Mañana se inicia la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Aldo Motta Camp luego de que la Corte Suprema anulara la condena establecida en enero pasado en contra del exgerente general de las sociedades Cascada.

Según determinó el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, el juicio no podrá tener una duración más allá de seis meses y la apertura estará marcada por la arremetida de la defensa de Motta Camp para quitar la legitimación activa al querellante Roberto Hernán Lobos Cerda (77), quien ha sido representado por el bufete de Mauricio Daza Carrasco.

Lobos Cerda, jubilado y residente en la población El Peñón de Puente Alto, invirtió el 1 de agosto de 2012, a través de la corredora de bolsa Larraín Vial, un millón y medio de pesos en papeles de Soquimich, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco.

Un mes después, se convirtió en parte del caso Cascadas, una investigación sobre una serie de operaciones efectuadas entre los años 2008 y 2011, que implicaron multas por parte de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para los involucrados de hasta US$164 millones, que han sido sistemáticamente rebajadas en el Tribunal Constitucional.

En el recurso de Motta Camp ante la Suprema, uno de los puntos planteados fue precisamente la situación de Lobos Cerda.

Al respecto, el abogado del ingeniero comercial, Gabriel Zaliasnik, aseveró que "el sistema procesal penal acusatorio se funda en transparencia y buena fe procesal. Si se convalida o ignora burda actuación instrumental del querellante Lobos se daña todo el sistema de justicia penal. Aceptar querellantes instrumentales que representan intereses ajenos implica reproducir algunos de los vicios y defectos del antiguo sistema inquisitivo".

La referencia del profesional es a los vínculos laborales que ha tenido el estudio de Daza Carrasco con el grupo económico de Francisco Javier Errázuriz, quien ha mantenido una histórica disputa con el accionista mayoritario de SQM, Julio Ponce.

Según Daza Carrasco, "esto ya se ha planteado en a lo menos cuatro oportunidades previas, durante diversas etapas del proceso, incluso ante la Corte Suprema. En todas ellas se han desestimado los argumentos de la defensa de Motta, lo que resulta lógico, ya que se basan en especulaciones inconsistentes, las que en cualquier caso nada tienen que ver con los delitos que se imputan y las contundentes pruebas que existen para acreditarlos".

La exSVS –hoy Comisión de Mercado Financiero- acreditó la existencia de un esquema que habría sido ideado por el controlador Ponce Lerou, con el apoyo de Motta Camp y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, para dejar disponibles paquetes de acciones para rematar en el mercado y luego recomprar a precios mayores a los de su venta inicial. La fórmula tenía distintas escalas: sociedades Relacionadas, a cargo de Ponce Lerou; Vinculadas, a cargo de Roberto Guzmán, e Instrumentales a cargo de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc.

El plan implicaba que estos grupos percibían utilidades mientras la Cascada, y por ende sus accionistas, asumían los sobrecostos.

Por estos hechos, fue condenado Motta Camp a cuatro años de libertad vigilada por haber sido considerado culpable de tres de los siete cargos que le imputaba la Fiscalía: dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y un cargo de abuso de posición dominante.

El pasado 15 de abril, la segunda sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, acogió en fallo dividido el recurso de nulidad presentado en contra de esta sentencia: determinó una infracción al principio de congruencia al fallar respecto de la participación del ingeniero en el presento plan delictivo de Ponce Lerou, hecho que no figuraba en la acusación del Ministerio Público y que afectaría el derecho de la defensa.

Como el juicio y la condena contra Motta fueron anulados, el nuevo juicio oral parte de cero. Por esa razón, se considerarán todos los hechos por los cuales el Ministerio Público lo formalizó, los que consisten en siete y conforman dos grupos.

El primer grupo de hechos tiene relación con seis casos de operaciones ficticias, simuladas o engañosas, que según la acusación de la Fiscalía tenían como objetivo "generar utilidades contables, aún a costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones, finalidad para la cual se instrumentalizó el mercado de valores". El primer caso, se remonta a a diciembre de 2009, cuando Motta instruyó que Pampa Calichera comprara acciones de SQM-B y las vendiera dos días después. Lo anterior habría generado a la primera sociedad una utilidad contable ficticia y engañosa, así como una pérdida de caja cercana a $630 millones.

El caso 2 tuvo lugar en marzo de 2010. De acuerdo a la imputación, con el fin de generar utilidades contables Motta compró y vendió acciones de SQM-B con apenas cinco días de diferencia, donde provocó un perjuicio para dicha compañía de $267 millones. A pesar de esa pérdida, las operaciones habrían permitido aparentar una utilidad contable ficticia, equivalente al 70% de las ganancias obtenidas por ventas de acciones realizadas en el primer trimestre de ese año.

Al mes siguiente, el exejecutivo de las sociedades cascada compró y vendió acciones de SQM-B por Pampa Calichera con seis días de diferencia, lo que provocó utilidades contables para la empresa, pero a costa de una pérdida financiera de $130 millones.

El caso 4 corresponde a operaciones realizadas entre Pampa Calichera y Oro Blanco respecto de acciones de SQM-A, entre diciembre de 2010 y enero de 2011. En este sentido, la Fiscalía acusó que ambas compañías se compraron y vendieron títulos de la serie A de la minera no metálica en la Bolsa Electrónica, a través de múltiples operaciones directas con difusión de tres minutos y que fueron intermediadas por LarrainVial, con condiciones de pago que implicaron que las operaciones se liquidaran el mismo día. La acusación consigna que fueron realizadas "con la misma finalidad de los casos anteriores, esto es, simular millonarias utilidades contables, pero en este caso, sin que hubiere existido la voluntad real de transferir el dominio de las acciones SQM-A que fueron objeto de estas operaciones".

Otras transacciones que se le cuestionan a Motta dicen relación con la denominada arista Linzor. El 29 de marzo de 2011, en representación de Global Mining, una filial de Pampa Calichera, Motta vendió 5 millones de acciones de SQM-A al fondo de inversión Linzor. A su vez, este último enajenó dichos títulos el mismo día y con unos minutos de diferencia a Oro Blanco, sociedad que previamente obtuvo un crédito por hasta US$300 millones de Pampa Calichera, con el único fin de adquirir acciones de SQM-A, cita el documento de la Fiscalía.

Y el caso 6 apunta al supuesto nexo de Motta con Julio Ponce dentro del esquema. En 2011, Norte Grande y Oro Blanco transfirieron a precios promedio más bajos que el precio de mercado cerca de 136 millones de acciones Pampa Calichera-A hacia sociedades vinculadas y relacionadas al controlador de ellas, Ponce, para luego recomprar el mismo número de títulos a un precio mayor. Esto generó ganancias a estas últimas empresas y causó un perjuicio a las sociedades cascadas por 45.600 millones de pesos.

A su vez, el segundo grupo de hechos apunta a que Motta habría falsificado una serie de actas de sesiones de directorio de Pampa Calichera y Oro Blanco que entregó en 2012 a la entonces SVS.

Durante el primer juicio a Motta, el tribunal absolvió al exejecutivo de los casos 1, 2, 3 y de la falsificación de actas, mientras que lo consideró culpable de los otros tres casos, lo que para algunas fuentes ligadas al caso podría entregar ciertas señales para el litigio que recién comienza.