El Tribunal Ambiental de Santiago, el 3 de marzo, ordenó a Carabineros el arresto “por 15 días en contra de Francisco Javier Errázuriz Ovalle”, presidente de Grupo Errázuriz, conglomerado con operaciones en la minería, salmonicultura y seguros.

La resolución se produce en el marco de una antigua disputa. En 2014, la sociedad Inversiones J y B, propiedad del empresario Henry Muzard, interpuso una demanda por daño ambiental en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos, continuadora y sucesora legal de Sociedad Contractual Minera Las Palmas y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En su presentación, el empresario contó que es dueño, a través de la sociedad mencionada, del Fundo Las Palmas, ubicado en la comuna de Pencahue, Región del Maule. Su propiedad colinda con el predio en el cual se ubica una antigua faena minera de oro, y que tuvo operaciones hasta 1998.

El 27 de febrero de 2010, se produjo el terremoto que azotó la zona central, y que terminó por colapsar el Tranque de Relave de Las Palmas. Este hecho provocó un alud, arrasando todo a su paso, incluida la vivienda en que vivían los cuidadores de la casa patronal, muriendo las cuatro personas que estaban en el interior del inmueble.

El 24 de agosto de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago acogió la demanda y condenó por daño ambiental a la Sociedad Contractual Minera Tambillos. El tribunal ordenó a dicha sociedad implementar un Programa de Reparación Ambiental, con el fin de asegurar la estabilidad física y química del relave, y recuperar los atributos dañados de los suelos afectados, lo que permitirá aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medioambiente.

Pero según consignó el Tribunal Ambiental, después de siete años, la sociedad condenada no ha dado cumplimento a la sentencia. Por lo mismo, recayó la sanción en contra de Errázuriz Ovalle, en su calidad de representante legal de la sociedad FM SpA, única accionista y propietaria de la sociedad Las Palmas SpA.

La orden de arresto del empresario -hijo del exsenador y candidato presidencial del partido Unión Centro Centro, Francisco Javier Errázuriz Talavera- surge luego que el 22 de febrero de 2023, el demandante presentara un escrito para denunciar al Tribunal Ambiental que “el estado de incumplimiento de la sentencia por parte de Las Palmas SpA se mantiene en la actualidad, hecho que ha perpetuado en el tiempo el gravísimo daño ambiental producido en la propiedad de Inversiones J y B Ltda., circunstancia que, además, ha impedido que se cumpla la finalidad del Programa de Reparación Ambiental, que es ‘asegurar la estabilidad física y química del relave, y recuperar los atributos dañados de los suelos afectados, lo que permitirá, adicionalmente, aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente’”.

“Los apremios en materia civil constituyen medidas extraordinarias, en el caso de autos se configuran como la única alternativa legítima y viable para intentar lograr el cumplimiento íntegro y efectivo de la sentencia definitiva, en atención a la conducta contraria a derecho que ha manifestado y mantenido Las Palmas SpA desde que la referida sentencia quedó ejecutoriada”, argumentó Inversiones J y B.

El 19 de junio de 2020, el Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepulveda, envió un oficio al presidente del Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano, asegurando que el titular del relave Las Palmas no ha dado cumplimiento a las medidas establecidas en la sentencia.

Pero la negativa a realizar la reparación ambiental no es lo único asunto que abordó el tribunal previamente antes de tomar la decisión de ordenar el arresto de Francisco Javier Errázuriz Ovalle, sino que también el rechazo a pagar las costas del juicio. En efecto, por sentencia interlocutoria, el 2 de agosto de 2017 se fijó en $5.700.000 las costas personales de la causa.

El 30 de julio de 2021, Inversiones J y B Limitada presentó un escrito solicitando el embargo de bienes del deudor con auxilio de la fuerza pública. Ante la solicitud, el 19 de agosto de ese año, el tribunal despachó una orden de embargo de bienes en contra de sociedad Las Palmas SpA.

El vínculo entre Francisco Javier Errázuriz Ovalle y la minera quedó en evidencia en un documento notarial que presentó al Tribunal Ambiental de Santiago el abogado de la sociedad demandante. El 14 de septiembre de 2022, en la 49 Notaría Pública de Santiago, el abogado Christian Seeman protocolizó el acta de la última junta de accionistas.

Pulso tuvo acceso a dicho escrito y en él se detalla que Francisco Javier Errázuriz Ovalle posee el 100% de las acciones de FM SpA, sociedad controladora de Las Palmas SpA.

En el mismo documento, presidente de la junta de accionistas, Jaime Flores León detalló que el objeto de la junta de accionistas era disminuir el capital de la sociedad a protesta de las acciones de los accionistas.

En ese momento, la compañía contaba con un capital de $845 millones. La propuesta planteada en la junta apuntó a reducir dicho monto en $844 millones, quedando la sociedad con un patrimonio de $1 millón y con 7.712.962 acciones sin valor nominal.

Consultados al respecto, desde el Grupo Errázuriz precisaron: “No estamos en conocimiento de la resolución que indica, por lo que la misma será puesta en conocimiento de los ejecutivos y abogados de parte litigante correspondiente, ya que ni Francisco Javier Errazuriz Ovalle ni la sociedad FM Spa son parte del litigio en cuestión, ni han sido notificados de ninguna de las actuaciones de los referidos autos, por lo que lo consultado debe emanar de un error de hecho y de derecho que deberá subsanarse mediante los recursos que franquea la ley”.

Por su parte Iván Poklepovic, socio de Aninat Abogados y representante de Inversiones J y B, explicó que “se solicitó un apremio por el incumplimiento de una sentencia del año 2016. La sentencia ordenó la reparación ambiental de más de 40 heactáreas en el que se derramó relave minero en el año 2010. Esa sentencia ordenó una serie de medidas de reparación ambiental que no se han cumplido”.

Consultado por la defensa de Grupo Errázuriz, el jurista añadió que “esta es la típica defensa de un demandado, no me extraña, pero eso tiene que decirlo en el tribunal y se formará una controversia, pero no a través de la prensa. Lo que corresponde es que Carabineros detenga a este señor y lo arreste por 15 días, concluyó.