Marcel por ley de fraude con tarjetas: “esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos”

Un crudo análisis es el que realizó la mañana de este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de los efectos que la actual ley de fraude con tarjetas está significando para el sistema financiero, pero también a nivel ciudadano.

La comisión de Hacienda del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de sobreendeudamiento que, entre otras cosas busca regular el pago mínimo en las tarjetas de crédito, pero también modificar la actual ley de fraude con tarjetas. La legislación actual señala que a partir del momento en que el titular avisa al emisor sobre el extravío, hurto, robo o fraude del medio de pago, el emisor de las tarjetas será responsable de todas las operaciones y deberá abonar al titular hasta 35 UF, dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso, y si el monto es superior a 35 UF, el exceso debe abonarse dentro de los 7 días hábiles siguientes. Sin embargo, la Asociación de Bancos ha alertado que los gastos asociados a estas devoluciones, que en su mayoría serían autofraudes, cerraría 2023 en los US$350 millones, monto del cual sólo para BancoEstado implicaría US$150 millones.

Ante esta situación, y antes de que se votara la iniciativa, Marcel se pronunció respecto de los comentarios recibidos en la comisión respecto del proyecto, en particular los hechos sobre las modificaciones propuestas a la norma sobre fraude con tarjetas.

Así, apuntó que la iniciativa aprobada en 2020 buscaba “reequilibrar la situación entre clientes y bancos en relación a quien asumía el costo de fraudes con tarjetas, en aquel entonces consideramos que era adecuado considerar ese mayor equilibrio, eso se expresó en el tema de al carga de la prueba, pero al mismo tiempo fue acompañado de una serie de otras normas que hoy desgraciadamente estamos viendo que están teniendo un efecto contraproducente”.

En ese sentido, comentó Marcel, “nos importa que haya aumentado exponencialmente los casos de reclamaciones, pero sobre todo nos preocupan dos cosas: primero, que esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decena de miles están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir desconociendo una operación para luego obtener el reembolso de $400 mil. Y cuando hablamos de educación, desgraciadamente estoy seguro de que entre la educación que puede hacer un banco o una institución financiera, versus otra que lleva como premio $400 mil por operación, no me cabe duda qué educación será más eficaz”.

En esa línea, agregó que “hoy aprender a articular un fraude a una institución financiera el día de mañana será un fraude para evadir impuestos, un fraude para una serie de otras materias. Muchas veces manifestamos preocupación por cosas aún más leves, como la evasión en el transantiago, pero esto tiene otros órdenes de magnitud. Involucra una acción consiente de desconocer una operación financiera que hizo una persona”.

Además, comentó que en el caso de los cotos de US$150 millones para BancoEstado, “en los últimos meses hemos discutido mucho sobre cómo aumentar la eficiencia en el sector público, qué hacer en materia de reasignaciones de recursos, de reducir fuentes de ineficiencia, y creo que en ninguna de ellas podríamos haber identificado directamente algo que cueste US$150 millones anuales al Fisco”.

La iniciativa aprobada en primera instancia exige solicitar declaración jurada del usuario para hacer efectiva la reclamación, y llevar a normativa secundaria el umbral de restitución inmediata de UF35, entre otros aspectos.

En la sesión también participó el director del Sernac, Andrés Herrera, quien en su presentación aseveró que su servicio no puede sino reconocer los delitos, pero “una cosa muy distinta es atribuir al régimen actual el mérito necesario para promover conectar delictivas o incentivarlas, y por otro lado también traer consigo estos juicios generalizados respecto de la criminalización de los usuarios tarjetahabientes, que efectivamente sufren de operaciones que no reconocen porque no las han realizado, y en ese sentido, quien está en mejor condición para acreditar esa circunstancia y poner freno, son los emisores”.

Así, dijo que “la mantención del régimen actual de trasladar la carga hacia los emisores es un modelo que nos parece razonable de mantener, sin perjuicio de la necesarios ajustes que debe establecerse para combatir con mayor fuerza la situación de las operaciones fraudulentas, pero sin alterar el régimen general”.

Con todo, Herrera indicó que si bien el aumento de las operaciones desconocidas por clientes es “un fenómeno preocupante”, sostuvo que es “necesario analizarlo más acabadamente para saber cuál es el alcance de los fenómenos delictivos, eventualmente del crimen organizado, y cuales son aquellas situaciones que eventualmente han ocurrido y que los bancos, frutos de esta situación generalizada, quizás no han respondido con el estándar adecuado”.