Más Lula, menos Chávez. El “Plan Bicentenario” con el que Pedro Castillo busca dar señales de calma al sector privado de Perú

Nacionalización de sectores estratégicos como la minería, petróleo, gas, telecomunicaciones y generación hidroeléctrica, así como la cancelación de concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles formaban parte de los titulares de las propuestas de Pedro Castillo cuando en abril pasaba sorpresivamente en primer lugar a la segunda vuelta.

Sin embargo, esa agenda radical se fue apaciguando con el correr de los días. Así queda plasmado en el Plan Bicentenario presentado semanas antes de la elección del pasado domingo, que tiene al profesor Castillo en la delantera de un ajustado balotage.

Perú Libre, la coalición que respalda esta candidatura, plantea en un documento de 17 de páginas los ejes centrales de un posible gobierno, entre ellos el denominado “relanzamiento del empleo y la economía popular”.

En este apartado, se parte por establecer que habrá más “inversión social”, en el marco de la recuperación económica, mientras que “en el mediano plazo tiene que haber equilibrio macroeconómico”. Asimismo, define su apuesta por “un enfoque de economía mixta”, que cuente con un Estado con un rol regulador más fuerte.

De esta manera, toma distancia de la postura confrontacional con el sector privado que manifestó previo de la primera vuelta del 11 de abril. Es más, asegura que “fomentará a la empresa privada, se reconoce a los empresarios nacionales y extranjeros que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. Serán nuestros aliados para sacar adelante al país”.

Por otra parte, se reconoce que se requiere de “gestiones eficaces” desde el Estado, dado que “la inestabilidad frena el consumo y la inversión privada”. Así, enumeran varias medidas a implementar, entre ellas el aumento relevante de la inversión pública para dinamizar el empleo; fomento de las compras públicas dirigidas a MYPES y similares; subsidio temporal y focalizado por servicios (agua, electricidad e internet), como apoyo directo a la economía familiar; y crédito accesible para promover el AGRO y a las PYMES, a través de AGROBANCO, Banco de la Nación y Cajas Municipales.

En términos de regulación, además de proponer un endurecimiento de la persecución de monopolios y oligopolios, el programa de castillo señala que “se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado, en especial a confeccionistas, industria de calzado, ganaderos lecheros y otros”.

Adicionalmente, el Plan Bicentenario incluye otras definiciones con implicancias económicas. Entre ellos “El inicio de un segundo proceso de reforma agraria”, lo que entienden como “desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo; desde la participación movilizada de las organizaciones territoriales y locales de los productores”.

Por otra parte, se establece un “Aporte justo de empresas”, segmento en el que se consideran las siguientes medidas: nuevo impuesto a las sobre ganancias, eliminación de exoneraciones tributarias que fueron dadas por un periodo de promoción y que ya no son necesarias para las empresas; eliminación de exoneraciones tributarias a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos, regalías en función a las ventas, como lo hacen países vecinos como Chile Y Colombia (en particular en la minería, y renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.

Por otra parte, declaraciones del entorno de Castillo han ofrecido más luces respecto ala ruta que seguiría un gobierno de Perú Libre, si mantienen su ventaja en la segunda vuelta.

“No está considerado en nuestro plan un impuesto a la riqueza”, señaló la semana pasada a Semana Económica el principal asesor económico, Pedro Francke, quien además señala que se fortalecerá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que se mantendrán los compromisos de deuda pública y que se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva. El ente rector “ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas”, indicó.

Asimismo, Francke aclaró Castillo tiene más cosas en común con el brasileño Lula Da Silva y que “de ninguna manera es otro Hugo Chávez”. De esta manera, asegura que no se tiene planes planes nacionalizar la minería ni los activos petroleros.