El juicio por la presunta colusión entre Indura y Linde en el mercado de gases sigue tomando relevancia tras el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En el caso, se hicieron parte como terceros coadyuvantes de la FNE el Hospital Félix Bulnes, el Servicio de Salud de Chiloé, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y el Ministerio de Salud. Estas entidades argumentan que la colusión denunciada afectó significativamente sus operaciones y el suministro de insumos médicos esenciales, impactando directamente la salud pública y la eficiencia de sus servicios durante la pandemia de COVID-19.

Durante la pandemia, las entidades afectadas destacaron que las prácticas colusivas de Indura y Linde Gas agravaron la urgencia de adquirir insumos médicos esenciales. Esto comprometió la capacidad del sistema de salud para responder eficientemente a la creciente demanda de prestaciones médicas, afectando negativamente la salud pública durante una crisis sanitaria crítica.

“A todo lo anterior, debemos añadir el particular contexto histórico que envuelve las conductas colusivas imputadas a las empresas Indura S.A. y Linde Gas S.A., asociado a la plena afectación (tanto en Chile como en el resto del mundo) de la pandemia del COVID, y la consecuente relevancia y urgencia de adquirir masivamente los productos e insumos objeto de las conductas colusorias. La eficiencia con que el Estado y sus organismos actuaban en este ámbito se reflejaría en consecuencias directas e inmediatas, entre ellas, la capacidad de la red asistencial de atender satisfactoriamente a la creciente demanda de prestaciones médicas por parte de la población afectada”, señalaron el Ministerio de Salud, el Hospital Félix Bulnes y los servicios de Salud Metropolitano Occidente y de Chiloé, representados por el Consdejo de Defensa del Estado (CDE). El Minsal es liderado por la ministra Ximena Aguilera (foto).

El 23 de abril de 2024, la FNE acusó a Indura y Linde de mantener un acuerdo colusorio en el mercado de gases industriales y medicinales al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021. El cartel afectó a una amplia gama de clientes, desde industrias hasta hospitales, mediante un pacto de “no agresión” o “paz y amor”, donde ambas empresas evitaban competir por clientes, manipulaban licitaciones y mantenían precios artificialmente altos.

Linde y sus ejecutivos se acogieron al programa de delación compensada, por lo que la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas y que declare la exención de responsabilidad penal. Sin embargo, la FNE pidió una multa de US$ 31,2 millones ($29.732 millones) para Indura y US$ 114.392 ($109 millones) para su exgerente general, Marcelo Torres.

Hace unos días, el exgerente general de Indura, Marcelo Torres, solicitó el acceso a las grabaciones telefónicas detalladas en el requerimiento del órgano antimonopolio, y ahora Indura se ha sumado a esta petición. La filial de la estadounidense Air Products manifestó su preocupación por la obtención de todos los elementos necesarios para defenderse adecuadamente de las acusaciones y asegurar que el proceso judicial sea justo y equitativo.

Indura pidió al Tribunal que ordene a la FNE presentar todos los documentos incautados y los registros telefónicos interceptados mencionados en el requerimiento de autos, incluyendo cualquier información relevante omitida en la presentación inicial de la FNE.

Además, solicitó la suspensión del plazo para contestar el requerimiento hasta que se cumpla con la presentación completa de los documentos e información solicitada, argumentando que sin esta información su derecho a una defensa adecuada se ve comprometido.

El jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, solicitó al TDLC rechazar la petición planteada por Marcelo Torres, defendiendo que la FNE ya ha cumplido con los requisitos legales y que la entrega de toda la información incautada no es necesaria ni adecuada en este momento procesal. La FNE enfatizó que la transparencia y la cantidad de información proporcionada son suficientes para garantizar el debido proceso. Cualquier documento adicional será presentado en las etapas procesales correspondientes, manteniendo así un equilibrio entre transparencia y protección de datos sensibles.

Por su parte, Conadecus respaldó la solicitud de Marcelo Torres Bruce para que la FNE proporcione los documentos incautados y los registros telefónicos interceptados mencionados en el requerimiento. Sostuvo que la máxima transparencia y la disponibilidad de todos los antecedentes relevantes son esenciales para garantizar el debido proceso y una resolución justa y ajustada a derecho.

Indura es representada por el abogado (Claudio Lizana); Linde Gas por Ignacio Larraín y Marcelo Torres por Javier Velozo. Mientras que el abogado procurador de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Chandía asumió la defensa del Minsal y los servicios de salud metropolitano y de Chiloé.

Frente al dilema, el abogado senior counsel de Aninat, Cristián Reyes sostuvo: “Es cada vez más evidente la necesidad de que la Fiscalía entregue al Tribunal los antecedentes con que cuenta en aquellos casos en que ha ejercido sus facultades extraordinarias, dada la ventaja probatoria que éstas le otorgan. Además, el mismo instructivo de la Fiscalía es claro en señalar que cuando se ejercen estas facultades, los cuadernos respectivos deben ser puestos a disposición del Tribunal junto con la presentación del requerimiento. Por tanto, esta norma es vinculante para la Fiscalía y sus integrantes. Sería interesante hacer un análisis desde la dictación de este instructivo en 2013 para ver si efectivamente se ha cumplido o no con tal regla”.