Una serie de aspectos a revisar en el proyecto sobre transición energética identificaron este miércoles diversos actores del sistema eléctrico nacional, en un seminario organizado por Transelec para analizar la propuesta legislativa ingresada por el Ejecutivo la semana pasada.

En la instancia participaron el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber; la gerente general de Statkraft Chile, María Teresa González; la gerenta de regulación e ingresos de Transelec, Claudia Carrasco; y la jefa de la división jurídica del Ministerio de Energía, Fernanda Riveros.

Uno de los aspectos que considera el proyecto de ley del gobierno es incorporar un nuevo principio para la operación del sistema, para propender hacia un sistema bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

Al respecto, Huber hizo énfasis en que, entre los diversos principios de operación, debe primar el de seguridad del sistema y evitar colisiones entre los criterios con que se despachan las distintas fuentes de energía.

“Quiero insistir en el tema de la seguridad, habida cuenta que esta transición energética va a ser exitosa en la medida que sea segura, y (sobre el) nuevo principio de propender hacia un sistema bajo en emisiones, tenemos que ver la bajada que pueda tener ese principio, habida cuenta cuenta que puede entrar en algunas colisiones con otros principios que hoy día están desde la ley del año 1982, como es el principio de operación segura, operación económica y acceso abierto”, indicó.

En ese sentido, hizo referencia a la inédita licitación que está llevando adelante el Coordinador para incorporar la instalación de condensadores síncronos como parte de la infraestructura de los Servicios Complementarios de Control de Tensión, los que permitirían a su juicio incrementar la participación de las generadoras renovables sin afectar la seguridad del sistema.

“La iniciativa que estamos impulsando en relación a la instalación de condensadores síncronos va en la línea de establecer estos elementos estabilizantes de la red, para evitar despachar generación fósil en horario solar”, indicó, recordando que actualmente los sistemas de generación que usan combustibles fósiles son requeridos “por razones de seguridad”.

De todos modos, Huber remarcó que el proyecto de ley “tiene por supuesto elementos que nosotros consideramos positivos”, entre los que citó las modificaciones en la responsabilidad en la licitación de las obras de ampliación, y la revisión y actualización de los valores de inversión cuando hay obras que son abandonadas, algo que “sin dudas va a permitir resolver ciertos lomos de toro que tiene hoy día nuestra normativa y hay ejemplos muy concretos relacionados con la situación de la zona de Ñuble y las ampliaciones que se requieren en la zona sur, particularmente en el tramo Cautín-Ciruelos”, indicó

A ello sumó que la incorporación de criterios de resiliencia del sistema eléctrico es algo “muy importante, ya que el cambio climático de alguna forma desafía a la seguridad de nuestro sistema, hay eventos meteorológicos muy extremos que están afectando la seguridad y la resiliencia del sistema”.

En todo caso, planteó que los sistemas de automatismos que están “de alguna forma considerados en este proyecto de ley, nosotros creemos que no es necesario que estén en la ley, son temas que hoy día podrían estar perfectamente como parte una norma técnica”.

Más tarde, y participando a través de Zoom -dada su participación en la gira por Europa del Presidente Gabriel Boric- de la comisión de Minería y Energía del Senado, el ministro de Energía, Diego Pardow, abordó las dudas de la instancia sobre cómo equlibrar los distintos principios en la operación del sistema eléctrico, y señaló que “la verdad es que en el mundo de la Energía, lo usual es abordarla como un trilema (sic), donde el costo y la asequibilidad es una de las dimensiones, la seguridad es por cierto otras, y la sostenibilidad es la tercera de las dimensiones”.

“Desde una perspectiva comparada, abordar solamente estas dos dimensiones (costo y seguridad) es una anomalía, por así decirlo, y eso es parte de las adaptaciones que tenemos que hacer de cara a la adaptación de nuestra legislación a la Ley Marco de Cambio Climático”, agregó Pardow.

Respecto a cómo optimizar la operación entre los tres principios, Pardow afrimó que “eso es algo que no le corresponde al Ministerio, sino que el Coordinador tiene que desarrollar una manera de optimizar este trilema (sic)”, y enfatizó que la idea de incluir a la sostenibilidad dentro de los principios intitucionales del operador “es que ellos mismos desarrollen los mecanismos” para responder a este desafío.

Por su parte, María Teresa González, quien también es presidenta del directorio de Generadoras de Chile, hizo un llamado a revisar el proceso de licitación de sistemas de almacenamiento por US$2.000 millones, medida que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, y que está incorporada en el proyecto de ley sobre transición energética. Si bien la ejecutiva de Statkraft valoró dicha tecnología de generación como algo “súper necesario y estratégico para la transición energética”, remarcó que desde la industria de generación “estamos incorporando ya en casi todos nuestros proyectos almacenamiento, baterías y estamos evaluándolos ambientalmente, hay proyectos en operación y en construcción, y hay muchísimos proyectos en desarrollo”.

En esa línea, sostuvo que “lo que nos preocupa un poco del anuncio, y probablemente esto es parte de la discusión que tenemos todavía que bajar a los detalles, es que esto podría llevar a desincentivar la inversión privada en almacenamiento que ya se está llevando adelante”. De hecho, cifró en cerca de 1.600 MW la capacidad de generación en tecnologías de almacenamiento “que ya están en curso, y eso da evidencia de que hay un interés del sector privado por hacer las inversiones, y la discusión que debiéramos gatillar es cómo avanzamos en esto, si tiene sentido o mejor generamos mayor incertidumbre en que haya esta generación pública”.

En ese sentido, remarcó la relevancia de implementar la ley de promoción de almacenamiento, cuyo reglamento y normas técnicas sobre sistemas stand alone debe ser dictado a finales de 2023.

González insistió en que “es importante aclarar muy rápido cómo se va a llevar adelante el proceso (de licitación)”, y agregó a sus dudas la discusión sobre “cuál es el costo social de que el Estado intervenga en este proceso, cuando hay un interés ya concreto desde el sector privado” por invertir en tecnologías del almacenamiento.