Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina, lanzó una nueva arremetida en medio del millonario fraude a Primus Capital. Rivadeneira, quien enfrenta cargos por asociación ilícita, lavado de activos, administración desleal y uso de instrumento privado falso, busca revertir la orden de prisión preventiva dictada en su contra la semana pasada.

A través de un escrito presentado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, su abogado Leonardo Battaglia, socio de Puga & Ortíz, argumentó que su cliente ha colaborado activamente con la investigación. A su juicio, su defendido proporcionó pruebas clave y acceso a dispositivos electrónicos personales, evidenciando una “actitud colaborativa real”. La defensa pidió la revocación de la prisión preventiva de Rivadeneira, quien actualmente se encuentra recluido en el Penal Santiago Uno, a la espera de su posible traslado a Capitán Yáber.

En su presentación, Rivadeneira no solo defendió su cooperación, sino que también lanzó fuertes acusaciones contra el ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, y el ex director comercial, Ignacio Amenábar. Este último, según la defensa de Rivadeneira, desempeñó un papel crucial en la comisión de los delitos, ya que “autorizó y permitió la mayor parte de las operaciones fraudulentas”. La defensa enfatiza que, sin la participación activa de Amenábar y Coeymans, el fraude no podría haberse llevado a cabo.

Según Rivadeneira, Ignacio Amenábar logró una medida cautelar más indulgente tras ofrecer una nueva declaración “colaborativa” justo antes de su formalización. Esta declaración, calificada por la defensa de Rivadeneira como “sesgada y voluntarista”, permitió a Amenábar obtener arresto domiciliario total. La defensa de Rivadeneira subraya que esta declaración contradice el testimonio previo de Amenábar, en el cual negaba cualquier vínculo delictual.

En contraste, según Battaglia, Rivadeneira ha mostrado una cooperación auténtica al proporcionar acceso a su computadora personal y teléfonos celulares, incluyendo conversaciones de WhatsApp que demuestran la implicación de Amenábar en el uso de cheques falsos para operaciones fraudulentas.

Adicionalmente, el técnico el cocina destacó que ha aportado información crucial sobre Francisco Coeymans, incluyendo números de teléfonos celulares que llevaron a su captura en Perú. La defensa también presentó pruebas de “mensajes intimidatorios” enviados por Coeymans a Rivadeneira, con el objetivo de disuadirlo de colaborar plenamente con la investigación. Estos mensajes refuerzan la narrativa de la defensa de que Rivadeneira está comprometido con el esclarecimiento de los hechos, a diferencia de Amenábar, quien busca proteger sus propios intereses.

La defensa concluyó que la prisión preventiva de Rivadeneira no es necesaria ni justificada, sugiriendo que se le impongan otras medidas cautelares como arresto domiciliario total y arraigo nacional, con una posible caución para asegurar su comparecencia en el proceso judicial.

Consultado por Pulso, el abogado de Ignacio Amenabar, Miguel Chaves, declinó efectuar comentario sobre este artículo.

Las acusaciones de Rivadeneira contra Coeymans y Amenabar marcan un segundo quiebre entre los imputados.

En febrero de este año, el distanciamiento entre Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar se evidenció con las declaraciones de ambos ante la Fiscalía.

Coeymans acusó a Amenábar de usar fondos de la empresa para fines personales, como la compra de un departamento en Lima. Por su parte, Amenábar, en una segunda declaración, señaló que Coeymans había ocultado información al directorio y lo acusó de ser el principal arquitecto del sistema de defraudación, mientras él simplemente seguía órdenes sin plena conciencia de la ilegalidad de las acciones.

El caso Primus Capital se remonta a marzo de 2023, cuando una auditoría interna reveló irregularidades significativas. Marcelo Rivadeneira, junto con otros ejecutivos de Primus Capital, incluido el gerente general Francisco Coeymans y el director comercial Ignacio Amenábar, además del abogado Antonio Guzmán, fueron implicados en un esquema de fraude millonario.

Según la Fiscalía, Rivadeneira utilizó su empresa Need Solutions para reclutar a extranjeros, principalmente venezolanos con visas en tránsito, como representantes legales de sociedades ficticias. Estos extranjeros firmaban documentos y adquirían deudas ilícitamente, permitiendo desviar grandes sumas de dinero hacia cuentas personales y otras empresas relacionadas.

Rivadeneira y sus socios operaban a través de una estructura conocida como “muñecas de la mafia”. Establecían rápidamente sociedades y firmaban cheques falsos, coordinados por un equipo que trabajaba estrechamente con Coeymans y Amenábar. Además, Rivadeneira ya había enfrentado demandas por protesto de cheques y estafa en el norte de Chile, mostrando un patrón de operaciones cuestionables y evasión de responsabilidades legales.