Las alertas que levanta Scotiabank para la convergencia fiscal: presiones políticas por nuevas transferencias fiscales universales

El plazo para presentar al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 es el 30 de septiembre y el gobierno ha dado señales de austeridad “moderada”, dice un informe de Scotiabank, que tras conocerse los parámetros estructurales del PIB tendencial no minero de 1,9% y el mejor precio tendencial del cobre de US$ 3,74 por libra, “implicaría mayores ingresos estructurales para 2023″.

Para el equipo que dirige el economista Jorge Selaive, “el gobierno podría presentar un proyecto de ley que contemple una impresionante expansión cercana al 9%. Sin embargo, el ministro de Hacienda indicó que el gasto público se expandiría entre 4% y 5%. Esto implicaría un déficit fiscal efectivo estimado para 2023 de 2% del PIB y un déficit estructural de 1,5%, mejores estimaciones que las proporcionadas en el Informe de Finanzas Públicas de junio de -2,5% y –2,6% del PBI, respectivamente”.

En el reporte afirman que si bien el ministro trata de dar señales de consolidación fiscal en un contexto donde la economía se encamina a una contracción del 1% del PIB en 2023, los riesgos de corto plazo de esta convergencia fiscal “acelerada radican en las demandas de nuevas transferencias fiscales universales por parte del Congreso”.

Así, enfatizan que “es muy probable que, durante los próximos meses, cuando las cifras de actividad económica y empleo muestran una economía débil, con inflación aún alta, tasas de interés de corto plazo altas y menor inversión privada, varios congresistas exigirán nuevas ayudas universales”.

En ese sentido, “estimamos que el gobierno resistirá estas presiones pidiendo prudencia fiscal y brindando ayuda específica o limitada a los hogares de menores ingresos”. Aunque si bien “los congresistas de los partidos de centro-derecha, que ahora son mayoritarios en el Congreso, ayudarán en este proceso de consolidación fiscal votando en contra de las ayudas universales y nuevas retiradas de fondos de pensiones convirtiéndose en los principales aliados de la política de consolidación fiscal de Marcel”.

En el informe también se analiza en panorama de las emisiones de deuda soberana para el déficit fiscal esperado en 2023, los cuales deberían rondar los US$ 6 mil millones. A ello se suma otras necesidades de financiamiento que podrían sumar US$ 8 mil millones a US$ 10 mil millones, que incluye vencimiento de deuda, bonos heredados, entre otros.

De ser así, se sostiene que “el proyecto de ley de presupuesto que se presentará al Congreso a fines de septiembre deberá contemplar un endeudamiento adicional no mayor a US$ 16.000 millones; por debajo de los US$ 20 mil millones autorizados en 2022 y más como la emisión efectiva luego del recorte mencionado anteriormente.

Para Scotiabank, la mayoría de las nuevas emisiones deberían ser durante la primera mitad del año considerando las fechas de vencimiento de los bonos antiguos. Sin embargo, “no podemos descartar espacio adicional para emisiones en caso de que el gobierno decida implementar un plan de alivio de la deuda estudiantil asociado al Crédito con Aval del Estado (CAE)”.