La Superintendencia de Pensiones reforzó su estrategia legal en el marco de los litigios que mantiene por estos días en tribunales, luego que dos Administradoras de Fondos de Pensiones (Cuprum y Habitat) interpusieran dos recursos de protección, acusando al regulador de “censura” y vulneración a la libertad de “informar y opinar”.

Esto luego que la superintendencia ordenara suspender las campañas publicitarias de ambas AFP sobre la propiedad de los ahorros previsionales. Esto, considerando que se aleja -según la autoridad- de las labores que deben cumplir las compañías, en el marco de la legislación vigente.

El pasado 16 de junio de 2022, en dependencias de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, en la comuna de Las Condes, el superintendente de Pensiones (s), Mario Valderrama confirió mandato judicial y extrajudicial amplio a las abogados Elisa Walker, William García y Claudia Sarmiento para que puedan “actuar en nombre y representación del mandante (la Superintendencia de Pensiones) en todo juicio, gestión o actuación judicial, de cualquiera especie, en que el mandate tenga interés actual o lo tenga en el futuro”.

Los tres abogados mencionados se titularon en la Universidad de Chile y formaron parte de los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet y actualmente son socios de SyW Abogados. Walker y García en la División Jurídica del Ministerio Secretaría de la Presidencia durante el primer mandato y Sarmiento en la misma dependencia, pero en el segundo periodo.

Los primeros movimientos que derivaron del acuerdo quedaron plasmados en tribunales. En efecto, el 4 de julio pasado, los tres abogados se hicieron parte en representación de la Superintendencia de Pensiones del juicio que se ventila en la Corte de Apelaciones de Santiago por el recurso de protección que presentó AFP Cuprum.

Posteriormente, el 16 de julio de 2022, los mismos abogados mencionados hicieron lo mismo en el juicio que abrió AFP Cuprum en un recurso de protección por la suspensión de su campaña denominada: “Momento de hablar”.

Pero el acuerdo entre la Superintendencia de Pensiones y el estudio SyW Abogados tiene su origen mucho antes. Según consta en la Resolución Exenta N° 1537 de la Superintendencia de Pensiones del 8 de noviembre de 2021, la fiscalía del regulador solicitó la contratación de una asesoría personal especializada en derecho constitucional, derecho administrativo, que comprende la emisión de un informe en derecho por los efectos jurídicos de sancionar a las administradoras, de acuerdo a lo dispuestos en el inciso primero del artículo 23, en el inciso segundo del artículo 26, ambos del DL N° 3500 de 1980, y a las normas contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

“Páguese a la sociedad Evaluación y Cumplimiento Regulatorio Sarmiento & Walker Asociadas SpA., RUT 76.844.899-K, por dicha asesoría personal especializada otorgada por don William García Machmar, el precio total bruto equivalente a 350 UF (poco más de $11 millones)”, consignó el contrato de trato directo.

La abogada Elisa Walker fue asesora jurídico-legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género entre 2014 y 2017, gobierno de Bachelet y actualmente cuenta con amplias redes en la actual administración de Gabriel Boric.

A inicios de julio, la abogada asumió la representación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, de cara ala acusación constitucional presentada por diputados y diputadas del Partido Republicano.

La abogada no forma parte del gobierno de Boric y la asesoría que presta su estudio a la Superintendencia de Pensiones no es la única que ha realizado a un estamento público. En marzo, el Ministerio de Economía contrató los servicios a honorarios de Walker para la elaboración de un informe que elaboró junto a otros dos abogados del estudio Sarmiento y Walker.

A través de un cuestionario -vía escrita- la Superintendencia de Pensiones explicó que “los procedimientos contenciosos en materia de publicidad que se tramitan en los tribunales de justicia se hace necesario contar con los servicios especializados en derechos fundamentales y libertad de expresión del abogado William García, por cuanto desde enero de este año todos los equipos de la SP, incluido el staff de Fiscalía, se encuentra fuertemente abocada a dos grandes temas: la implementación de la Pensión Garantizada Universal en todas sus etapas y el apoyo técnico en el diseño y elaboración de los cambios legales que incorporará el proyecto de reforma previsional”.

“Dado lo anterior, esta superintendencia estima relevante contar con la asesoría de un estudio especializado en derechos fundamentales y libertad de expresión, complementario al trabajo que lleva adelante el equipo legal de nuestra institución”, añadió.

“Respecto de las causas contenciosas en materia de publicidad, desde octubre de 2021 la Superintendencia de Pensiones cuenta con los servicios del abogado William García, socio del Estudio Sarmiento & Walker. El servicio de asesoría del abogado García forma parte de una propuesta de honorarios general en materia de derechos fundamentales y libertad de expresión. La decisión de contar con los servicios del Estudio de Abogados Sarmiento y Walker, y en particular del abogado William García, fue adoptada específicamente por su amplia especialidad en ambas temáticas y la importancia de dotar con mayor profundidad el trabajo que está llevando adelante esta Superintendencia para asegurar el cabal y correcto cumplimiento de todas las normas referidas al uso de publicidad e información que la legislación establece para nuestros fiscalizados”, acotó.

La Superintendencia de Pensiones agregó que “El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha hecho parte en dos de las causas o contenciosos en materia de comunicaciones y publicidad que enfrenta la Superintendencia de Pensiones en los tribunales de justicia”

Agregó que el 25 de noviembre de 2021 se hizo parte en el contencioso administrativo de reclamación de ilegalidad presentado por AFP Habitat para dejar sin efecto la multa aplicada por la Superintendencia de Pensiones con motivo de la carta declaración que, en julio de 2020, la administradora envió a todos sus afiliados, manifestando una opinión referida al entonces proyecto de reforma constitucional que permitió el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual (Ley N° 21.248, publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2020).

También señaló que posteriormente, el 20 de enero de 2022, el CDE se hizo parte en el caso del recurso de protección presentado por AFP Cuprum en contra de la Superintendencia de Pensiones, con motivo de la decisión de la autoridad fiscalizadora que en octubre de 2021 indicó a la administradora suspender la difusión de la campaña “Sumar, no restar”.