Desde el 18 de marzo que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) es liderada de forma interina por la superintendenta subrogante Patricia Soto. Esto, considerando que una semana después de que asumiera el Presidente Gabriel Boric, se le pidió el cargo a María Soledad Ramírez, quien se desempeñaba como superintendenta desde octubre de 2021.

Así las cosas, el sistema de postulación para cargos de Alta Dirección Pública (ADP) de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) publicó el 5 de junio el concurso público para llenar la posición, ofreciendo una renta líquida promedio mensual de $7.572.000. La postulación estuvo abierta hasta el 20 de junio.

Luego de un largo proceso de evaluación, el 6 de octubre el Consejo envió a la autoridad “la nómina de candidatos elegibles para el cargo, la cual fue conformada el día 29/09/2022 por el Consejo de Alta Dirección Pública, a partir de las entrevistas realizadas”, señala el sitio web de la Alta Dirección Pública.

Fuentes conocedoras señalan que la terna que habría enviado el Consejo de ADP al gobierno está compuesta por Pamela Gana, Pedro Contador y Sylvia Riquelme. Pero sería la primera la que correría con ventaja. Será el Presidente quien finalmente zanje el tema.

Gana actualmente es intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Suseso, es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Santiago, M.A. in Economics, de Ilades/Georgetown University; M.A. in Public Affairs, de University of Minnesota y Magíster en Dirección Financiera de Universidad Adolfo Ibáñez.

Entre el año 2006 y el 2014 se desempeñó en la Superintendencia de Pensiones, donde realizó la revisión y evaluación de la normativa del sistema de pensiones y el seguro de cesantía. También estuvo en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, donde participó en la elaboración de proyectos de ley relacionados con seguridad y protección social, como el sistema Chile solidario y fondo de reserva de pensiones.

Además, Gana ha sido consultora de la OIT, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en temas relacionados con el sistema de pensiones, seguro de cesantía y género.

En el marco de la comisión mixta que discute en el Congreso el proyecto de ley de Presupuestos 2023, este miércoles acudió la superintendenta subrogante de la Suseso, así como la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Allí mencionaron algunos de los desafíos que tendrá la Suseso en lo inmediato.

En concreto, el alza de presupuesto que pide la Suseso para 2023 es de 6,7%, esto implica $1.000 millones adicionales a los de 2022. Dicha expansión “tiene por fin dar respuesta a las condiciones de contexto que surgen a partir de la pandemia, y los desafíos definidos por el Ministerio del Trabajo en el marco del programa de gobierno”, dijo Soto, quien se mantendrá como fiscal de la Suseso una vez que deje de ser superintendenta subrogante.

Ahí explicó que tienen tres iniciativas en mente. Primero, un fortalecimiento de los sistemas de información para el correcto otorgamiento de los beneficios sociales, ampliando su capacidad regulatoria y fiscalizadora.

La segunda iniciativa dice relación con un fortalecimiento de la fiscalización en materia de calificación de origen de enfermedades y vigilancia de la salud en el trabajo.

Y el tercer foco, es mejorar la oportunidad y calidad de las respuestas de las reclamaciones en materia de licencias médicas. La idea acá también es enfrentar el fuerte aumento que ha registrado el Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), “lo cual no es un tema menor”, recalcó Soto.

Y entregó cifras: en 2021 se llegó a las 9,3 millones de licencias médicas. En tanto, los SIL por Covid-19 que se registran desde que inició la pandemia son cerca de 4,8 millones. “El objetivo de esta iniciativa es controlar la emisión, enfrentar el aumento permanente, y disminuir los tiempos de respuesta a la ciudadanía en materia de licencias medicas, asegurando su trazabilidad en la tramitación, y su fácil acceso ciudadano”, detalló.

Al respecto, dijo que “hoy los tiempos de respuesta en reclamaciones en materia de licencias medicas son más altos de lo que existía antes”. Puntualizó que están llegando a un tiempo de respuesta de 60 días en licencias de origen común, y 120 días en las licencias médicas de origen laboral.

Y eso ocurre, detalló Soto, precisamente por “la tremenda cantidad de reclamaciones de licencias médicas que enfrentamos en nuestro país (...) Por lo tanto, esta es la realidad que estamos enfrentando hoy como Superintendencia, y esa es la razón por la cual estamos solicitando más recursos, porque hoy el staff normal que teníamos como Superintendencia, de los médicos a contrata que teníamos para resolver esas reclamaciones, sencillamente no damos abasto. Y hemos tenido que proceder a contratar médicos a honorarios, pero además de eso, hemos tenido que llamar a licitaciones públicas, para ir resolviendo los stock de reclamaciones que hoy estamos enfrentando, y así y todo, seguimos teniendo stock”.

La ministra del Trabajo profundizó sobre este tema, y adelantó que propondrán hacer modificaciones mediante proyectos de ley. “Existe una situación que tenemos que hacernos cargo, que son personas que no están lo suficientemente sanas para volver a trabajar, pero no están lo suficientemente enfermas para tener una pensión de invalidez”, comentó. Y agregó que “la licencia tiene un sentido temporal de recuperación de salud, que no siempre se da en ese caso, hay que abordarlo con un cambio normativo”.

Sobre ello, la ministra Jara reconoció que esperan “iniciar en enero de 2023 la actualización del programa nacional de seguridad y salud en el trabajo, que nos permita tomar varias medidas de orden legislativo”.

Pero dijo que “en particular, en materia de salud laboral, que es la que tiene el origen en enfermedad de orden laboral, de acuerdo a las estadísticas de calificación de enfermedades profesionales, tenemos una estadística muy menor en relación a otros países, por lo mismo, dentro de esta agenda de actualización de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo que vamos a llevar adelante, en el año 2023 vamos a proponer a este Congreso la separación de las calificaciones de las enfermedades profesionales de quienes hoy además realizan la prestación médica, que son las mutualidades, separando ambas funciones a fin de dar efectivamente independencia a la calificación de las enfermedades y a la vez reducir las posibilidades de reclamación”.