Michael Clark, presidente de Azul Azul, se encuentra en el centro de una disputa legal con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tras la adquisición del 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport por parte de su sociedad Inversiones Antumalal Limitada, operación que le otorgó el control indirecto de Azul Azul S.A., concesionaria del Club Universidad de Chile.

La CMF cuestionó la operación, alegando que debió realizarse una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y que debió comunicar al público la toma de control. Clark, sin embargo, sostiene que la normativa vigente no exige dicha acción y que la postura de la CMF es un cambio arbitrario de criterio.

Michael Clark interpuso un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la CMF. La acción judicial tiene como objetivo impugnar la Resolución Exenta N°977, dictada por el regulador el 22 de enero de 2025, la que rechazó un recurso de reposición presentado por Clark en contra del Oficio N°170.499 del 26 de diciembre de 2024.

Clark pide dejar sin efecto el oficio que le instruye lanzar una OPA y que “declare que un fondo de inversión privado no tiene la obligación de realizar una OPA, con costas”. Y agrega que si la Corte de Apelaciones mantiene el criterio del organismo regulador, “le ordene a la CMF que haga uso de sus potestades legales e indique la forma y plazos en que mi representado debe dar cumplimiento a lo ordenado por esa misma entidad en relación con la oferta pública de acciones de Azul Azul S.A”.

El 8 de enero, Clark había respondido a la CMF que “sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la materia por las instancias administrativas y judiciales competentes”, lanzaría una “OPA Voluntaria” dirigida a todos los accionistas de la serie B de Azul Azul S.A., para comprar el 100% de las acciones Serie B la referida sociedad.

En el recurso judicial presentado ahora, Clark señala que la CMF “se ha extralimitado en sus funciones y ha buscado ejercer una verdadera facultad legislativa a través de un acto administrativo”.

Clark afirma que “la CMF ha incurrido en ilegalidades al interpretar de manera incorrecta la normativa vigente y aplicar exigencias que no corresponden al caso”. “La Ley Única de Fondos es categórica al señalar que no es necesario realizar una oferta pública sobre cuotas de fondos”. Clark sostiene que “la exigencia de una OPA no tiene fundamento en la normativa actual y representa una exigencia arbitraria por parte del regulador”.

Además, el presidente de Azul Azul critica que la CMF ha llevado el concepto de control a niveles inaceptables. “La CMF extrapola e hipertrofia a niveles inaceptables el concepto de control” y denuncia que “el regulador está aplicando una interpretación desproporcionada de las normas vigentes, generando un impacto negativo en la certeza jurídica de las inversiones”.

Otra irregularidad señalada es la falta de claridad en las instrucciones del regulador. “El regulador instruyó a mi representado a adoptar medidas para subsanar supuestas infracciones, sin señalar cuáles eran esas medidas ni cómo debía cumplirlas”. Clark advierte que “el regulador lo deja en una situación de indefensión en la que cualquier acción que tome podría ser considerada errónea”.

Clark refuerza su argumento señalando la naturaleza jurídica de los fondos de inversión privados. “Los fondos de inversión privados no son personas jurídicas, sino patrimonios de afectación, por lo que no pueden ser controladores de una sociedad anónima”. Bajo esta premisa, afirma que la interpretación de la CMF sobre el control de Azul Azul carece de sustento legal.

Asimismo, sostiene que el propio regulador ha respaldado en el pasado el criterio que ahora busca desconocer. “La CMF viene reconociendo y validando a través de una serie de actos el criterio jurídico que ya hemos explicado”, afirma. Clark señala que “esta inconsistencia atenta contra la confianza legítima de los inversionistas y genera inseguridad en el mercado”.

“El reproche de la CMF carece de justificación en el derecho chileno y constituye una interpretación arbitraria de las normas”, insiste en su acción legal el presidente de Azul Azul.

El empresario insiste en que la operación por la cual se le cuestiona no encaja en los supuestos que obligarían a realizar una OPA. “La operación no implicó una adquisición directa o indirecta de acciones de Azul Azul, por lo que las normas que regulan las OPA no serían aplicables en este contexto”.

Clark denuncia que el regulador lo ha puesto en una situación contradictoria. “El regulador está obligando a mi representado a resolver una paradoja de la que solo puede salir como infractor”, consignó el escrito patrocinado por el abogado Julio Pallavicini, del estudio GPG Abogados.

El texto sostiene que, debido a la falta de directrices claras, cualquier acción que tome podría ser interpretada como incumplimiento de la normativa.

“La exigencia de una OPA en este caso implica exigir a mi representado que lleve a cabo un procedimiento que la Ley no contempla”, agrega. Esto, afirma, es una carga ilegal e injustificada impuesta por el regulador, al interpretar de manera incorrecta la normativa vigente y aplicar exigencias que no corresponden al caso. En su presentación, enfatiza que la Ley Única de Fondos es categórica al señalar que no es necesario realizar una oferta pública sobre cuotas de fondos. Según su argumento, la CMF ha llevado el concepto de control a niveles inaceptables, extralimitándose en sus funciones y creando una obligación que no está respaldada por la legislación.

Asimismo, Clark critica que el regulador le haya instruido a subsanar supuestas infracciones sin especificar las medidas concretas que debía adoptar, lo que genera incertidumbre y una clara vulneración del principio de legalidad. Sostiene que los fondos de inversión privados no son personas jurídicas, sino patrimonios de afectación, y que la normativa vigente no permite considerarlos como controladores de una sociedad anónima.