Un nuevo avance legislativo se anotó este miércoles el ministro de Energía, Diego Pardow, luego que la comisión del ramo en el Senado, despachara el proyecto de transición energética, iniciativa presentada en julio de 2023, y que ha sido centro de álgidas discusiones entre empresas de generación, como los fuertes cruces protagonizados entre Colbún y Acciona Energía en el Chile Day realizado en Londres, el año pasado, enfrentados por la propuesta que busca distribuir ingresos tarifarios en períodos extraordinarios.

“Es un paso importante, pero obviamente este es todavía el primer trámite, falta aún la Cámara, pero creo que concluye un trabajo de mucha articulación con los parlamentarios de gobierno y de oposición, que se reflejó en las indicaciones que se presentaron, y que permite despachar un proyecto en un 95% aprobado de manera unánime, y en un 5% con diferencias que todavía subsisten, y que vamos a seguir trabajando”, comenta sobre el hito, aludiendo además al nuevo protocolo suscrito con cuatro senadores de la comisión de Minería y Energía -Rafael Prohens, Yasna Provoste, Isabel Allende (en reemplazo de Loreto Carvajal) y Juan Luis Castro- para continuar revisando el punto principal de la discordia, que es cómo distribuir las rentas por congestión que genera el sistema, y especialmente a qué empresas.

Un aspecto que incluso generó la advertencia directa de la senadora UDI Luz Ebensperger, de solicitar reserva de constitucionalidad a la fórmula del Ejecutivo. Pese a ello, Pardow subraya el cambio del tono inicial en esta discusión, que “era sobre sí o no, y hoy estamos discutiendo la extensión del régimen transitorio, las características particulares del régimen permanente, la forma de asignación, e incluso la reserva que hizo la senadora no tiene que ver con el fondo, sino que con qué tan extensa tiene que ser la reglamentación legal versus la reglamentaria, y más allá que nosotros no compartimos la interpretación de la senadora, obviamente es algo que se puede conversar”.

En esta entrevista, Pardow aborda el futuro del proyecto de transición, pero también un debate estructural, como la postergada reforma a la distribución, que fue comprometida por el gobierno anterior, y que ha vuelto al ruedo tras los últimos episodios de cortes de luz a raíz de los frentes de mal tiempo.

¿Cuál es el diseño del nuevo protocolo de acuerdo con parlamentarios?

Es un compromiso con los senadores que estaban presentes, pero obviamente cuando vayamos a la Cámara, también vamos a tener que trabajar en viabilizar el contenido del proyecto. En primer y segundo trámite, siempre hay que tener un ciclo de conversaciones con los parlamentarios. Pero el protocolo se firmó con los senadores presentes, salvo Luz Ebensperger.

¿Y a qué se comprometen?

El protocolo firmado expresa la voluntad del Ejecutivo de avanzar en dos grupos de indicaciones, una relativa al artículo séptimo, de integración vertical en el sector eléctrico, considerando el texto original del mensaje y las observaciones que se hicieron en la mesa técnica de trabajo, y una segunda indicación relativa a ingresos tarifarios, que consideren los temas que salieron este miércoles en la sesión. El contenido ya estaba comprometido desde el viernes pasado.

Para la Cámara, ¿con qué urgencia proyectan llevar la discusión?

Siempre tenemos la voluntad de sacar esto lo antes posible. Somos conscientes de que esto ha tardado más tiempo del que nos hubiera gustado. Habíamos planificado originalmente que esto saliera al principio de esta legislatura, durante el primer trimestre y eso ya no ocurrió. Nuestro segundo plazo era para el primer semestre, que está terminando y obviamente no vamos a alcanzar a tramitar este proyecto antes que termine el mes. Un plazo realista es antes de que termine este año.

¿Qué tan urgente es sacar este proyecto, considerando que hay varias firmas renovables que siguen advirtiendo de dificultades financieras, y que ven una solución en este tema de los ingresos tarifarios?

Cuando presentamos la agenda para un segundo tiempo de la transición energética, tenía muchos puntos, entre ellos este proyecto. Todos los otros puntos, en particular los que dependían del Ejecutivo, ya se han cumplido (...) salvo este proyecto. El principal resultado tangible de esto es lo que ha ocurrido en almacenamiento. Hoy tenemos casi 2GW de almacenamiento con financiamiento cerrado para hacer híbridos parques eólicos y fotovoltaicos existentes y cerca de otro giga más para almacenamiento puro o stand alone, que está próximo a ser adjudicado en una licitación de terrenos fiscales que llevamos junto a Bienes Nacionales. La agenda que propusimos la hemos cumplido en su gran mayoría.

En almacenamiento, eso sí, tuvieron que desechar la licitación del proyecto de ley porque el mercado ya está cubriendo esa necesidad.

