Lideran Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Biobío: gobiernos regionales logran ejecutar casi el 100% de presupuesto 2023 en inversión

El gobierno logró ejecutar el Presupuesto 2023 en un 100,0%. Ese hecho fue celebrado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que señaló que se consiguió contener las mayores presiones de gasto que estuvieron presentes durante el año pasado. Este porcentaje de avance es el mejor desde 2019, cuando se ejecutó el 100,3% del Presupuesto. Y se ubicó por debajo del peak de 2021, cuando se sobreejecutó el 135,4%, en plena crisis del Covid.

En el desglose de la ejecución presupuestaria, el gasto corriente presentó una tasa de avance de la Ley Aprobada de 103,6%. Esta sobreejecución está encabezada por los gastos del Ministerio de Salud.

Sin embargo, el otro gasto, el de capital, presentó una tasa de avance de la ley aprobada a diciembre de 82,2%, siendo el más bajo en 4 años.

En ese contexto, al analizar el comportamiento que tuvieron las regiones y su presupuesto de inversión, las cifras muestran que registraron un 98,5% de ejecución, el mismo porcentaje que lograron el año pasado.

Según las cifras publicadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), hubo cuatro regiones que tuvieron el 100% de ejecución: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Biobío.

Como contrapartida, entre las más rezagadas estuvieron Coquimbo, con 92,5%; Aysén, con 92,6%; Arica y Parinacota, con 96,6%, y La Araucanía, con 96,9%.

Uno de los cambios que hubo en el Presupuesto 2023 fue que se incorporó la posibilidad de que los gobernadores regionales diseñaran sus respectivas propuestas para los programas presupuestarios de funcionamiento y de inversión regional, para luego remitirlos a la Dirección de Presupuestos dentro de los 10 días posteriores a la publicación de esta Ley.

Luego de ese paso, la Dirección de Presupuestos tiene un plazo de 10 días para elaborar las respectivas resoluciones que fijen los presupuestos de funcionamiento y de inversión regional de cada gobierno regional. Asimismo, los gobiernos regionales podrán ejecutar los compromisos financieros adquiridos en periodos presupuestarios anteriores y los gastos asociados a su funcionamiento, a contar del 1 de enero del año respectivo. Todo esto agilizó el proceso de determinación de los proyectos a financiar y, con ello, acelerar el paso de la ejecución fiscal.