitir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable.

El caso es que solo la Seremi de Vivienda , Rocío Andrade, y el director regional del SEA, Arturo Farías, estuvieron por aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Fueron nueve votos en contra y dos a favor, y la gran mayoría de los Seremis que participaron en la sesión vía telemática había sido nombrada a solo días de la votación.

Fue el golpe de gracia al proyecto que considera la construcción de cuatro torres, de las cuales tres tienen destino residencial y una de oficinas. Con la iniciativa -que requirió una inversión de US$300 millones- se incorporan 1.752 departamentos, 24 locales comerciales y 198 oficinas en cuatro torres.

Ante el escenario adverso, hoy la inmobiliaria despliega sus esfuerzos en tres frentes: Corte Suprema, SEA y directamente en gestiones con los vecinos. En efecto, en la Tercera Sala del máximo tribunal del país, la compañía -junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- buscan revocar la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que resolvió anular parcialmente la RCA y retrotraer la evaluación de la DIA.

Frente al revés, Fundamenta debió paralizar las obras y la constructora a cargo despidió a más de 200 trabajadores. En paralelo, interpuso un recurso de reclamación ante la Dirección Ejecutiva del SEA a fin de revocar la resolución de la COEVA, solicitando que se declare favorablemente su RCA.

En el marco de dicha instancia, que deberá resolver la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán -nombrada por el Presidente Gabriel Boric-, Fundamenta -asesorada por el exsubsecretario del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez- presentó el miércoles 3 de agosto un escrito en el que pidió que la autoridad reconsidere la resolución que permitió tener como parte interesada a la Unión Comunal de Vecinos de Ñuñoa.

Para la inmobiliaria “la discusión de este procedimiento administrativo debe estar sujeto a los efectos del proyecto respecto de luz, sombra y refracción, porque sobre las otras materias existe cosa juzgada”. Mientras, la agrupación vecinal va más allá y denuncia que la evaluación ambiental del proyecto ocurrió con “imprecisiones, omisiones y sin respaldo adecuado técnico”.

Previo a la resolución de la COEVA de la RM, los ejecutivos de Fundamenta intentaron acercarse a las juntas de vecinos que se oponen al proyecto.

Los líderes son cinco personas, entre las cuales están algunos que son más abiertos a un acuerdo y otros que insisten en el rechazo. Se trata de dirigentes comunales de toda una vida y profesionales. Creen que las inmobiliarias han vulnerado el plan comunal de la comuna con el pujante desarrollo de edificios.

Luego del revés en la COEVA de la RM, el propio dueño de la inmobiliaria Fundamenta, Pablo Medina, se ha reunido con los dirigentes en al menos cinco ocasiones, pero también de manera individual. La mayor parte de estos encuentros se ha realizado en la sala de ventas del proyecto, ubicada en el paño (15.000 m2).

Fundamenta ha insistido en que puede ceder y entregar compromisos hasta que el proyecto sea rentable y lo financie la banca.

Entre las propuestas planteadas están la apertura de un boulevard por el sur del proyecto que considere una biblioteca pública y un teatro en un comodato por cinco años para la municipalidad. A ello se suma en la unión con el Metro, 500 m2 para la construcción de un centro de salud en un comodato por 10 años. Además de la entrega de departamentos que sean administrados por la municipalidad para el programa que va en ayuda de la mujer maltratada.

El plan de compensaciones tendría un costo total de 500.000 UF ($16.790 millones), pero fue rechazado por los dirigentes, aduciendo que sus bases insistían en que lo único que desean es que el proyecto disminuya sus pisos. Por lo mismo, Fundamenta se comprometió a disminuir los pisos de dos de sus edificios, quedando en 28 pisos, que originalmente eran de 31 y 32 pisos.

La disminución de los pisos significa un fuerte impacto económico para el proyecto, que se sumaría al costo que requiere volver a movilizar la obra paralizada. A la fecha en el paño del proyecto están instaladas cinco grúas y permanece personal que se encarga de realizar trabajos de mantenimiento, a la espera de un acuerdo que permita reiniciar las obras.

Alejandro Jiménez, representante de la Unión Comunal de Vecinos de Ñuñoa, en conversación con Pulso confirmó que hace un mes los vecinos opositores al proyecto se reunieron con el dueño de Fundamenta, pero tampoco hubo un acuerdo ni avances. “La inmobiliaria no ha estado dispuesta a hacer ningún cambio sustancial al proyecto”, dijo.

“El plan regulador ahora permite 15 pisos y el proyecto tiene hasta 32 pisos. Hay unos premios que permite la Ley General de Urbanismo y Construcción que les permitiría llegar a 18 o 19 pisos con las fusiones de terrenos y todo lo demás”, agregó.

Consultado si son suficientes las compensaciones ofrecidas, como un teatro y un centro de salud, entre otras, aseguró que “eso no tiene ningún sentido”. “Eso tendrían que verlo con otro tipo de organismos que puedan dedicarse a eso”, añadió.

¿Ha existido intransigencia de parte de ustedes?

No, de ninguna manera. Queremos que se ciñan al plano regulador vigente en este momento. Esa es nuestra posición y la verdad es que el tema fundamental es la cantidad de pisos y eso redunda en luminosidad, densidad y otros aspectos, como congestión vehicular. Esta congestión también se reflejará en colegios, consultorios y la locomoción colectiva.