Hay que recordar que el almacenamiento por baterías funciona de dos maneras distintas, el que funciona en plantas fotovoltaicas o eólicas, que lo que hace es almacenar la energía de esa misma unidad productiva para que esa unidad tenga más flexibilidad, que se conoce como almacenamiento híbrido. Después está el puro, o stand alone, que lo que hace es arbitrar precios. La licitación de infraestructura que se consideraba en el proyecto era almacenamiento híbrido, y estaba sujeta a un chequeo de mercado de esa meta de 2 GW en operación para 2026, y como la meta se cumplió antes incluso que la ley entrara en vigencia, decidimos retirar esa indicación. Lo que tiene que ver con almacenamiento puro o stand alone, sigue su track regulatorio que es licitación de bienes fiscales aledaños a las cinco subestaciones con mayor demanda para este tipo de servicios. Si sumas los 2 GW de almacenamiento híbrido y el giga de stand alone, eso debería reducir los vertimientos casi a la mitad y los pagos laterales por mínimos técnicos, en cerca de un 15%.

Eso se ve impulsado por la toma de razón del reglamento de transferencia de potencia, que la Contraloría visó la semana pasada.

Por cierto, era parte de la agenda, y es una muy buena noticia porque cierra un capítulo que había estado abierto por mucho tiempo. Hay que recordar que ese reglamento empezó con el gobierno pasado, y no se conseguía cerrar producto de las diferencias dentro del sector, y nosotros hicimos un trabajo para formar consensos. Eso se plasmó en el nuevo reglamento, que tardó también por el cambio de los liderazgos de la Contraloría entre medio.

¿Cuál es el compromiso del gobierno respecto de la reforma a la distribución?

Lo que yo quisiera, y es la tarea a la cual estamos tratando de abocarnos, es efectivamente presentar el proyecto de ley de distribución dentro del período de gobierno. Para eso tenemos que construir un consenso mínimo, porque hoy día hay acuerdos en los titulares, pero los proyectos de ley no se construyen sobre titulares, sino sobre definiciones bastante detalladas. Yo soy optimista de que vamos a ser capaces de cumplir ese compromiso, pero todavía es muy temprano.

¿Se imponen algún plazo, alguna fecha?

Más que una fecha, hay una voluntad de hacer esto lo antes posibles, sin duda dentro de este gobierno, y hay que ver si somos capaces de viabilizar una reforma estructural. Hasta ahora, las reformas que hemos conseguido aprobar, que no son pocas -biocombustibles, almacenamiento, electromovilidad, estabilización y ahora avanzando en transición- ninguna ha sido reformas estructurales, porque éstas suponen una búsqueda de consensos un poco más difícil de construir. Entendiendo la magnitud del desafío, estamos muy dispuestos a tratar de cumplir, entendiendo lo difícil que es también.

El diablo está en los detalles, dicen, ¿se puede avanzar hacia el soterramiento como la principal medida?

Uno no puede hacer una ley sobre soterramiento, porque uno no hace una ley sobre una tecnología en particular. Además, nuestro país es tan diverso que los costos de soterrar en zonas rurales son completamente distintos de los costos en zonas urbanas, y donde la densidad es mayor, más todavía. Lo que uno quisiera es que el modelo de ley de distribución permita adaptarse a las demandas del cambio climático y mejorar la calidad del servicio, pero entendiendo que la posibilidad de aumentos tarifarios es mínima, al menos hasta que consigamos sanear o normalizar los flujos financieros que fueron objeto de la ley de estabilización. Entonces, por un buen número de años, los flujos financieros van a estar sujetos a una normalización, y pensar que sobre eso pueda empezar a poner cargos asociados a la adaptación de las redes al cambio climático, me parece que es pedirle demasiado al sistema tarifario. Obviamente, los gastos que no significan grandes desembolsos vamos a encontrar una manera de viabilizarlos, y estamos trabajando en una parte reglamentaria también para ello.

¿Está agotado el esquema de la empresa modelo? ¿Es posible migrar a un modelo mixto, o bien ir a un reconocimiento puro de las inversiones?

Ahí es donde digo que hay mucho acuerdo en los titulares, pero poco en las bajadas, porque incluso la empresa modelo, dependiendo de cómo regulas la determinación del valor nudo de reemplazo puede ser exactamente igual que un sistema cost plus, o del límite de rentabilidad. Todo depende de cómo valores las inversiones, porque incluso hoy en muchos componentes, ya sea del valor de transmisión o de distribución, consideramos valores reales como ocurre con las servidumbres. Hay un consenso general de que el sistema de empresa modelo, que además somos prácticamente el único país del mundo que lo sigue utilizando, conceptualmente no entrega los incentivos que quisiéramos, pero esta es una discusión mucho más de detalles, y de incentivos institucionales de cómo se construye una tarifa que un tema filosófico.